La Ley 7600, promulgada en Costa Rica para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, se ha convertido en una herramienta fundamental en la defensa de los derechos de esta población. En particular, el artículo 13 ha generado un debate interesante sobre el papel del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) en el proceso de consulta legislativa.
Este artículo establece la necesidad de que los proyectos de ley que afecten los derechos de las personas con discapacidad sean consultados con las organizaciones que las representan. Sin embargo, surge la pregunta: ¿puede la Asamblea Legislativa delegar esta consulta en el CNREE, en su calidad de órgano asesor y coordinador en esta materia?
La Procuraduría General de la República, en su dictamen OJ-001-2011, responde a esta cuestión en una consulta planteada por la diputada Xinia Espinoza Espinoza. La consulta se centra en si la Asamblea Legislativa puede delegar la consulta obligatoria en el CNREE, de modo que este organismo realice las consultas correspondientes con las organizaciones de personas con discapacidad.
El dictamen de la Procuraduría aclara que, conforme a la Constitución Política, la potestad legislativa recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa. Este principio constitucional no puede ser alterado por ninguna ley o reglamento. En este sentido, cualquier delegación de la consulta legislativa a un órgano administrativo podría considerarse inconstitucional.
Consultas Obligatorias: Un Principio Constitucional
La Constitución establece una serie de consultas obligatorias que la Asamblea Legislativa debe realizar antes de aprobar ciertos tipos de leyes. Estos incluyen la consulta al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Corte Suprema de Justicia, y a las instituciones autónomas, según los artículos 88, 97, 167 y 190 de la Constitución.
El Reglamento de la Asamblea Legislativa también reafirma estos procedimientos, indicando que las consultas obligatorias no pueden ampliarse por ley. No obstante, la Asamblea puede, si lo considera necesario, otorgar audiencia a otras organizaciones o entes que no están constitucionalmente obligados a ser consultados, como sería el caso del CNREE en lo que respecta a los derechos de las personas con discapacidad.
El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial
El CNREE juega un papel fundamental en la coordinación entre el sector público y privado en materia de rehabilitación y educación especial. Su función de asesoramiento es crucial para asegurar que las políticas públicas sean inclusivas y respeten los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, como señala la Procuraduría, este organismo no puede sustituir a la Asamblea Legislativa en su obligación constitucional de realizar las consultas preceptivas.
Conclusión
El debate en torno al artículo 13 de la Ley 7600 y la consulta obligatoria con las organizaciones de personas con discapacidad subraya la importancia de respetar los principios constitucionales en el proceso legislativo. Aunque el CNREE desempeña un papel vital en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, la Asamblea Legislativa no puede delegar su potestad de consulta en este órgano, ya que hacerlo podría violar los principios de separación de poderes y poner en riesgo la constitucionalidad del proceso legislativo.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de consulta dentro del marco constitucional, asegurando que las voces de las personas con discapacidad sean escuchadas y consideradas en el proceso legislativo, sin comprometer los procedimientos establecidos por la Constitución.
Consulta a Organizaciones de personas con discapacidad contituidas
La Asamblea Legislativa debe consultar a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, pero esto se realiza de una manera específica y conforme a ciertos principios constitucionales.
En detalle:
1. Consulta Obligatorias según la Constitución:
El artículo 13 de la Ley 7600 establece que se debe consultar a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en relación con leyes que puedan afectar sus derechos. Esta es una obligación que busca garantizar que las voces de estas personas sean escuchadas en el proceso legislativo.
2. Papel del CNREE:
El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) tiene un papel importante en la coordinación y asesoramiento en materia de discapacidad. Aunque el CNREE puede ser consultado y sus opiniones son valiosas, no puede sustituir la obligación de la Asamblea Legislativa de realizar consultas directamente con las organizaciones de personas con discapacidad.
3. Principio Constitucional:
La Constitución Política de Costa Rica establece que la potestad legislativa recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa. La ley no puede modificar este principio ni delegar completamente la obligación de consulta. Según el dictamen de la Procuraduría General de la República (OJ-001-2011), la Asamblea Legislativa no puede delegar en el CNREE la responsabilidad de realizar consultas con organizaciones de personas con discapacidad, ya que esto podría comprometer la constitucionalidad del proceso legislativo.
4. Consulta Adicional:
Además de las consultas obligatorias establecidas por la Constitución y el Reglamento de la Asamblea Legislativa, la Asamblea puede, si lo considera oportuno, realizar consultas adicionales a otras organizaciones y entidades. Esto puede incluir a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, pero siempre en el marco de las disposiciones constitucionales y reglamentarias.
Conclusión:
La Asamblea Legislativa debe consultar a las organizaciones de personas con discapacidad cuando se trate de leyes que afecten sus derechos. Sin embargo, esta consulta debe hacerse directamente y en cumplimiento con los principios constitucionales que rigen el proceso legislativo. El CNREE puede actuar como un asesor o coordinador, pero no puede reemplazar la función de consulta directa con las organizaciones de personas con discapacidad.
