George Rodríguez
La decisión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de no permitir la llegada, al país centroamericano, de la Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) genera el potencial riesgo de solución armada a la violenta crisis sociopolítica nicaragüense, advirtió hoy el activista de derechos humanos Álvaro Leiva.
En ese sentido, indicó que la medida constituye un reto a los demás países integrantes de la OEA.
“Hoy, Ortega ha sonado, para América Latina, y el mundo, los tambores de guerra, y está decidido, con este comportamiento, a asumir una situación bélica, que va a desencadenar, tristemente, en lo que no hemos querido, que se desencadene, como organismo de derechos humanos”, aseguró Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), en diálogo con Informativo JBS.
“Es decir, hoy, Ortega, con esta actitud de su régimen ha dejado claro, y ha dejado definido, que no le interesa la opinión (…) de la comunidad internacional”, con lo que está retando a “una decisión colegiada, del Sistema Interamericano, de los países que son parte de la OEA”, subrayó.
Según el abogado nicaragüense especialista en derechos humanos, la razón fundamental por la que el mandatario impidió la llegada del grupo de trabajo de la OEA radica en la imposibilidad de justificar las violaciones cometidas por el gobierno en materia de garantías fundamentales, en el marco de la crisis estallada hace casi 18 meses en Nicaragua.
“La principal motivación de Ortega, al no permitir el ingreso de esta alta comisión, es porque, definitivamente, no va a tener la suficiente capacidad, ni respuesta, para las violaciones a los derechos humanos, a los delitos de lesa humanidad, genocidios, que ha cometido en cometido en contra del pueblo de Nicaragua, y no va a poder justificar lo que, verdaderamente, hemos señalado, los organismos de derechosa humanos, y, sobre todo, justificar su dictadura, cruel y sangrienta, de represión”, explicó Leiva, asilado hace más de un año en la limítrofe Costa Rica.
En opinión del activista, la decisión de Ortega constituye “una bofetada más hacia los derechos humanos del pueblo de Nicaragua, hacia las instituciones que promovemos y defendemos los derechos humanos, y, sobre todo, sigue quitándose la máscara, para (dar a) conocer lo indiferente que es frente a un a decisión de la OEA”.
Leiva aludió así al hecho de que la comisión fue creada por resolución aprobada en la 49 Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la OEA, reunión llevada a cabo, del 26 al 28 de junio, en la noroccidental ciudad colombiana de Medellín.
El texto planteó “instruir al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días”.
El artículo 20 de la carta establece el procedimiento a cumplirse en situación de afectación del orden constitucional en algún país miembros.
“En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”, señala.
“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, prevé.
La resolución de Medellín planteó, asimismo, “instruir al Consejo Permanente a que, recibido el informe de esta comisión, adopte las medidas que sean necesarias incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General”.
La resolución fue aprobada con el voto favorable de 20 países, frente cinco votos en contra, y ocho abstenciones, con una ausencia.
Leiva informó, además, que fue invitado, el 11 de setiembre, por la comisión de la OEA, a participar en una reunión que el grupo de trabajo proyectaba llevar a cabo, en Managua, con dirigentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En la invitación –a la que este medio tuvo acceso-, dirigida colectivamente a esas entidades, Cecilia Cussiánovich, encargada de la logística del equipo, indicó que el encuentro estaba programado para el 16 de setiembre, a las 1630 hora local, y que “el lugar de la reunión lo confirmaríamos más adelante”.
El secretario ejecutivo de la Anpdh respondió, el mismo día, que, en virtud de su condición de asilado político en Costa Rica, no podría participar en ese encuentro.
“Tanto mi persona como nuestra misión de derechos humanos nos encontramos en exilio desde julio de 2018 en la República de Costa Rica en el cual seguimos trabajando en la promoción y defensa de los derechos humanos con las víctimas de violaciones de los mismos en el contexto de la crisis y sus consecuencias de violaciones a los derechos humanos que actualmente enfrenta Nicaragua”, explicó, en el texto al cual este medio también tuvo acceso.
Leiva expresó, asimismo, “mi entera disponibilidad al igual que del organismo que represento de colaborar (…) en la consecución de los objetivos que persigue esta honorable comisión ya sea desde la República de Costa Rica, otro país de la región o a través de vídeo conferencia”.
La decisión del gobierno de Ortega fue comunicada, por autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería nicaragüense, a los representantes locales de nueve aerolíneas internacionales.
“La Dirección General de Migración y Extranjería (…) hace del conocimiento que, a partir de la fecha, no está autorizado el ingreso a Nicaragua ni podnin ser abordados en sus aerolíneas con destino a Nicaragua” los siete integrantes de la comisión.
Se trata de Leopoldo Francisco Sahores, Sebastien Slgouln, Elisa Ruiz Diaz, Carlos Trujillo, Gonzalo Javier Koncke, Pablo Sandino, Audrey Marks, precisaron el director de la dependencia, comandante de brigada Juan Emilio Rivas, y el director de Fronteras, comandante Edgar Gerardo Acevedo.
