El recién implementado Código Procesal de Familia en Costa Rica ha generado un importante debate sobre cómo este marco legal impactará las relaciones familiares y el sistema judicial.
El código se presenta como una herramienta que promete modernizar la resolución de conflictos, poniendo un énfasis en la justicia y los derechos de cada uno de los miembros de la familia. En una conversación el juez de Familia, Eddy Rodríguez Chaves,19 se abordan las implicaciones de esta nueva normativa.
Al preguntarle sobre qué significa realmente la justicia familiar y cómo se relaciona con el nuevo código, el experto explica que esta implica la tutela , protección de los derechos familiares establecidos en la Constitución Política, el Código de Familia, y diversas convenciones internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Belem do Pará. El Código Procesal de Familia, según el experto, tiene una relación directa con estos derechos, pues define los principios y mecanismos que los juzgados especializados usarán para resolver conflictos familiares, de pensiones alimentarias y violencia doméstica.
Un aspecto clave del nuevo código es la falta de contradicciones con otras normativas como el Código Civil. A diferencia de lo que algunos pueden pensar, los derechos familiares no están contemplados en este código, por lo que no existen conflictos legales entre ambos cuerpos normativos.
Un cambio significativo es la posibilidad de que el Registro Civil sea responsable del registro de matrimonios. Esta medida, lejos de trivializar la institución matrimonial, es vista por el entrevistado como una acción que fortalece el proceso. Al ser una entidad con reconocimiento constitucional, el Registro Civil cumple con todos los requisitos necesarios para desempeñar esta función sin menoscabar la solemnidad del matrimonio.
Sobre el tema de la facilidad para obtener un divorcio, el entrevistado descarta que un proceso más ágil incentive la disolución de matrimonios. Según él, los derechos humanos reconocen la autonomía de la voluntad, y las personas tienen derecho a decidir si desean reconciliarse o separarse. El nuevo código no fomenta ni una ni otra opción, sino que facilita un procedimiento justo para quienes deciden finalizar su matrimonio.
Una de las disposiciones más comentadas del código es la participación de menores de 12 años en procesos familiares. El entrevistado señala que esta medida cumple con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica. El propósito es proteger el derecho de los menores a ser escuchados en situaciones que afectan sus vidas, aunque siempre bajo un marco que evite manipulaciones o influencias indebidas.
Finalmente, el principio de buena fe en el nuevo código, según el experto, no está dirigido a las relaciones familiares en sí, sino al comportamiento de las partes en los procesos judiciales. Este principio busca garantizar que las personas litiguen de manera honesta y transparente.
En resumen, el Código Procesal de Familia busca fortalecer los derechos de los individuos y familias en Costa Rica, ofreciendo mecanismos más justos y accesibles para resolver disputas, con una firme base en los derechos humanos y las normativas internacionales. Aunque algunos aspectos pueden ser objeto de discusión, el código se perfila como un avance significativo en la legislación familiar del país.
