George Rodríguez / Foto – Medios
Más de medio centenar de organizaciones de la sociedad civil hondureña y una decena de agrupaciones internacionales de derechos humanos advirtieron hoy contra el reciente intento parlamentario por poner fin al trabajo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Se trata de la recomendación, incluida en el informe emitido, el 10 de diciembre, por una Comisión Especial del Congreso Nacional, de no prorrogar el mandato actual de la Maccih, que vence el año próximo, según señalaron las agrupaciones, en un extenso comunicado.
El planteamiento, apoyado por el presidente del unicameral organismo legislativo hondureño, el diputado oficialista Mauricio Oliva –quien afirmó que el informe del congreso es inapelable- genera preocupación, en virtud de algunos avances logrados por la Maccih en la investigación, durante algo más de tres años, de casos de corrupción, expresaron en el texto de ocho largos párrafos.
Las pesquisas –llevadas a cabo conjuntamente por la Maccih y por el Ministerio Público (MP) hondureño- incluyen, entre otras, pesquisas referidas a Oliva y al derechista y gobernante Partido Nacional (PN) –al que pertenece el diputado-, indicaron, en el comunicado que titularon “Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos alertamos sobre los últimos acontecimientos que ponen en riesgo la continuidad de la MACCIH e instamos a renovar su mandato”.
La agrupaciones firmantes, “con destacada trayectoria en materia de derechos humanos en Honduras alertamos que el anterior 10 de diciembre, (…) el Congreso Nacional de Honduras aprobó un informe sobre las actuaciones, avances y resultados alcanzados” por la misión.
“El referido informe solicita al Poder Ejecutivo que no se renueve el actual convenio Honduras-OEA que creó dicha Misión” agregaron, para precisar que “el informe se elaboró por una Comisión Especial integrada por siete congresistas, de los cuales cuatro son del Partido Nacional de Honduras, creada el 5 de diciembre”.
Al hacer referencia al trabajo que, conjuntamente, desarrollan la Maccih y el MP
–específicamente la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción
(Ufecic)-, los firmantes aseguraron que ambas entidades han registrado avance, lo que ha derivado en que “sean objeto de ataque constante, con el propósito de socavar su mandato”.
En cuanto a la recomendación del Congreso, de que el Poder Ejecutivo no prorrogue el mandato de la Maccih, expresaron “profunda preocupación que (…) responda a la búsqueda de proteger intereses particulares y garantizar la impunidad para quienes han sido investigados por actos ilícitos en el país”.
Las organizaciones hicieron así referencia tanto a la recomendación de la comisión parlamentaria como a declaraciones formuladas por Oliva, el 11 de diciembre, en el sentido de que “el contenido del informe que se hizo, es puntual, inapelable”.
El comunicado hizo, igualmente, referencia al hecho de que, en el informe que dio a conocer el 12 de diciembre, la Mesa de Evaluación de Trabajo de la MACCIH, creada por la OEA y el gobierno hondureño, recomendó exactamente lo opuesto a lo planteado por el congreso.
La mesa expresó, en el documento de 10 secciones contenidas en 16 páginas, la conveniencia de «prorrogar el texto actual del Convenio MACCIH”, además de “establecer los protocolos que garanticen la eficaz y eficiente administración y cumplimiento de sus objetivos generales y líneas de acción que (el gobierno y la OEA) consideren necesarios”.
Por su parte, las organizaciones firmantes aseguraron que, “en esa sintonía, instamos al Estado hondureño a renovar el mandato del MACCIH y a tomar medidas para fortalecer su trabajo conjunto con la UFECIC para investigar, procesar y sancionar a los responsables de graves actos de corrupción que han debilitado y provocado consecuencias negativas para todos los sectores de la sociedad hondureña”.
“Además, solicitamos al Congreso de la República particularmente, que se abstenga de realizar declaraciones estigmatizantes a la labor de la Misión en el país”, plantearon, para agregar que “llamamos a los países miembros de la OEA así como a su Secretaría General a que promuevan que se pueda renovar el convenio con el Estado”.
La Maccih fue creada a raíz del escándalo de corrupción estallado en 2015, cuando fue conocida información inicial sobre el millonario desfalco del que, dos años antes, fue objeto el estatal Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) –ello, en un país con unos de los críticos indicadores socioeconómicos a nivel continental-.
De acuerdo con esa información, parte del dinero fruto del saqueo al IHSS fue destinado al financiamiento de la campaña electoral que permitió al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, elegirse para su primer mandato gubernamental (2014-2018, 2018-2022).
Al conocerse ese desvío del dinero robado al IHSS, la indignación de la población se tradujo en masivas manifestaciones populares que, durante semanas, y a nivel nacional, apoyaron la exigencia de que Hernández enunciara.
No obstante la intensidad de las protestas, Hernández –quien, en un mensaje radiotelevisado entonces al país, llegó al extremo de declararse “un indignado más” por la corrupción hondureña- logró, con la OEA, un convenio para constituir la Maccih.
El texto, firmado el 19 de enero de 2016 en Washington, por Hernández y el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, determinó la creación de la misión, por un período –prorrogable- de cuatro años, y fue aprobado el 29 de marzo de ese año por el Congreso hondureño, lo que permitió las instalación de la misión, en el país, el 19 de abril de 2016.
El grupo de trabajo inició labores a mediados de 2016.
