La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha dado un paso inédito en la historia reciente del país: este martes, remitió a la Asamblea Legislativa una solicitud formal para levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. La petición permitiría a la Fiscalía General avanzar con un proceso judicial por el presunto delito de concusión, vinculado a un supuesto favorecimiento a aliados políticos mediante contratos de consultoría.
El caso, que se viene gestando desde abril de este año, se centra en el uso presuntamente indebido de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar contratos de asesoría diseñados a conveniencia del círculo íntimo de Chaves. En particular, el mandatario es señalado por su presunta intervención en la contratación de Federico “Choreco” Cruz, estratega de su campaña presidencial, en una consultoría por $32.000.
La decisión de los magistrados fue tomada por mayoría: 15 votos a favor contra 7 en contra. Este pronunciamiento da luz verde para que la Asamblea Legislativa, dominada por fracciones opositoras al oficialismo, determine si se levanta el fuero presidencial que protege a Chaves de ser encausado penalmente mientras ejerce funciones.
De proceder con el levantamiento, sería la primera vez en décadas que un presidente costarricense enfrenta un juicio penal en funciones, marcando un punto de inflexión en la relación entre los poderes del Estado y la cultura de impunidad política en el país.
Un segundo frente judicial
A este caso se suma una acusación presentada la semana pasada por la Fiscalía General relacionada con supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral que llevó a Chaves al poder en 2022. En esta segunda causa, además del mandatario, figuran seis funcionarios actuales y exfuncionarios del Poder Ejecutivo.
Ambas causas reavivan cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos, la transparencia del Gobierno y la concentración de poder en la figura presidencial, uno de los sellos distintivos del actual mandato.
Un debate político inminente
La Asamblea Legislativa enfrentará ahora una disyuntiva crítica: mantener la inmunidad de Chaves, lo que le daría margen para desestimar las acusaciones como parte de una ofensiva política, o abrir el camino a un proceso judicial que podría desencadenar una crisis institucional.
Para que la inmunidad sea levantada, se requiere el voto favorable de al menos 38 de los 57 diputados. La correlación de fuerzas actual, aunque crítica del Ejecutivo en varios sectores, no garantiza aún una mayoría contundente, y se prevé un intenso cabildeo político en las próximas semanas.
Un gobierno bajo la lupa
Rodrigo Chaves llegó al poder como un outsider político, con un discurso de ruptura y combate frontal a los supuestos privilegios de la clase política tradicional. Sin embargo, las acusaciones actuales golpean el corazón de su narrativa y colocan a su administración bajo el escrutinio más severo desde su llegada a Casa Presidencial.
Para diversos analistas, estos hechos podrían erosionar aún más la ya frágil confianza en las instituciones democráticas costarricenses, a menos que la respuesta del sistema político sea firme, transparente y apegada al debido proceso.
En los próximos días, el país sabrá si la Asamblea se alineará con las señales de independencia judicial emitidas por la Corte Suprema, o si, por el contrario, cerrará filas en torno al Ejecutivo, dejando a los ciudadanos con más preguntas que respuestas.
¿Qué significa el delito de concusión?
En la legislación penal costarricense, la concusión ocurre cuando un funcionario público, abusando de su cargo, exige o induce a otro a dar dinero, servicios o cualquier otro beneficio que no le corresponde legalmente. La pena puede ser de hasta ocho años de prisión, dependiendo del daño causado.
