El corrupto golpismo guatemalteco se aseguró el primer triunfo en el sucio esfuerzo por impedir que el centroizquierdista Bernardo “Tío Bernie” Arévalo se convierta, el 14 de enero, en presidente: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió la personería jurídica del Movimiento Semilla, la agrupación política triunfadora en los recientes comicios generales.
El “team corrupción” -los golpistas visibles- inició su abyecta labor cuando Arévalo dio, en la votación presidencial de 25 de junio -enmarcada en las elecciones generales de ese día-, la inesperada sorpresa de pasar, desde una de las ubicaciones en el fondo de las encuestas previas, al segundo lugar -después de la centroderechista Sandra Torres-.
Se activaron, entonces, todas las alarmas en la desprestigiada oligarquía política guatemalteca, y se hizo evidente, entonces, la necesidad de lograr que el binomio presidencial Bernardo Arévalo-Karin Herrera, impulsado por el Movimiento Semilla, coronase, en la definitoria segunda vuelta, su exitosa gestión.
Para ello, fue puesta en acción una delictiva fuerza de tarea, a la cual se asignó un puntual objetivo central: orquestar un golpe de Estado que no parezca un golpe de Estado.
La oligarquía política chapina está alucinando frente al hecho de que el “Tío Bernie” es hijo de Juan José Arévalo, el centroizquierdista presidente (1945-1951) cuyo mandato se enmarcó en el período democrático guatemalteco de la Revolución de 1944
-también conocida como Revolución de Octubre-, que inauguró, el 20 de octubre de ese año, una década de gobiernos progresistas caracterizados por la sensibilidad social.
La revolución finalizó abruptamente cuando su segundo presidente (1951-1954), Jacobo Árbenz, fue derrocado mediante el golpe de Estado del 27 de junio de 1954.
Se trató de una espuria acción que, orquestada por el gobierno de Estados Unidos y la compañía frutera estadounidense United Fruit Company, y ejecutada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del país norteamericano, instaló, en el poder, al ultraderechista y mediocre -valga la redundancia- general Carlos Castillo Armas.
A raíz del exilio de su padre, como consecuencia del golpe, Bernardo Arévalo nació, el 7 de octubre de 1958, en Montevideo, la capital de Uruguay, uno de los países donde el ex presidente se refugió.
El “Tío Bernie” es un ex embajador (1995-1996) en España -durante la presidencia (1993-1996) de Ramiro de León, el ex ombudsman quien, por selección del sector militar, terminó el mandato iniciado en 1991 por el corrupto autogolpista Jorge Serrano-, y actualmente se desempeña como diputado -a partir de 2020-.
La nefasta pandilla golpista consiste en la fiscala general de República y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras -al mando-; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP, Rafael Curruchiche -bautizado, en manifestaciones populares de protesta, como “Corrupchiche”-; el juez Freddy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal; el secretario general del MP, Ángel Pineda.
De acuerdo con versiones periodísticas, a ellos se suman la fiscala Cinthia Monterroso
-también de la Feci- y la jueza Leonor Morales.
Empezó, entonces, la campaña para impedir que el segundo favorito pasara a segunda vuelta, ya que existía el riesgo de que -tal como ocurrió- fuese el ganador de la votación definitoria.
En tal contexto, ocurrió una serie de acciones ilegítimas que culminaron, el 2 de noviembre, en el previsible anuncio de que el próximo partido gobernante guatemalteco carece, desde esa fecha, de personería jurídica.
La decisión fue conocida dos días después de finalizado el proceso electoral, el período en el cual se enmarcan los comicios guatemaltecos, y que, en el año de cada votación, inicia el 20 de enero -cuando el TSE convoca a elecciones generales- hasta el 30 de octubre -cuando el tribunal da a conocer los resultados oficiales definitivos del sufragio-.
De acuerdo con la legislación electoral guatemalteca, durante la vigencia del proceso, ninguna fuerza política puede ser objeto de sanción como la aplicada a Semilla.
Según lo señalado por el TSE, una vez oficializados los números de las dos vueltas de votación, los resultados de las elecciones generales son irreversibles.
Ello significa que Arévalo y Hernández deben asumir, el 14 de enero, respectivamente, la presidencia y la vicepresidencia guatemaltecos, para el período 2024-2028, al igual que los 23 diputados que Semilla logró elegir para el mismo cuatrienio.
Al anunciar, el 2 de noviembre, la sanción, Luis Gerardo Ramírez, portavoz del TSE, precisó que “a requerimiento del MP, y posterior solicitud del juez séptimo (Orellana) se gira la suspensión de la personalidad jurídica”.
“En este caso, la CC (Corte de Constitucionalidad) amparó al juez, y determinó que, sí, podía suspenderse, toda vez que el proceso electoral haya finalizado”, agregó.
Ramírez aclaró que Semilla “aún puede accionar legalmente” contra la medida.
En declaraciones reproducidas, el mismo día, por la agencia informativa estadounidense The Associated Press (AP), Ramírez dijo que, a causa de la sanción, “el Movimiento Semilla no podrá hacer asambleas o trámites administrativos”.
Queda planteada la interrogante respecto a lo que ocurra en el Congreso de la República
-parlamento unicameral- respecto a los diputados de Semilla.
Ello, debido a que, al inicio de las ilícitas gestiones de Orellana y el MP, la Junta Directiva del organismo legislativo suspendió a la bancada del partido, declarando sus actuales siete integrantes, como diputados independientes.
Ello significa que, entre otras afectaciones, no pueden presidir comisiones, contar con personal de secretaría, tener el apoyo de asesores.
También citado por AP, el actual jefe de la bancada de Semilla, Samuel Pérez, cuestionó la validez del castigo impuesto por orden de Orellana.
“La suspensión es algo inédito”, aseguró Pérez, para agregar que “ningún juez penal podría suspender un partido, porque es ilegal”.
“El problema es que la suspensión del juez no es legal sino política”, denunció.
De momento, los conspiradores anotaron una victoria.
La pregunta es si están dispuestos a completar el golpe de Estado que vienen implementando.
La moneda está en el aire: de cómo caiga, depende si Guatemala mejor su precaria democracia, o si da un salto -hacia atrás- de cuatro décadas.
