George Rodríguez
La reciente liberación de algo más de un centenar de presos políticos en Nicaragua constituye, desde el punto de vista jurídico, una libertad condicional, plantea Zoilamérica Ortega, una docente universitaria quien es un referente del exilio nicaragüense.
Ello, debido a que la puesta en libertad –los días 10 y 11 de junio-, de un total de 106 personas, está condicionada a la Ley de Amnistía, aprobada, días antes por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), explica la hija del presidente y la vicepresidenta de Nicaragua, respectivamente, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
De acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Gobernación (Migob) nicaragüense, al informar, escuetamente, sobre la medida del régimen orteguista, la excarcelaciones se concretaron “en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Amnistía Nº 996, aprobada por la Asamblea Nacional el 8 de junio del 2019”.
Según la versión oficial, se trata de “personas que guardaban prisión por delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública”.
La descripción dada por el gobierno contradice el hecho de que los excarcelados estaban detenidos -en numerosos casos, condenados a desproporcionadamente extensos períodos de prisión- por su oposición al gobierno –aunque fueron oficialmente acusados de haber cometido delitos tales como terrorismo o narcotráfico, o algo tan vago como “incitación al odio”-.
El marco para la liberación –jurisprudencia creada, puntualmente, por el régimen- fue la breve Ley de Amnistía, instrumento que, por el contenido de su único considerando y sus cuatro artículos, ha sido objeto de denuncia, por voces opositoras, como un mecanismo cuyo propósito real apunta a garantizar impunidad para los responsables -intelectuales y materiales- de los delitos –incluidos crímenes de lesa humanidad- cometidos en el contexto de la represión policial y parapolicial antiopositora.
La violencia represiva es actor protagónico en la crisis sociopolítica que, desde el 18 de abril de 2018, golpea a Nicaragua, habiendo cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, causado daño generalizado a la economía nacional, obligado a decenas de miles de nicaragüenses a emigrar, mayoritariamente hacia la limítrofe Costa Rica –país en el cual más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
Tal es la constante respuesta del régimen a la masiva -y tenaz- exigencia popular de que Ortega y Murillo renuncien.
La Ley de Amnistía contiene inevitables trampas, las que Zoilamérica -forzadamente emigrada de Nicaragua y radicada, hace seis años, en Costa Rica- señala, para plantear que las excarcelaciones de este mes no encajan en el verdadero concepto de liberación.
“Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley”, indica el primer artículo, bajo el título “Amnistía”, montando la trampa que oculta, detrás de una supuestamente magnánima generalización, a los destinatarios reales, a los beneficiarios específicos de la amnistía –los responsables de la violencia-.
Los delitos que cubre el instrumento son exclusivamente de contenido político, según lo indicado en el siguiente artículo.
“La presente Ley de Amnistía cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos con éstos que son tipificados por el ordenamiento jurídico penal vigente en Nicaragua”, aunque “se exceptúan aquellos regulados en Tratados Internacionales que Nicaragua es Estado Parte”, precisa.
Pero la trampa quizá mayor está en el tercer artículo, titulado “No Repetición”.
“Las personas beneficiadas por la presente Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados”, determina, para advertir, a continuación, que “la inobservancia del principio de No Repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta Ley”.
El condicionamiento para la liberación de presos políticos se constituye en un componente de incertidumbre, para quienes sean excarcelados, porque, de ese modo, su permanencia fuera de la cárcel queda supeditada, en definitiva, a la arbitrariedad.
Al respecto, Zoilamérica planteó, en diálogo con Informativo JBS, que la excarcelación así concebida, “en términos de Derecho, es una libertad condicional, que, al final, no es libertad”.
Ello, porque la aplicación, en Derecho Penal, del concepto de no repetición –un principio de Derecho Humanitario-, es una aberración jurídica que, a partir de la criminalización del ejercicio de derechos, permite que el régimen mantenga, a los excarcelados, bajo permanente amenaza, indicó.
De acuerdo con la arbitraria “definición, de crimen, de una dictadura: qué es crimen? Andar una bandera azul y blanco. Qué es crimen? Salir a la calle”, planteó Zoilamérica, en alusión, en el primer caso, a la bandera nicaragüense –que, en reemplazo de banderas políticas, se ha constituido en unificador emblema de la oposición-.
La antojadiza creación de delitos ubica, a los presos políticos liberados, en una situación de vulnerabilidad jurídica, ante el riesgo de ser nuevamente acusados de cometer delitos castigados con prisión, lo que es factible, considerando que, sin excepción, los excarcelados quienes han formulado declaraciones a periodistas han asegurado que salieron fortalecidos, y que continuarán en oposición activa, aseguró.
“Por lo tanto, es dejarte en libertad, permitirte dar 10 pasos hacia adelante, teniendo la pistola para, en cualquier momento, lanzarte un disparo”, planteó, para agregar que, como complemento de lo dispuesto en la ley, “han estado circulando, en redes sociales, precisamente, anuncios de ese tipo, donde se dice: ‘si hacen una cosa más, El Chipote los espera’”.
Zoilamérica aludió, así, a la Dirección de Asistencia Judicial (DAJ), la cárcel más conocida como “El Chipote”, caracterizada por las condiciones infrahumanas en las cuales se mantiene a los detenidos, lo que, además de reclusión en instalaciones insalubres, implica la aplicación de tortura, lo mismo física que psicológica –incluida violación, tanto de mujeres como de hombres-, de acuerdo con denuncias de víctimas, familiares de detenidos, y organizaciones de derechos humanos.
“Hay toda una efervescencia en torno a crear una cultura de ‘los estamos vigilando, los estamos observando’”, advirtió.
No obstante ello, los algo más de cien presos políticos liberados este mes en el marco de la Ley de Amnistía han manifestado la voluntad de mantenerse en inclaudicable oposición, algo que la nicaragüense considera esperanzador, en el negativo contexto en el cual el régimen crea jurisprudencia.
“Definitivamente que es un momento esperanzador, en tanto hay una serie de elementos que, otra vez, están en nuestras manos –como pueblo, como país-, en el sentido de que, si la dictadura volvió a crear jurisprudencia (…) estamos, todos, despiertos, conscientes, y enfocados en que lo que ha ocurrido han sido crímenes de lesa humanidad, que en Nicaragua, a este momento, no hay absolutas libertades de ejercicio de poder, y que, bajo estas condiciones, no hay posibilidades de elegir libremente a nadie”, planteó Zoilamérica.
Se trata, asimismo, de una coyuntura compleja en tanto se mantiene una prueba de fuerza entre el gobierno, por una parte, y la comunidad internacional y los nicaragüenses, por la otra, advirtió.
“Es un momento, sin embargo, difícil, porque se mantiene esta tercia -esta tercia entre comunidad internacional, gobierno, y pueblo-, y eso no es nada sencillo, porque, efectivamente, todo este escenario tiene, como premisa, el reto al poder: quién puede más, quién hace más, quién demuestra más”, reflexionó.
En ese sentido, existen diferentes percepciones respecto al sector en el cual, efectivamente, radica la mayor proporción de poder, precisó.
“Para algunos (…) la empresa privada tiene más poder, y deben ser ellos los que deben de dar el sello a la salida política en Nicaragua”, mientras que “otros, te dicen que los militares, porque, sin el ejército, el mismo Ortega no sobrevive”, así como “otros, le dan ese poder a la comunidad internacional, por el tema de las sanciones”, aunque “otros, pensamos que, sin la movilización del pueblo, y sin el fortalecimiento de este liderazgo
–que nos quebró la misma lucha-, también las cosas van a ser difíciles”, analizó.
En tal contexto, se torna necesario coordinar esas variantes del poder opositor acumulado a lo largo de la violenta crisis sociopolítica nicaragüense estallada el 18 de abril del año pasado, indicó la opositora, quien se encuentra, hace seis años en Costa Rica, tras haber acusado penalmente, a Ortega, por abuso sexual –un trámite judicial que, previsiblemente, no prosperó-.
“Definitivamente, es un momento en que tenemos que encontrar cómo conectar todos esos recursos de poder que hemos cosechado hasta hoy, después de más de un año, para encontrar una salida”, indicó.
Se trata de recursos de poder en opción exclusivamente pacífica –por decisión popular-, aclaró.
“El primer paso de una confrontación armada, o de una confrontación violenta, ni lo ha dado ni lo va a dar el pueblo”, aseguró Zoilamérica, mostrando plena convicción al plantearlo, y, de inmediato, subrayó, para reafirmar, que “eso, tiene que estar claro: nunca”.
La opción por la solución pacífica a la crisis, deriva de la historia de Nicaragua, una historia caracterizada, desde la etapa inicial hasta la contemporánea, por la violencia.
“Esa es la primera evidencia de que Nicaragua es un país que aprende sus lecciones, en esta era reciente”, planteó, porque, “de la era reciente, decimos: ‘no queremos otra guerra que nos enfrente entre hermanos´, y, de la era reciente, decimos: ‘no queremos más dictadura’”.
La guerra nicaragüense más cercana en el tiempo fue la, que, alimentada por Estados Unidos, enfrentó, durante ocho años –de 1982 a 1990-, al gobierno revolucionario (1979-1990) del ex guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) –actualmente, otra vez, en el poder-, con la fuerza irregular, de financiamiento estadounidense, popularmente conocida como “la contrarrevolución”, o “la contra”.
La dictadura más reciente –sin contar la actual- fue el dinástico régimen del clan Somoza, que gobernó, durante cuatro décadas, hasta su derrocamiento, en 1979, por la guerrilla del FSLN.
“Ahora, el tema está en que los riesgos de llevarnos a una confrontación armada y un baño de sangre, está en los mismos que sembraron la sangre en abril (del año) pasado, en la intolerancia absoluta al ejercicio de derechos”, advirtió, en referencia al régimen orteguista.
La crisis estallada el 8 de abril en Nicaragua presenta, hasta ahora, saldo de centenares de víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, daño masivo a la economía nacional, y emigración de unas 70 mil personas –principalmente a la limítrofe Costa Rica, donde más de veinte mil nicaragüenses han solicitado refugio-.
Ello, debido a que toda expresión opositora -incluidas las multitudinarias y prohibidas manifestaciones que han tenido lugar en apoyo a la exigencia de que Ortega y Murillo renuncien-, ha sido reprimida por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos progubernamentales armados, a lo que se suma la pérdida de cientos de miles de empleos, el cierre –en algunos casos, por destrucción física, de medianos y pequeños negocios.
