George Rodriguez
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Nicaragua acordaron hoy la constitución de un equipo de trabajo integrado por expertos independientes para apoyar la investigación de los hechos de violencia que convulsionan hace más de un mes a ese país centroamericano.
Se trata del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Derechos Humanos (GIEI), a ser integrado por cuatro personas a ser designadas por el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, a partir de propuestas formuladas por la CIDH, según el texto de cuatro páginas firmado por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, Almagro, y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.
En inmediata reacción a la información sobre el acuerdo, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), el cardenal Leopoldo Brenes, planteó que el GIEI puede constituirse en un elemento que aporte tranquilidad a los nicaragüenses.
Según el texto firmado este día, la OEA y el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, acordaron constituir el GIEI “con la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” para investigar los hechos de violencia.
Entre sus atribuciones, el GIEI debe “analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, de conformidad con la legislación nicaragüense”.
También “estará facultado para proponer a las autoridades nicaragüenses la adopción de medidas adicionales que garanticen la seguridad de las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, de conformidad con la normativa nicaragüense vigente”.
El acuerdo establece, asimismo, que el mandato del GIEI “será de seis meses, y podrá extenderse por acuerdo de las Partes, por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”.
En opinión de Brenes, expresada a la agencia española de noticias EFE, “ya la Conferencia Episcopal había dicho que era interesante e importante que pudiera haber un organismo internacional para investigar esas muertes. Es bien importante para la salud y la tranquilidad de todos los nicaragüenses”.
Lo planteado en el acuerdo es “uno de los clamores de la población”, e implica que, “de una u otra forma, el Gobierno, aunque no de forma oficial pero sí oficiosa, ha dicho que aceptaba las recomendaciones de la Comisión”, aseguró, además.
Brenes aludió así a las 15 recomendaciones formuladas el 21 de mayo, por la misión enviada a Nicaragua, por la CIDH, para monitorear, en el terreno, el estado de los derechos humanos en el país.
Al cierre de su visita, la misión dio a conocer, en conferencia de prensa en un lujoso hotel en Managua, su informe preliminar, cuyo contenido marcadamente crítico respecto al gobierno, incluyó las recomendaciones.
El grupo de trabajo de la CIDH, que laboró del 17 al 21 de este mes en Managua y otros lugares, recomendó, entre los primeros puntos, “cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, además de “respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”.
Asimismo, “crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.
También, “garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes”.
Igualmente, “ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas”.
Adicionalmente, “adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas”, además de “respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas”.
La misión recomendó, también, “desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.
En la última de las quince recomendaciones planteó, al Estado, “comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas”.
Los planteamientos de la misión fueron acogidos por la mayoría de los participantes en el Diálogo Nacional que, con mediación de la CEN, apunta a lograr una solución a la violenta crisis política que convulsiona a Nicaragua.
El diálogo esta suspendido, desde el 23 de mayo, a causa de la intransigencia de los protagonistas centrales –el gobierno, representado por una delegación encabezada por Moncada, y la sociedad civil opositora, reunida en el bloque denominado Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia-.
Las complejas deliberaciones quedaron trabajadas a causa del planteamiento gubernamental de que los “tranques” (bloqueos carreteros) opositores sean levantados a nivel nacional, y la exigencia del bloque opositor de que Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, renuncien a sus cargos.
Una comisión de seis integrantes –tres por bando- constituida a instancia de la Comisión de Mediación y Testigo –integrada por cinco de los 11 miembros de la CEN, encabezados por Brenes- logró, el 28 de mayo, el consenso de ambas partes para reactivar el diálogo, aunque no se definió fecha.
Entretanto, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) –integrante, en el diálogo, de la alianza opositora-, reafirmó la exigencia de salida de Ortega y Murillo, planteando la necesidad de que las elecciones previstas para 2021.
“Parafraseando palabras suyas, no hay espacio en Nicaragua para la violencia que tanta sangre de hermanos ha derramado a lo largo de nuestra historia”, indicó el COSEP, en carta dirigida al mandatario.
“Es por ello que consideramos urgente implementar las reformas necesarias, que permitan adelantar las elecciones de una manera ordenada y con un Consejo Supremo Electoral renovado, ambas fechas a ser determinadas en el diálogo nacional entre los representantes de su gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”, agregó.
Los líderes empresariales plantearon, asimismo, a Ortega, entre otros puntos, “que la OEA y la Unión Europea participen en el diálogo nacional como asesores y garantes en la implementación de los acuerdos”, además de “cesar la violencia”, y “fortalecer institucionalidad democrática”.
Entretanto, los incidentes violentos continuaron registrándose, en particular al final de la masiva marcha opositora para marcar el Día de la Madre –que en Nicaragua se celebra el 30 de Mayo-, realizada en Managua, en apoyo a las mujeres quienes han perdido hijos en el marco de la violencia.
