En un giro que ha generado controversia a nivel nacional e internacional, el Primer Ministro de Rumanía, Marcel Ciolacu, ha declarado que el país no está preparado para defender los derechos de las personas LGBTQ+ según el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Esta afirmación surge en respuesta a la reciente sentencia del TEDH en mayo, que concluyó que Rumanía violó el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al negarse a reconocer legalmente las relaciones entre personas del mismo sexo, infringiendo así el derecho al respeto de la vida privada y familiar.
En una entrevista concedida a Europa FM, el Primer Ministro fue cuestionado sobre su perspectiva ante la sentencia del TEDH y si Rumanía consideraría ampliar la protección de la comunidad LGBTQ+. Ciolacu respondió: «La sociedad rumana no está preparada para una decisión en este momento. No es una de mis prioridades y… no creo que Rumanía esté preparada». Esta postura refleja la resistencia del líder político a abordar la cuestión de los derechos LGBTQ+ como una prioridad en la agenda nacional.
Aunque Rumanía despenalizó la homosexualidad en 2001, sigue sin legalizar el matrimonio ni las uniones civiles para parejas del mismo sexo. La investigación del TEDH, que fue impulsada por denuncias de 21 parejas rumanas, concluyó que la oposición social al matrimonio entre personas del mismo sexo no debe prevalecer sobre el derecho de estas parejas a que sus relaciones sean legalmente reconocidas.
Cada una de las parejas había intentado contraer matrimonio notificando su intención a sus registros civiles locales, pero se encontraron con rechazos basados en la definición tradicional del matrimonio y en la prohibición explícita del matrimonio entre personas del mismo sexo en la legislación rumana.
La situación de los derechos LGBTQ+ en Rumanía ha estado bajo escrutinio, especialmente después de que la organización IGLA-Europa otorgara al país una puntuación del 18% en materia de derechos LGBTQ+, situándolo entre los lugares menos acogedores para la comunidad LGBTQ+ en Europa.
En el pasado, legisladores rumanos generaron críticas al presentar un proyecto de ley sobre «propaganda» LGBTQ+, que buscaba prohibir el uso de materiales en las escuelas que «promovieran» la homosexualidad. Este acontecimiento refleja una actitud persistente en la sociedad rumana, donde encuestas muestran que una gran parte de la población considera que la homosexualidad «no es justificable».
La postura del Primer Ministro Ciolacu, al afirmar que Rumanía no está preparada para más derechos LGBTQ+, plantea preguntas sobre el compromiso del país con los principios de igualdad, no discriminación, y sus implicaciones para el futuro de la comunidad LGBTQ+ en Rumanía.
