Dos organizaciones defensoras de las garantías fundamentales plantearon, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la necesidad de que, en Colombia, se investigue y se imponga castigo a los responsables de la persecución estatal contra los activistas en ese campo.
El Centro por la Justicia y el derecho internacional (Center for Justice and International Law, Cejil) y el colombiano Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) expresaron, asimismo, que en el país sudamericano debe construirse política pública que garantice el trabajo de quienes defienden los derechos humanos.
Representantes de ambas organizaciones -la primera, con sede en Washington, la segunda, establecida, hace décadas, en Bogotá, la capital colombiana- evaluaron, durante la audiencia llevada a cabo los días 12 y 13 de mayo, en la sede del tribunal continental, la agresión, por agentes estatales, contra el Cajar.
Si bien no cuenta con plazo para pronunciarse, la Corte IDH posiblemente emita sentencia, para el final de este año, según fuentes de este caso.
En documentación que elaboró sobre el caso -a la cual Informativo JBS tuvo acceso-, Cejil indicó que, entre otras labores, el colectivo “representa a víctimas ligadas a algunas de las acciones más cruentas de grupos paramilitares en coordinación con agentes estatales como la Masacre de Mapiripán, la Masacre de la Rochela, las masacres del 16 de mayo de 1988 y 28 de febrero de 1999 en Magdalena Medio”.
También “impulsa casos penales por crímenes contra la humanidad a nivel nacional e internacional en condiciones sumamente adversas”, precisó.
“Actualmente, el CAJAR acompaña 480 casos a nivel nacional e internacional, mediante los cuales busca que graves violaciones a los Derechos Humanos sean esclarecidas y sancionados los responsables, especialmente en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas, desplazamientos forzados, violencia sexual entre muchos otros crímenes”, agregó.
“De este trabajo se han beneficiado al menos 7.200 personas -3.750 mujeres y 3.450 hombres- en diferentes departamentos de Colombia”, señaló, para puntualizar que, “si bien los ataques a la labor del CAJAR comenzaron por lo menos desde mediados de los ochenta, la situación de riesgo se acentuó en la década de los noventa”.
Al cierre de la audiencia de dos días en la sede de la Corte IDH, en San José, la capital de Costa Rica, Cejil -organización correpresentante en el caso- y Cajar enumeraron las peticiones al tribunal americano.
Se trata, por una parte de “la investigación y sanción, hasta el más alto nivel, de todos los responsables de estos hechos”, según lo planteado.
Asimismo, señalaron la necesidad de que se cumpla “el desarrollo de política pública de garantías para personas defensoras, el acceso a la información de inteligencia sobre las víctimas que permanece en órganos estatales”.
Igualmente, “el reconocimiento y reparación integral de todas las víctimas, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado”, así como “el desarrollo de una campaña permanente de respaldo a labor de defensa de los derechos humanos”.
Durante la sesión, las víctimas denunciaron el golpe de la vigilancia sistemática, el hostigamiento, y las amenazas a su vida personal y familiar, a causa de su labor en defensa de los derechos humanos.
En ese sentido, el abogado Alirio Uribe subrayó los riesgos implícitos en su trabajo como representante de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
“La década del ‘90 fue muy violenta, y, en el marco de los casos que yo llevaba, se presentaron muchísimas amenazas”, comenzó a narrar al respecto.
“Personas que trabajaban conmigo fueron asesinadas, desaparecidas, y exiliadas”, dijo, a continuación, para agregar que “yo tuve que entrenar, a mis hijos, a escaparse por el baño y el techo”.
Uribe subrayó que “fueron muchos hechos de terror, de tortura psicológica permanente”.
El jurista explicó, igualmente, que las redes de inteligencia estatal han desempeñado un papel esencial en el ataque del Estado, contra las personas defensoras de los derechos humanos
Por su parte, la también abogada Soraya Gutiérrez, se refirió al impacto de género que tiene esa variante de represión.
Las activistas son víctimas de persecución y constantes amenazas, las que calificó, en algunos casos, como escalofriantes.
Gutiérrez aseguró que, en su caso, esa situación incidió, directamente, en su familia.
“Las mujeres de Cajar también hemos sufrido los ataques de manera diferenciada”, denunció.
Ello, “al tener que vivir las expresiones del patriarcado en la violencia política, informes de inteligencia con expresiones sexistas, amenazas con la indicación de ‘cuidar a la familia’, (hechos que) tienen por objeto castigar nuestro creciente liderazgo y ejercicio público”, subrayó, a continuación.
Entretanto, Jomary Ortegón, presidenta del Cajar y representante en el caso, señaló que la denuncia en la Corte IDH “es una oportunidad histórica para que el alto tribunal constate que la violencia contra el Cajar se enmarca en estrategias complejas para ubicar a las personas defensoras como enemigas del Estado”.
“Los y las integrantes del Cajar merecemos que nuestros derechos sean restablecidos, que los daños que nosotros y nuestras familias sufrimos sean reparados, que se adopten garantías de no repetición que nos permitan seguir desarrollando este proyecto de vida que elegimos, que es la defensa de derechos humanos”, expresó Ortegón.
Los denunciantes coincidieron en definir como tortura psicológica, la violencia estatal contra quienes defienden y promueven los derechos humanos en Colombia.
Los peritos (expertos) participantes en la audiencia explicaron los límites que legalmente tienen, los organismos de inteligencia del Estado, en su labor.
También destacaron el derecho de la población a tener conocimiento respecto a si es objeto de vigilancia, y plantearon que es necesario contar con normas que permitan “vigilar a quienes nos vigilan”.
Al intervenir en las deliberaciones, la directora ejecutiva de Cejil, Viviana Krsticevic, recomendó que, con los elementos aportados en este caso, el tribunal continental establezca estándares según los cuales los Estados garanticen que el trabajo de inteligencia se lleve a cabo en el marco del respeto a los derechos humanos.
“Para quienes defienden derechos humanos, el peso de enfrentar a los poderosos es vivir con una espada de Damocles sobre la cabeza”, advirtió, a manera de reflexión.
“Por ello estamos aquí: para poner fin a décadas de persecución, para que esta Corte ordene garantías plenas para el ejercicio de la defensa de derechos humanos”, subrayó.
Krsticevic respaldó el señalamiento, con cifras.
“Tan solo en la última década, los asesinatos de personas defensoras aumentaron en un 521 por ciento, y (las) amenazas un 474 por ciento”, precisó, para expresar que tal “es el peso de enfrentar a los poderosos de siempre”.
Frente a la fuerza de las denuncias y otros planteamientos formulados por víctimas y expertos, la presentación del Estado respondió que se ha tomado medidas para proteger a los integrantes del Cajar.
Asimismo, negó responsabilidad estatal en las ilegales acciones de vigilancia contra el colectivo.
Al informar sobre la audiencia, Cejil señaló, en un comunicado, que la presentación de esta causa marcó “la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza un juicio por un caso sobre uso de la tecnología para vigilancia estatal”.
En la documentación referida al caso, el centro indicó que, “por lo menos durante 30 años”, el Cajar “ha sido víctima de amenazas, atentados, exilios, campañas de desprestigio, torturas y hostigamientos realizados desde organismos del Estado”.
Ello en el contexto de “una lógica de vigilancia que supera todos los límites y que sorprende al involucrar a todos los gobiernos desde la década de los años 90”, indicó.
Cejil destacó, asimismo, que el colectivo “ha representado víctimas de diferentes violaciones a derechos humanos en cortes internacionales”, una de las razones por las cuales “su labor es reconocida por lograr el reconocimiento de responsabilidad del Estado Colombiano en masacres, desaparecimientos forzados y ejecuciones extrajudiciales”.
