En un pronunciamiento calificado como “histórico”, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que el Estado de Guatemala es internacionalmente responsable por no cumplir con los acuerdos de reparación firmados hace 14 años con comunidades del pueblo maya desplazadas durante el conflicto armado interno de los años 80.
La decisión, aunque no vinculante, representa un contundente llamado de atención a las autoridades guatemaltecas por su inacción en la implementación de medidas básicas de reparación, incluyendo el reasentamiento, la construcción de viviendas dignas, la atención médica y psicológica, y la restitución de la dignidad cultural a las comunidades afectadas.
Una deuda pendiente con los K’iche’, Ixil y Kaqchikel
En 2021, 269 miembros de las comunidades mayas K’iche’, Ixil y Kaqchikel presentaron el caso ante el Comité. Estas poblaciones fueron víctimas de desplazamientos forzados y masacres durante la política de “tierra arrasada” ejecutada por el ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno. A pesar de los compromisos adquiridos por el Estado para resarcir estos crímenes, poco o nada se ha hecho en la práctica.
“El desarraigo de las víctimas de sus territorios tradicionales tuvo un impacto profundamente devastador y duradero, ya que fueron despojadas irremediablemente de su identidad cultural”, afirmó Hélène Tigroudja, integrante del Comité. Las víctimas no solo perdieron a familiares asesinados, sino también sus tierras, sus costumbres, su idioma y sus rituales.
Demandas concretas para la reparación
Entre las recomendaciones emitidas por el Comité, se incluyen acciones urgentes como la construcción inmediata de las viviendas prometidas, el acceso a tratamiento médico y psicológico para las víctimas y sus descendientes, la entrega de becas educativas y la localización y devolución de los restos de familiares desaparecidos.
Además, el Comité exige que el Estado guatemalteco organice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, acompañado de una disculpa formal hacia las comunidades afectadas, como un paso indispensable hacia la justicia y la reconciliación.
Reparar la memoria, restaurar la dignidad
Esta decisión pone en el centro del debate la deuda histórica que Guatemala mantiene con sus pueblos indígenas, y pone en evidencia la fragilidad de los compromisos de justicia transicional asumidos tras los Acuerdos de Paz de 1996.
La decisión contó con el apoyo técnico de un juez adscrito a la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia y de la ONG Indigenous Peoples Rights International, quienes acompañaron el proceso internacional.
Mientras tanto, las comunidades desplazadas siguen esperando que las promesas de reparación dejen de ser letras muertas y se conviertan en acciones concretas que devuelvan la dignidad, la identidad y la vida a los pueblos mayas de Guatemala.
