George Rodríguez/Foto-Archivo
El gobierno de Estados Unidos anunció la aplicación de sanciones a dos altos funcionarios y a una institución de ahorro nicaragüenses.
Se trata de la fiscala general, Ana Julia Guido, el secretario de la Presidencia, Paul Oquist, y la Caja Rural Nacional, RL (Caruna RL), de acuerdo con la información difundida, el 9 de octubre, por el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una breve Declaración de Prensa.
“Hoy, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones”, a los dos funcionarios y a la entidad, “de acuerdo con la Orden Ejecutiva (decreto presidencial) 13851 –‘Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Nicaragua’ (‘Bloqueo de Propiedad de Ciertas Personas que Contribuyen a la Situación en Nicaragua’)”, informó Pompeo.
“La designación de hoy, de Guido y Oquist, promueve responsabilizar al régimen de Ortega y a aquellos quienes están tratando de mantener sus actividades atroces”, mientras que “la designación de la cooperativa Caruna cierra otra herramienta del régimen”, agregó, en el texto de cinco párrafos.
“Guido es la Fiscala General del Ministerio Público, y ayudó a formar un grupo de fiscales quienes trabajaron con la Policía Nacional nicaragüense, sancionada por Estados Unidos, para fabricar casos contra presos políticos”, comenzó a precisar.
“Adicionalmente, Guido creó una unidad especializada que se ha dedicado, los pasados dos años, en acusar a manifestantes opositores pacíficos”, agregó.
“Oquist es Secretario de la Presidencia del Presidente Daniel Ortega, y desempeña un papel principal en encubrir y justificar los crímenes y los abusos de derechos humanos del régimen”, indicó, además.
“Caruna es una cooperativa de ahorro y préstamo que opera como la principal herramienta del régimen de Ortega para canalizar fondos de los mecanismos concesionarios de Nicaragua con Venezuela para ser usados como recurso para pagar la red de clientelismo de Ortega”, señaló, a continuación.
“Altos funcionarios del régimen, incluidos los sancionados por la Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Bienes Foráneos, OFAC) del (Departamento del) Tesoro, están aprovechando la falta de vigilancia regulatoria de Caruna para proteger sus ilícitamente obtenidas ganancias”, puntualizó.
En su sitio en Internet, la entidad -fundada en 1993- define su objetivo como el de “realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios propios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, necesarias para contribuir al desarrollo económico y social de los afiliados jurídicos y naturales, como segmento de prioridad y a los (as) cooperativistas en general, de manera directa, a través de sus propias organizaciones”.
También explica que su misión es la de “contribuir al desarrollo socio económico de sus asociadas y asociados brindándoles productos y servicios financieros, realizando sus actividades con una visión empresarial y según patrones de equidad y auto sostenibilidad”.
En el comunicado, Pompeo advirtió que “Estados Unidos continuará dando los pasos necesarios para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega para que cese la represión, respecte los derechos humanos, y permita las condiciones para elecciones libres y justas que puedan restablecer la democracia en Nicaragua”.
Desde el estallido, en 2018, de la violenta crisis sociopolítica nicaragüense -ahora, también sanitaria, a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus que golpea al país centroamericana-, Estados Unidos viene sancionando a funcionarios gubernamentales cercanos a Ortega -incluida su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo-, lo mismo que a instituciones públicas.
El primero fue, en diciembre de ese año, el entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas.
Entre los sancionados en 2019 figuran, además de Murillo, Laureano Ortega, uno de los hijos hijo de la pareja gobernante, el presidente de la Asamblea nacional (parlamento unicameral), Gustavo Porras, los ministros de Salud y de Transporte e Infraestructura, respectivamente, Sonia Castro y Oscar Mojica, y el director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo.
Entre las instituciones castigadas, figura la Policía Nacional, cuyos efectivos, actuando conjuntamente con escuadrones paramilitares, han sido un factor clave en la represión
-inicialmente y actualmente selectiva- del régimen contra sectores y personas de la oposición.
Nicaragua es escenario, desde el 18 de abril de 2018, de una violenta crisis sociopolítica, en cuyo marco sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel individual -aunque masivamente-, exigen la renuncia de Ortega y Murillo, demanda que ha recibido, desde entonces, constante represión.
Según los más actualizados datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), las acciones armadas antiopositoras han cobrado por lo menos 728 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la emergencia sanitaria, ante la cual el gobierno orteguista ha sido básicamente omiso en canto a implementar medidas para tratar de evitar la propagación del virus.
