El excandidato presidencial y ahora exdiputado Fabricio Alvarado volvió a colocarse en el centro de la polémica nacional tras abandonar el país en medio de cuestionamientos legales y políticos que aún no han sido resueltos por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
La salida del exlegislador se produjo apenas días después de que el Congreso no lograra votar una posible sanción en su contra por presunto acoso sexual, debido a la falta de cuórum en el plenario. La situación ha generado críticas sobre la responsabilidad política de los diputados, ha intensificado el debate sobre la transparencia y rendición de cuentas en el país.
Según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería, Alvarado salió de Costa Rica el 30 de abril. Su abogado, Erick Ramos, indicó que el viaje responde a compromisos laborales previamente adquiridos y aseguró que regresará antes del 8 de mayo, fecha en que se realizará el traspaso de poderes de la presidenta electa Laura Fernández.
El caso que rodea a Alvarado no solo se mantiene en el ámbito legislativo, sino también en la vía penal. Entre las denuncias figura la presentada por la exdiputada Marolin Azofeifa, así como otros señalamientos por presunto abuso sexual contra al menos dos mujeres. Estas acusaciones han elevado la presión pública sobre el exdiputado, las instituciones encargadas de investigar y sancionar.
En el plano legislativo, la imposibilidad de votar la sanción evidenció una crisis de funcionamiento en el Congreso. Durante dos días consecutivos, el plenario no alcanzó el mínimo de 38 diputados requerido para sesionar, lo que impidió tomar una decisión sobre el caso. La ausencia incluyó legisladores de varias fracciones, lo que ha provocado cuestionamientos sobre posibles estrategias políticas para dilatar el proceso.
Desde una perspectiva de análisis político, la salida del país en este contexto agrava la percepción de falta de compromiso con la rendición de cuentas. Aunque no existe una prohibición legal que le impida viajar, el momento en que se produce la decisión genera dudas en la opinión pública y podría incidir en la credibilidad institucional.
Este episodio se suma a una serie de tensiones que enfrenta el sistema político costarricense, donde la ciudadanía exige mayor transparencia, coherencia y responsabilidad por parte de sus representantes. El desarrollo de este caso, tanto en la vía judicial como en el ámbito legislativo, será clave para medir la capacidad del Estado de responder ante situaciones que involucran a figuras públicas y denuncias de alta sensibilidad social.
