Chile se encuentra en vísperas de un referéndum trascendental que decidirá el destino de su Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, para aquellos que luchan por la igualdad de derechos para las mujeres y los pueblos indígenas, el nuevo proyecto de constitución es motivo de gran decepción.
El referéndum, programado para el 17 de diciembre, representa la culminación de cuatro años de intensa actividad política, desencadenada por disturbios en 2019 que dejaron al menos 30 muertos y miles de heridos. Las mujeres lideraron las protestas, exigiendo igualdad de género, derechos de aborto menos restrictivos y protección contra la violencia doméstica, considerando la antigua Constitución como la raíz de la desigualdad y la defensa de valores conservadores y católicos.
Aunque estas protestas condujeron a la propuesta de una nueva Constitución progresista, redactada por una asamblea ciudadana paritaria, la propuesta fue rechazada abrumadoramente por la mayoría de los chilenos en 2022.
Este año, un segundo intento liderado por el partido republicano de extrema derecha ha generado un texto que, según la politóloga Claudia Heiss, refleja la resistencia a cambiar la Constitución y amenaza con revertir derechos fundamentales. Entre los aspectos más preocupantes se encuentra la protección otorgada a la «vida del que va a nacer», un cambio que podría dificultar el acceso al aborto.
En Chile, el aborto es permitido solo en circunstancias específicas, y la nueva propuesta amenaza con ampliar las restricciones al resaltar al feto como persona. Además, otorga a las instituciones el derecho a oponerse a leyes según sus valores religiosos, impactando la disponibilidad de anticonceptivos y los derechos de la comunidad LGBTQ+.
Conversamos con manifestantes de 2019 para comprender sus perspectivas sobre el proyecto actual. Natalia Aravena, una enfermera que perdió un ojo durante las protestas, destaca la falta de reparación y justicia, sintiéndose abandonada por el presidente Boric y los partidos políticos. La falta de cambios y la persistente violencia estatal han afectado la salud mental de muchos, generando un descontento palpable.
Constanza Valdés, científica social y activista, reconoce avances, pero considera insuficientes las mejoras en derechos. Patricia Nuñez, recolectora de semillas y profesora, denuncia la traición del gobierno al ratificar el acuerdo de libre comercio, afectando derechos laborales y de tierras.
Isonauta, una artista, expresa su frustración por el rechazo del primer borrador constitucional, mientras que Sofy Wakil, mapuche y publicista, destaca la persistente represión hacia su comunidad y la falta de comprensión estatal sobre sus valores.
A cuatro años del levantamiento, las voces de los manifestantes sugieren un desencanto profundo hacia el proceso político y la sensación de que, a pesar de las protestas, poco ha cambiado. En este contexto, la sociedad chilena se enfrenta a un dilema crucial en el referéndum que definirá el futuro de su Constitución y, por ende, los derechos de las mujeres y comunidades marginadas
