El 22 de diciembre de 2016, Costa Rica vivió un episodio que despertó indignación en la opinión pública: el auditor general de Aviación Civil, Óscar Serrano, fue enviado a nueve meses de vacaciones tras denunciar presuntas irregularidades en los nombramientos del director y la subdirectora de esa institución. Este caso, cargado de controversias, reveló cómo las acciones de denuncia pueden generar represalias en lugar de soluciones.
El Informe que Destapó la Polémica
En agosto de ese año, Serrano presentó una auditoría interna que señalaba que Enio Cubillo y Gianella Baltodano no cumplían con los requisitos legales para ocupar sus puestos como director y subdirectora de la Dirección General de Aviación Civil.
Según el artículo 16 de la Ley General de Aviación Civil, ambos debían contar con licencias específicas y títulos acreditados, lo cual no se cumplió.
El informe AI-10-2016 recomendó al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Villalta, destituir a los jerarcas y nombrar profesionales calificados.
No obstante, en lugar de tomar medidas correctivas, las autoridades optaron por enviar a Serrano de vacaciones, argumentando la acumulación de períodos no tomados.
La Reacción del Gobierno y la Contraloría
La decisión de enviar al auditor a vacaciones generó críticas de varios sectores. Francisco Camacho, en su momento diputado del Frente Amplio, calificó el hecho como un acto de corrupción y exigió la intervención de ex presidente Luis Guillermo Solís.
A su vez, Otto Guevara, quien era del Movimiento Libertario, deploró la actitud del gobierno y enfatizó que las recomendaciones de la Contraloría debían cumplirse.
Por su parte, la Contraloría General de la República había emitido resoluciones a favor del auditor, pero estas fueron apeladas por el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC).
«El silencio es la antesala de la corrupción»
Esta frase, pronunciada por ex diputado Camacho, resumió el sentimiento de una sociedad que esperaba mayor transparencia y justicia.
Según Camacho, el nombramiento de Cubillo y Baltodano se realizó de manera irregular, incluso contratando a una empresa privada para la selección, cuando el proceso debía ser gestionado por el presidente del CETAC.
Un caso para la historia
Este episodio sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrentan quienes denuncian irregularidades en la administración pública.
La falta de acción efectiva, combinada con medidas que podrían interpretarse como represalias, deja un sabor amargo sobre la capacidad del sistema para corregir sus errores.
En la actualidad, el caso sigue siendo un ejemplo de la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia , proteger a quienes luchan por la transparencia y la legalidad en las instituciones del país.
Este artículo es un homenaje a aquellos que, como Óscar Serrano, arriesgan su estabilidad laboral para velar por el cumplimiento de la ley.
Su valentía y determinación merecen ser recordadas y honradas.
