Ante una consulta periodística sobre la capacidad institucional del Poder Judicial para atender un posible aumento de solicitudes de certificaciones de antecedentes penales por parte de personas migrantes —especialmente nicaragüenses en proceso de naturalización— la institución respondió que, por el momento, no ha percibido una variación significativa en la demanda y que cualquier aumento será atendido “en el momento que ocurra”.
La respuesta fue emitida por la señora Sandra Castro Mora, funcionaria de prensa del Poder Judicial, quien indicó que la mayoría de las consultas planteadas “corresponden a otros órganos del Estado, no al Poder Judicial”, aludiendo a que temas como naturalización o migración son competencia de instancias como Migración y Extranjería o el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Sin embargo, la solicitud de antecedentes penales —conocida popularmente como “hoja de delincuencia”— es un requisito indispensable en procesos de naturalización, lo cual pone al Poder Judicial en un rol central frente a esta coyuntura humanitaria y administrativa.
Crisis en Nicaragua y riesgo de apatridia
El contexto de la consulta se fundamenta en las recientes reformas legales en Nicaragua que han encendido las alarmas de miles de personas nicaragüenses residentes en Costa Rica. Algunas de estas reformas abren la puerta a la revocatoria de la nacionalidad nicaragüense, generando una ola de solicitudes de naturalización en Costa Rica ante el temor de caer en condición de apatridia.
Frente a esta situación, se consultó si el Poder Judicial cuenta con algún plan de contingencia o refuerzo institucional para agilizar la emisión de antecedentes penales en caso de una eventual saturación. También se plantearon preguntas sobre accesibilidad para personas con discapacidad, barreras digitales, atención a personas apátridas y mecanismos de coordinación interinstitucional con Migración, TSE o la Defensoría de los Habitantes.
Servicios disponibles: presencial y digital
En una primera respuesta firmada por el señor Sergio Bonilla Bastos, se explicó que el servicio de antecedentes penales está disponible en oficinas centrales del Registro Judicial y en las administraciones regionales del país, así como en formato digital a través del sitio web del Poder Judicial. También se recordó que instituciones como Migración y el TSE están autorizadas para tramitar estas certificaciones directamente.
No obstante, no se brindó respuesta concreta a las interrogantes sobre posibles medidas preventivas ante un aumento de solicitudes, ni sobre adaptaciones para personas con barreras de acceso.
Un silencio preocupante
Desde el Periódico Informativo JBS, reiteramos nuestra solicitud de entrevista con vocería institucional para ampliar esta información en aras de garantizar un enfoque de derechos humanos en la cobertura. Resulta preocupante que, ante un fenómeno regional que pone en juego derechos fundamentales como el derecho a la identidad, la nacionalidad y el acceso a la justicia, el Poder Judicial no tenga una planificación visible para un posible aumento en la demanda de este servicio esencial.
Seguiremos insistiendo en obtener respuestas claras y responsables de las instituciones públicas ante esta crisis silenciosa que afecta a miles de personas migrantes en Costa Rica.
