El fortalecimiento de los actores sociales para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad es una tarea crítica en Costa Rica. La inclusión de este grupo en todos los aspectos de la vida social es una obligación que ha sido reconocida como de interés público, conforme a la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el país. Este artículo explora las medidas normativas, administrativas y técnicas necesarias para asegurar que todos los actores sociales, especialmente las entidades públicas, cumplan con sus responsabilidades en este ámbito.
Justificación
En Costa Rica, el desarrollo integral de la población con discapacidad ha sido declarado de interés público, implicando que todos los actores sociales deben contribuir al desarrollo inclusivo de estas personas. La normativa vigente y los compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), establecen que las personas con discapacidad deben gozar de los mismos derechos y oportunidades que el resto de la población. Esto requiere un enfoque integral que reconozca a las personas con discapacidad como sujetos activos de derechos, capaces de participar en la toma de decisiones que les afectan y beneficiarse de los esfuerzos de desarrollo.
Armonización del Derecho Interno
Para garantizar que las personas con discapacidad reciban un reconocimiento efectivo e igualitario ante la ley, es fundamental la armonización del derecho interno. Esto implica la revisión, adaptación , promulgación de normativa jurídica, administrativa y técnica que refleje el enfoque de derechos de la CDPD. Entre las acciones necesarias se incluyen:
- Armonización de Leyes: Ajustar las leyes existentes para alinearlas con el enfoque de derechos de la CDPD y el enfoque de género, asegurando que no haya prácticas discriminatorias.
- Normativa Infra Legal: Adaptar decretos, reglamentos, políticas internas y sus planes, directrices e instrucciones para cumplir con los principios establecidos por la CDPD.
- Normativa Técnica: Actualizar normas técnicas, protocolos, manuales y guías para garantizar que sean inclusivos y respeten los derechos de las personas con discapacidad.
Gestión de Políticas Públicas Inclusivas
La gestión de políticas públicas debe ser inclusiva y transversalizada con el enfoque de derechos de las personas con discapacidad y de género. Esto incluye:
- Armonización de Políticas Públicas: Integrar el enfoque de derechos en todos los planes, programas y proyectos, asegurando que las necesidades de las personas con discapacidad se consideren en cada etapa del proceso de gestión.
- Participación Activa: Garantizar que las personas con discapacidad participen en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, respetando su derecho a ser consultadas en todos los procesos que afectan sus derechos.
Gestión del Conocimiento y la Innovación
La generación de datos, la investigación académica y la innovación son esenciales para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Las acciones deben incluir:
- Producción de Datos: Crear, mantener estadísticas e información actualizada sobre discapacidad para informar la toma de decisiones y la formulación de políticas.
- Investigación Académica: Fomentar la investigación sobre las características, necesidades de las personas con discapacidad para mejorar el entendimiento y la respuesta institucional.
- Innovación Tecnológica: Promover el desarrollo de nuevas tecnologías , productos de apoyo que faciliten la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad.
Modelo de Articulación e Incidencia
El modelo de articulación e incidencia para la gestión de políticas públicas inclusivas en Costa Rica, liderado por el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conapdis), se estructura en dos niveles: conducción y ejecución.
- Nivel de Conducción Política: Este nivel se encarga de establecer prioridades estratégicas, gestionar la inversión pública, desarrollar normativa, y coordinar la transversalización de la discapacidad en otras políticas públicas. Está integrado por representantes de los cuatro poderes del Estado, organizaciones de personas con discapacidad y entidades privadas de interés público.
- Nivel de Conducción Técnica: Incluye un comité técnico interinstitucional , una Secretaría Técnica que asesoran , coordinan la implementación de la Ponadis y otras políticas públicas inclusivas. Su labor se centra en el seguimiento, control y evaluación de resultados.
- Nivel de Ejecución: Comprende todas las entidades públicas , privadas responsables de llevar a cabo la Ponadis y otras políticas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad.
Conclusión
Para alcanzar una sociedad verdaderamente inclusiva y respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad, es imperativo que todos los actores sociales, tanto públicos como privados, fortalezcan sus capacidades y colaboren de manera articulada. La implementación efectiva de la normativa, la gestión de políticas públicas inclusivas y la promoción de la innovación son claves para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en Costa Rica. La aspiración es que para el año 2030, los avances en estos aspectos resulten en un mayor goce de derechos y una mejora significativa en las condiciones de vida de esta población.
