George Rodriguez
Al cumplir exactamente una semana de iniciado, el Diálogo Nacional entró en un impase que era de prever aunque no fuese de desear.
El 23 de mayo, la cuarta jornada de conversaciones –la tercera sesión de trabajo, después de la inaugural- marcó el alto, en un ambiente crispado por la tenaz confrontación entre los representantes opositores –constituidos en el bloque denominado Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia- y los gubernamentales –incluidos dirigentes gremiales oficialistas-.
El punto que empantanó las intensas deliberaciones estuvo en las hasta ahora irreconciliables posiciones clave: el planteamiento de la delegación del gobierno de que los “tranques” (bloqueos carreteros) opositores sean levantados, y la exigencia del bloque opositor de que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, respectivamente presidente y vicepresidenta de Nicaragua, renuncien a sus cargos.
Dos días antes, la misión enviada a Nicaragua por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para verificar la situación de las garantías fundamentales en el país, dio a conocer, en matutina conferencia de prensa en Managua, la capital del país, su informe preliminar, tras lo cual presenció parte de la sesión de diálogo de esa jornada.
Caracterizado por fuertes críticas al gobierno, el informe de la CIDH incluyó quince “recomendaciones iniciales” al Estado nicaragüense, las que, por voto mayoritario, algunas horas después, el diálogo acogió.
El grupo de trabajo de la CIDH, que laboró del 17 al 21 de este mes en Managua y otros lugares de ese país centroamericano, recomendó, entre los primeros puntos, “cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, además de “respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”.
Asimismo, “crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.
También, “garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes”.
Igualmente, “ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas”.
Adicionalmente, “adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas”, además de “respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas”.
La misión, encabezada por la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, e integrada, entre otros expertos, por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, recomendó, también, “desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.
Y según la última de las quince recomendaciones -la más importante para la mayoría de los participantes-, “comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas”.
Por la tarde, después de que integrantes de la misión de la CIDH presenciaron una parte de las deliberaciones desarrolladas el 21 de mayo, la mediación en el diálogo –ejercida por cinco de los 11 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN)- presentó una moción de aceptación del informe que, centrada en el punto 15, fue aprobada por la por mayoría de los participantes.
“El Diálogo Nacional hace suyas las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH, y solicita que, de acuerdo a la recomendación número 15, el gobierno de la República se comprometa a establecer, en la Mesa del Diálogo Nacional, mecanismos de seguimiento, junto a la CIDH, para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita y del informe de la misma, y programar, junto a la CIDH, un calendario concreto de nuevas visitas, de tal manera que se forme una Comisión de Seguimiento, nacida del diálogo”, plantearon los obispos.
Entretanto, el debate siguió enmarcado por el recurrente reclamo gubernamental sobre levantamiento de los tranques, por una parte, y la reiterada exigencia opositora de renuncia del presidente y la vicepresidenta, por la otra.
La argumentación presentada por la representación del gobierno –presidida por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, un militar retirado y un ex embajador de Nicaragua en la OEA- se centra en señalar que los tranques dañan la economía, al no permitir el libre transporte de productos ni de personas.
También advierte sobre choques violentos –con saldos de víctimas fatales y heridos- entre personas presentes en los bloqueos y simpatizantes gubernamentales.
La respuesta opositora –lo mismo en el diálogo que en los sitios de bloqueo carretero- asegura que, a la eventual renuncia de Ortega y Murillo seguiría el inmediato levantamiento de los tranques a nivel nacional.
Lo inamovible de las respectivas posiciones derivó, el 23 de mayo –exactamente una semana después de instalado el diálogo-, en el impase materializado en la suspensión de las deliberaciones, que se presenta, según la mediación, a manera un tiempo y un espacio para que la partes logren algún tipo de consenso que permita avanzar en las conversaciones.
Esa mañana, el obispo Rolando Álvarez, el moderador del debate, presentó una agenda de trabajo, centrada en los temas de justicia y democracia, y explicó que el documento fue elaborado por la mediación a partir de los insumos aportados por representantes de las dos partes.
El texto incluyó, entre una cuarentena de puntos, el adelanto de comicios –incluida la próxima elección presidencial y legislativa, que está prevista para 2021-, lo que reduciría el actual mandato de Ortega y Murillo, además de la aprobación de legislación para una transición democrática.
El temario de la mediación incluía la “reforma parcial de la constitución política en el presente año, a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas, a la mayor brevedad posible”.
El texto aludió así a las orientales regiones autónomas de la Costa Caribe Norte (RACCN) y de la Costa Caribe Sur (RACCS) –respectivamente las ex regiones autónomas del Atlántico Norte (RAAN) y del Atltántico Sur (RAAS)-.
Se trata, entre otras modificaciones, de “un título que incorpore (…) adelanto y convocatoria a elecciones generales de autoridades sujetas a elección popular”, además de “reducción de períodos de autoridades nacionales, municipales, regionales y del
Parlamento Centroamericano”, así como “reducción del período de las autoridades de los Poderes del Estado: Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y de la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos”, según la iniciativa.
El Parlamento Centroamericano (Parlacen), institución regional cuyas decisiones no son vinculantes, está integrado por veinte diputados de cada uno de los países del istmo, con excepción de Costa Rica, que se abstiene de tener representación en el organismo por considerar que ello implicaría roces constitucionales y de soberanía.
Además, la agenda estructurada por la mediación, preveía la “aprobación de una Ley Marco para la transición y gobernabilidad democrática para la Implementación de los Acuerdos Políticos del Diálogo Nacional que establezca las líneas de acción para garantizar los planteamientos de este documento”.
La legislación incluiría la elaboración de un calendario electoral, la designación de un garante internacional de los comicios, y el nombramiento, mediante consenso en el Diálogo Nacional, de nuevos integrantes del Consejo Supremo Electoral (CSE), entre otras instituciones,
Previsiblemente, la agenda propuesta no fue del agrado de la parte gubernamental, y recibió el beneplácito del bloque opositor.
Moncada fue categórico en señalar que el texto leído por Álvarez no se había consensuado con las dos partes sino que la mediación eclesiástica lo elaboró y lo presentó sin más.
Pero el delegado jefe del gobierno fue más allá del cuestionamiento procedimental, y advirtió que se trataba de “una agenda que, al verla en su forma concentrada, nos lleva a un solo punto: el diseño de una ruta para un golpe de Estado, la ruta para cambiar el gobierno de Nicaragua, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, al margen de la Constitución, al margen del ordenamiento jurídico de Nicaragua, violando la Constitución, violando las leyes”.
Moncada subrayó, asimismo, que “la agenda (…) no ha sido consensuada” sino “impuesta unilateralmente”, un texto a favor “del sector político que adversa al gobierno”.
En uno de los planteamientos opositores más fuertes en respuesta a lo manifestado por Moncada, el académico y analista político Carlos Tunnermann dijo que el texto, en realidad, “representa una ruta para un cambio democrático”, porque “el pueblo quiere un cambio democrático y con justicia”.
“Esta es una agenda para formular la ruta para una nueva Nicaragua”, agregó Tunnermann, un ex ministro de Educación (1979-1984) y ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos (1984-1988) –ambos cargos, ejercidos durante el gobierno revolucionario (1978-1990) del nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)-, y subrayó que “es una respuesta adecuada a la Nicaragua que estamos viviendo”.
En un esfuerzo por superar el entrabamiento del debate, y luego de dos recesos, la mediación episcopal puso a votación dos propuestas –una de cada bando-, que no prosperaron, y anunció la suspensión del diálogo en aras de procurar algún consenso que permita continuar las conversaciones.
La propuesta del gobierno procuraba la “suspensión inmediata de todos los tranques del país que permita la libre circulación de la familia nicaragüense y su normalización y tranquilidad”, así como “el cese inmediato de todo acto de violencia venga de donde venga”, y “garantizar los empleos de todos los y las nicaragüenses”.
La propuesta opositora procuraba “que la Conferencia Episcopal de Nicaragua presente directamente al Presidente Ortega” varios puntos de deliberación, incluidas la aceptación de debate de los puntos de la agenda elaborada por la mediación referidos a reformas políticas y la creación de un mecanismo internacional, recomendada por la misión de la CIDH, para la investigación de los hechos de violencia registrados desde el 18 de abril en Nicaragua.
Ante el fracaso de la iniciativa de agenda y de las dos propuestas, la mediación planteó, en un extenso comunicado, al final de la jornada, que, “dado que hoy no se ha logrado ningún consenso entre las partes, los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como mediadores y testigos del Diálogo Nacional lamentamos vernos obligados, debido a esta falta de consenso, a suspender por ahora esta mesa plenaria del Diálogo Nacional”.
“No obstante sugerimos la conformación de una comisión mixta de seis personas, tres por cada parte, con el objetivo de que logren un consenso para superar este impase”, ya que “hemos constatado efectivamente que hay una identidad común que nos une a todos, como la búsqueda de la paz y del amor a Nicaragua”, agregaron, para señalar que, “cuando hayan logrado este consenso, les rogamos nos lo comuniquen para poder reiniciar el diálogo y nuestro servicio de mediación.
“Nos sentimos urgidos de recordarles que de esta decisión y de la posibilidad de continuar este diálogo, depende en gran parte la paz en nuestra patria y la vida de muchos
Nicaragüenses”, advirtieron puntualmente, en el texto leído por Álvarez.
Un día después, el gobierno reafirmó su posición, al indicar, en un comunicado, que su delegación presentí, el 21 de mayo, en el marco del diálogo, una agenda, “que es la Agenda del Pueblo que está sufriendo tranques, violencia y que ve coartado su Derecho a trabajar”.
Se trata de una agenda que “reúne el clamor del Pueblo: eliminar todos los tranques, no a la violencia en todas sus formas, asegurar el Derecho al Trabajo”, pero “estos puntos no han sido respondidos por los grupos de oposición al Gobierno, participantes en el Diálogo Nacional”, agregó el gobierno, en el texto de nueve puntos.
“El Presidente de la República y el Estado nicaragüense están comprometidos con la investigación y aseguramiento de la Justicia, alrededor de los hechos de violencia que se han desarrollado en Nicaragua, desde el 18 de Abril”, indicó, en alusión a la fecha en la que comenzó la protesta popular antigubernamental, materializada en masivas manifestaciones que han derivado en violentos incidentes participantes contra efectivos policiales antimotines así como simpatizantes del gobierno.
También lo están “con el fortalecimiento de las Instituciones y de la Democracia en Nicaragua, en el marco Constitucional”, aseguró.
“El Gobierno ha reiterado su respaldo y disposición permanente al Diálogo, esperando una respuesta a estos tres Puntos de vital importancia para nuestro Pueblo”, y “reitera que es indispensable resolver y acordar sobre los tres puntos que urgen al pueblo nicaragüense: eliminar todos los tranques, no a la violencia en todas sus formas, asegurar el Derecho al trabajo”.
Además, “seguimos comprometidos con soluciones, con la justicia, con la democracia, y con el respeto a la Constitución y a las Leyes”.
Mientras las respectivas posiciones conservan su inamovilidad, la expectativa se centra en la comisión mixta –que ha dado en llamarse “la comisión de 3×3”- y su capacidad para facilita la continuación del diálogo.
