El pasado martes, Uganda se pronunció en contra de la respuesta de Occidente ante la promulgación de una nueva y controvertida ley anti-LGBTQ en el país africano. Esta ley, considerada una de las más duras del mundo, ha generado críticas por parte de los gobiernos occidentales y ha puesto en peligro la ayuda exterior que Uganda recibe anualmente.
La ley, firmada por el presidente Yoweri Museveni, establece la pena de muerte por «homosexualidad agravada», que incluye el delito de transmisión del VIH a través del sexo gay. Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazó con recortar la ayuda y aplicar sanciones, mientras que el secretario de Estado, Antony Blinken, mencionó la posibilidad de restringir los visados a funcionarios ugandeses. La Unión Europea también se pronunció y advirtió que la ley afectaría los lazos de Uganda con sus socios internacionales.
En respuesta a las condenas, el ministro de Información de Uganda, Chris Baryomunsi, rechazó las críticas y afirmó que la homosexualidad no es considerada como un derecho constitucional en el país. Según sus declaraciones a Reuters, la homosexualidad es vista como una «desviación sexual» que no es promovida ni aceptada por los ugandeses y africanos en general. El ministro enfatizó que Uganda es un país soberano y que legislan para su propia gente, por lo que consideran inaceptable este tipo de chantaje por parte de Occidente.
A pesar de la postura del gobierno, activistas y abogados ugandeses presentaron una demanda contra la ley, argumentando que fomenta la discriminación, la estigmatización, y que se aprobó sin una participación pública significativa.
