La provincia de Cartago vive una situación crítica que amenaza con afectar no solo el bolsillo de sus habitantes, sino la estabilidad económica, social e institucional de todo el cantón central.
Se trata del anuncio e imposición de un aumento desproporcionado en la tarifa del agua potable, promovido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con el respaldo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), mediante resoluciones que han sido aprobadas sin el debido diálogo con la comunidad.
Este artículo no solo informa. Este artículo hace un llamado a todas las fuerzas vivas de la provincia —comunidades organizadas, cámaras empresariales, universidades, sindicatos, municipalidades, agrupaciones políticas y religiosas— para que se unan en una sola voz frente a lo que podría constituirse como el golpe más duro a la economía cartaginesa desde el terremoto de 1910.
I. El origen del conflicto: agua para San José, costos para Cartago
Desde hace décadas, el proyecto Orosi I ha permitido que 1.800 litros por segundo sean enviados diariamente a la Gran Área Metropolitana, particularmente a San José. Cartago, pese a ser el territorio originario del recurso hídrico, recibe solo 250 litros por segundo de dicho proyecto.
Esta distribución desigual no es nueva, pero lo que sí resulta nuevo e inaceptable es que, después de años de cumplir con sus obligaciones, ahora se le impongan a Cartago tarifas impagables por el agua que ella misma ayuda a conservar y canalizar. En diciembre de 2023, la Municipalidad de Cartago finalizó el pago total del convenio vigente desde 1987, que ascendía a más de ₡1.813 millones. Se trató de un cierre ejemplar: puntual, responsable y respetuoso de los acuerdos.
II. Gestión local ejemplar: la Municipalidad sí invierte en agua
El acueducto municipal cartaginés opera con 460 litros por segundo, obtenidos de dos fuentes principales: 13 nacientes propias que producen 210 l/s y el aporte de Orosi con los ya mencionados 250 l/s. Esta infraestructura no depende del AyA para su operación. Por el contrario, ha sido la Municipalidad de Cartago quien ha asumido el mantenimiento constante de las redes, las nacientes y la planta potabilizadora, garantizando con ello la calidad del servicio.
Adicionalmente, en los últimos años, el municipio ha invertido recursos importantes en nuevas infraestructuras, como los tanques de agua potable en Quircot y Lourdes, con una inversión superior a los ₡560 millones. A esto se suma el cambio de cañerías y la adaptación de la red a grandes proyectos viales como Taras-La Lima, sin trasladar estos costos al consumidor.
III. Un contrato impuesto y una tarifa desmedida
Al finalizar el convenio de 1987, el AyA notificó en enero de 2025 un nuevo contrato interadministrativo, que introduce una tarifa de ₡157 por metro cúbico de agua en bloque, sin potabilizar. Pero un mes más tarde, en febrero, la Junta Directiva del AyA dio un nuevo golpe: tarifa de ₡378 por metro cúbico, según el acuerdo 2025-31 y la resolución RE-014-IA-2023 de ARESEP.
Este aumento —que representa un ajuste superior al 300%— se impone de manera unilateral, sin consulta ciudadana ni estudio de impacto socioeconómico local. De hecho, se desconoce cualquier justificación técnica que valore las condiciones particulares de Cartago, su sistema autogestionado y su historial de cumplimiento.
IV. Cobros retroactivos arbitrarios: el nuevo atropello
Como si el aumento tarifario no fuera suficiente, en marzo de 2025 el AyA notificó a la Municipalidad de Cartago un cobro retroactivo desde 2017 por más de ₡16.000 millones, una cifra que jamás figuró en los estados contables del AyA. Este cobro representa el 62% del presupuesto anual del gobierno local y pone en jaque no solo la operación del servicio de agua, sino todos los servicios municipales.
V. Pagos bajo protesta y consecuencias para la ciudadanía
Desde enero hasta junio de este año, la Municipalidad ha estado pagando al AyA, bajo protesta, ₡250 millones mensuales, totalizando ya ₡1.500 millones. Estos pagos han sido asumidos con fondos ahorrados por el mismo acueducto, sacrificando proyectos claves como la infraestructura del río Sombrero.
Pero el panorama es aún más oscuro: en setiembre se agotarán los fondos. Y si no se alcanza un acuerdo justo, el aumento tarifario será trasladado directamente a los usuarios, afectando gravemente a las familias, los comercios y las instituciones públicas de la provincia.
VI. Impacto económico: una tragedia en ciernes
Los efectos del aumento son escandalosos:
Una familia promedio pasaría de pagar ₡21.147 a ₡97.535 al mes por agua potable.
Un comercio local, de ₡5.864 a ₡77.054.
Esto supondrá un freno para el desarrollo económico local, cierre de negocios, despidos, alza de precios, mayor empobrecimiento y profundización de las desigualdades.
VII. Un llamado urgente a la unidad y la acción colectiva
La Municipalidad de Cartago ha mostrado disposición al diálogo, ha gestionado reuniones con AyA y ARESEP, y ha solicitado la revisión de la tarifa. Incluso, ha agradecido el apoyo del Poder Ejecutivo y Legislativo en el impulso de un proyecto de ley de condonación de deuda. Pero esto no basta.
Hoy, más que nunca, se requiere la movilización de todo el pueblo cartaginés:
Que ARESEP y AyA convoquen de inmediato a una audiencia pública en Cartago.
Que se suspenda el cobro retroactivo y se congele la tarifa mientras se investiga su legalidad.
Que se reconozca el modelo exitoso de gestión hídrica local, como ejemplo nacional de autonomía y eficiencia.
Que el Poder Ejecutivo intervenga en defensa de la equidad territorial.
VIII. Conclusión: el agua es vida, el agua es dignidad
Alcalde de Cartago: Mario Redondo
Cartago no puede ni debe pagar por una injusticia que no ha causado. El pueblo cartaginés no se opone al pago por el uso del agua, pero sí rechaza el abuso, la arbitrariedad y la imposición de tarifas que atentan contra el desarrollo local.
Es hora de que la provincia alce su voz y diga con firmeza:
¡No al aumento desproporcionado!
¡Sí al respeto, al diálogo y a la justicia hídrica!
Cartago se defiende con dignidad, como siempre lo ha hecho. Porque el agua es del pueblo. Porque el agua no se vende: se cuida, se gestiona y se protege colectivamente.
