La primera presidenta en la historia de Honduras, Xiomara Castro, se comprometió, al asumir el cargo, a luchar, de frente, contra la corrupción, uno de los principales problemas que más fuertemente golpea al país centroamericano.
Ello, en el contexto de la refundación de la nación, un proceso que, enmarcado en la concepción de socialismo democrático, parte del respeto a las personas, lo que implica la inviolabilidad de la vida, y la erradicación de la violencia -incluida la de género-, aseguró la nueva mandataria, durante su mensaje inaugural, el 10 de enero, en el capitalino Estado Nacional “Tiburcio Carías Andino”.
La refundación es “una misión de patria, una misión (en la) que no solamente se llamará a cuentas a aquellos que han sido responsables de que la imagen de nuestro país ande por los suelos, sujeta al desprecio mundial”, comenzó a explicar.
Además, “estamos comprometidas, con nuestra propuesta del socialismo democrático, a sentar las bases de combate frontal a la corrupción, para que estos hechos -que nos han avergonzado- jamás vuelvan a repetirse”, agregó, como parte del informe que presentó sobre el crítico estado socioeconómico, y de corrupción, en que encuentra al país.
Entre otros datos, informó sobre los dramáticos niveles de corrupción, y reveló que la pobreza afecta a 74 por ciento de los hondureños, lo que convierte, a éste, en “el país más pobre de América Latina”.
“La refundación de Honduras, comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviolabilidad de la vida, la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas”, puntualizó la presidenta, postulada, para la votación de noviembre, por la alianza constituida por los centroizquierdistas partidos Libertad y Refundación (Libre) -al que pertenece- y Salvador de Honduras (PSH) -liderado por el nuevo segundo designado presidencial (vicepresidente) Salvador Nasralla-.
“No más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado”, planteó.
Castro hizo, así, referencia a algunos de factores los causantes de la inseguridad y la corrupción imperantes en el país, los que fueron agudizados, fundamentalmente, durante el cuestionado mandato presidencial del desprestigiado y derechista Juan Orlando Hernández, señalado, además de autoritarismo, de tener vínculo con el narcotráfico -y de haber lucrado con ello-.
“Queremos que el hondureño y la hondureña sienta la presencia de un Estado garantista de sus derechos, donde se pueda vivir en paz”, expresó la nueva jefa de Estado.
En ese sentido, indicó que “nuestra policía, será una policía preventiva, comunitaria, disciplinada, y fraterna, una policía que debe de cultivar el sentimiento de servicio”.
El planteamiento marca un profundo contraste con la histórica realidad de la Policía Nacional, caracterizada por masiva corrupción, autoritarismo, servicio al crimen organizado -incluidas acciones de sicariato, en algunos casos, contra integrantes de esa fuerza de seguridad-.
En términos generales, “iremos transformando, paulatinamente, las organizaciones, para que se conviertan en colaboradores de la ciudadanía”, dijo Castro, contexto en el cual “vamos a con centrar los mayores esfuerzos en cuatro sectores, permanentemente reclamados por las ciudadanas y ciudadanos: educación, salud, seguridad, y empleo”, que figuran entre los principales reclamos populares.
“En el marco de este bicentenario, refundar es más que un verbo, es una misión imprescindible e irrenunciable con la que debemos estar comprometidas, a causa del mandato directo del pueblo manifestado (…) en las urnas”, expresó.
La presidenta hizo, en este caso, referencia al hecho de que Honduras -conjuntamente con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua-, conmemoró, el 15 de setiembre del año pasado, 200 años de independencia.
En su nueva condición de jefa de Estado -para el período 2022-2026-, Castro ordenó la implementación de 22 acciones iniciales.
Mediante la primera, determinó “que más de un millón de familias que viven en pobreza, y consumen menos de 150 kilowatts por mes, a partir de este día, no pagarán más las facturas de consumo de energía”, y subrayó que “la luz, será gratis, en sus hogares”.
También explicó que, “como esta decisión significa un costo más, para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, los altos consumidores deberán asumir un precio, en su factura, para subsidiar la energía que daremos, gratis, a los pobres de Honduras”.
Asimismo, dispuso “la instalación de la comisión nacional e internacional para el combate frontal a la corrupción y la impunidad, en Honduras, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas”, lo que constituye una de las “tareas inmediatas de ejecución”.
En ese sentido, “le he ordenado, al (nuevo) ministro de Relaciones Exteriores (Eduardo Enrique Reina), que envié una comunicación, a Naciones Unidas, solicitando su apoyo y asistencia, de frente, contra la corrupción”.
En materia internacional, anunció que su administración llevará adelante “una política exterior ciudadana, centroamericanista, latinoamericana, soberana, y solidaria”, y puntualizó que “apoyamos el multilateralismo y la complementariedad”.
Respecto a lo que significa su llegada a la presidencia de Honduras, expresó que “ésta, es una fecha que quedará en nuestra historia como la impronta de una generación que decidió ser libre, y le heredará, a las generaciones venideras, la posibilidad de crecer creyendo que un mundo mejor es posible”.
“Nuestra visión del mundo, antepone, al ser humano, por sobre las reglas del mercado”, aseguró, para, a continuación, subrayar que “tenemos la mejor disposición y espíritu de diálogo”.
En cuanto a su política en materia de género, dijo, como inicio de su mensaje, que “la Presidencia de la República, nunca ha sido asumida por una mujer, en Honduras”, y que, para llegar a ello, “han tenido que pasar doscientos años, desde que se proclamó nuestra independencia”.
De modo que “estamos rompiendo cadenas, y estamos rompiendo tradiciones”, a partir de “este hecho histórico”, que “sólo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo”, expresó.- “Ya no más violencia contra las mujeres”, expresó, encarando uno de los más serios problemas que enfrenta la población femenina.
- “Voy, con todas mis fuerzas, para cerrar la brecha, y generar las condiciones, para que nuestras niñas puedan desarrollarse, plenamente, y vivir en un país libre de violencia”, aseguró.
De modo que “estamos rompiendo cadenas, y estamos rompiendo tradiciones”, a partir de “este hecho histórico”, que “sólo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo”, expresó.“Mujeres hondureñas: no le voy a fallar, voy a defender sus derechos, todos sus derechos!”, exclamó, para agregar, con énfasis: “cuenten conmigo”.
La nueva presidenta, cerró su alocución, expresando: “hasta la victoria, siempre!”.
Sin perjuicio del violento machismo históricamente posesionado en la patriarcal cultura nacional, la nueva jefa de Estado ganó la votación presidencial -enmarcada en las elecciones generales llevadas a cabo el 28 de noviembre- con margen de alrededor de medio millón de sufragios.
Castro -postulada por la coalición de los centroizquierdistas partidos Liberación y Refundación (Libre) y Salvador de Honduras (PDSH)- reunió algo más de 1.7 millones de votos, frente a los aproximadamente 1.2 millones obtenidos por su principal adversario, del gobernante Partido Nacional (PN), Nasry “Tito” Asfura -el pintoresco alcalde de Tegucigalpa, la capital nacional, popularmente conocido como “Papi a la orden”.
El padrón electoral para esos comicios estuvo constituido por 3.6 millones de hondureños.
La ambiciosa hoja de ruta para su incipiente administración -el Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026- aborda temas de alta sensibilidad para las cúpulas de poder, entre ellos, la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
La sola mención de consulta popular respecto a una reforma constitucional -para eliminar la prohibición de reelección presidencial- fue la excusa para el cruento golpe de Estado militar-civil -con participación del entonces gobernante Partido Liberal, lo mismo que institucional- que derrocó, el 28 de junio de 2009, al presidente Manuel “Mel” Zelaya, cuando faltaban siete meses para que concluyera su mandato.
Sin embargo, la ilegal maniobra exitosamente ejecutada, durante su primer período gubernamental, por el ahora ex presidente Hernández, le permitió -mediante la fraudulenta votación de noviembre de 2017- implementar su segundo mandato.
Mediante el ejercicio de su denunciado autoritarismo, Hernández logró que el Congreso Nacional -del que venía de ser presidente (2010-2014)- reformase la Constitución, alterando el “artículo pétreo” (imposible de modificar) que, precisamente, prohíbe la reelección presidencial.
Esto -a diferencia del caso de Zelaya-, sin absolutamente ninguna consecuencia para JOH-las iniciales por las que, popularmente, se conoce al ex presidente-.
El concepto clave del plan de gobierno de Castro, y que es transversal a esa iniciativa, consiste en la construcción de un nuevo país, a partir, precisamente, de reformar la Constitución, todo ello, en el marco de nuevo acuerdo nacional de amplia participación.
“Esa construcción comienza, y la expresión suprema de esa nueva democracia será la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como el episodio siguiente de nuestra historia, la que debe surgir y promulgar el nuevo Pacto Social”, según lo planteado en el documento de 16 capítulos, contenidos en 68 páginas.
Es necesario que el pacto “refleje una voluntad concertada dentro de la correlación de fuerzas políticas, sociales y económicas, capaz de superar la crisis y transformar al país”, según lo indicado en el texto.
En tal sentido, “la participación amplia, consciente, que ese proceso requiere, despertará la energía y articulaciones sociales de todos los sectores, que deberán entender que la patria no está en venta”.
Además, “ese Pacto nuevo solo puede forjarse en una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) originaria; y que se convocará el primer día de mi gobierno por medio de una consulta al soberano, y cuyos integrantes serán electos de forma directa y expresamente, y su producto final será ratificado por el pueblo en referéndum”. Exactamente, la propuesta que, hace 11 años, le costó, a Zelaya, la presidencia.
