George Rodríguez/Foto-Medios
La 50 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhortó, al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, a respetar el orden constitucional, y a llevar a cabo, el año próximos, elecciones generales libres y justas.
También lo llamó a comprometerse a implementar, antes de la realización de los comicios, reformas electorales, con el apoyo de la Secretaría General (SG) de la OEA, de acuerdo con la débil declaración de cinco puntos, aprobada, el 21 de octubre, con el voto favorable de veinte países, frente a dos votos en contra -Nicaragua, San Vicente y las Granadinas- y 12 abstenciones -entre otras, las de Guatemala y Honduras, en Centroamérica-.
Los países que apoyaron el texto de cinco puntos, acordaron “reiterar la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas”, además de “instar al Gobierno de Nicaragua a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y a celebrar elecciones nacionales, presidenciales y legislativas libres y justas en Nicaragua”.
Ello, “en cumplimiento de sus compromisos y deberes fundamentales articulados en la Carta Democrática Interamericana”, agregaron, en la declaración titulada “Restablecimiento de las instituciones democráticas y respeto a los derechos humanos en Nicaragua por medio de elecciones imparciales y justas”.
También decidieron solicitar, a la SG del organismo continental, “apoye negociaciones incluyentes y oportunas entre el Gobierno de Nicaragua y los actores nacionales, que representan a la oposición nicaragüense, en torno a medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables”,
Además, “que preste asistencia técnica para su implementación, a fin de promover elecciones libres y justas”, plantearon en el texto, que, ausente de presión sobre el régimen orteguista, omitió incluir algún tipo de sanción por las denunciadas violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
En cuanto al contenido de esas medidas, señalaron que, entre otros aspectos, incluyan la modernización y la restructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE), de modo de “garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable”.
Esto, “antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021” -en el segundo caso, teniendo en cuenta que los comicios están programados para seis meses después-, precisaron.
Igualmente, deben facilitar “un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos”.
Ello, además de la revisión técnica y la actualización del padrón electoral, registro que debe pasar por una auditoría independiente.
Asimismo, es necesario contar con “una observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada”, y, en materia de escrutinio de los sufragios emitidos, es necesario que se lleve a cabo “un recuento y consolidación transparentes de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real”.
Los votos favorables fueron emitidos por Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guayana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Lucia, Uruguay, y la representación del autoproclamando presidente encargado (interino) de Venezuela, el diputado opositor Juan Guaidó.
Los abstencionistas fueron Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guatemala, Honduras, México, St Kitts y Nevis, Suriname, Trinidad y Tobago, mientras Nicaragua y San Vicente y las Granadinas se opusieron.
En diferentes intervenciones durante la sesión de dos jornadas -20 y 21 de octubre- de la Asamblea General, en la sede de la OEA, en Washington, el canciller y el embajador de Nicaragua en la organización regional, respectivamente, Denis Moncada y Luis Alvarado, formularon severas críticas a los países denunciantes de violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
Respecto a afirmaciones formuladas el primer día, por el canciller de Canadá, François-Philippe Champagne, el ministro nicaragüense -un militar retirado-, acusó, al país norteamericano, de estar alineado con Estados Unidos, y de incurrir en injerencismo en los asuntos internos de Nicaragua.
“Esta asamblea general de la OEA no ha sido convocada para que países miembros de esta organización comiencen a dictar qué es lo que quieren hacer, los gobiernos, los estados y los países, (en Nicaragua) en su política interna y en su política internacional”, planteó.
“(En) Nicaragua -lo dejamos muy claro-, somos respetuosos y tenemos vocación por respetar los derechos humanos”, agregó.
“Además de que están establecidos en la Constitución, como país, como sociedad, como gobierno, somos amantes de los derechos humanos”, siguió expresando.
“Nuestras políticas de Estado, están enmarcadas en el cumplimiento, en la promoción de los derechos fundamentales de los nicaragüenses y de los seres humanos que transitan por Nicaragua”, aseguró, además.
Por lo tanto, “no aceptamos, Nicaragua no acepta, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional no acepta la intervención y el señalamiento que ha hecho el señor canciller de Canadá”, porque “exigimos respeto”.
Moncada reafirmó que “no es el objetivo de esta asamblea, hacer señalamientos injerencistas, irrespetando las relaciones de respeto mutuo, que deben existir, entre los estados y los pueblos, en una organización como la que está realizando, hoy, esta asamblea”.
“Es penoso que Canadá siga los dictados de Estados Unidos, y aparezca como si fuera un Estado subordinado a los Estados Unidos”, expresó, además.
Al intervenir, en la segunda jornada, y siguiendo la línea de su jefe, Alvarado afirmó que “Nicaragua considera inadmisible que (…) continúen las prácticas imperiales arbitrarias, de países poderosos”.
Al respecto, y en alusión a Estados Unidos -aunque sin nombrar a ese país-, dijo que “observamos cómo, en esta organización, la potencia regional insiste, a toda costa, hacer prevalecer, sobre el multilateralismo, la imposición, unilateral, de sus posiciones políticas”.
Al igual que Moncada, expresó que “Nicaragua demanda el cese de la injerencia en sus asuntos internos, que son de la exclusiva competencia de los nicaragüenses, y exige el cese de las agresiones en contra de nuestro país, y dl respeto a su soberanía nacional”, y subrayó que, “como país, abogamos por la paz y la convivencia pacífica entre las naciones del hemisferio”.
En un video que hizo llegar a la OEA, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se dirigió, brevemente, a la asamblea, elogió a la organización continental, y formuló una puntual, y severa, crítica a Ortega.
“En Nicaragua, Estados Unidos aplaude a la OEA, por confrontar al régimen autoritario del presidente Ortega”, expresó, para denunciar que “el presidente Ortega también mina la democracia, en su país”.
“Viola los más básicos derechos del pueblo nicaragüense, a expresarse, a reunirse pacíficamente, aún en los violentos ataques contra las iglesia”, planteó.
“Esperamos que la Asamblea General de la OEA apruebe una resolución condenando la omisión del gobierno de Ortega de cumplir estándares democráticos”, y precisó: “esto es básico”.
“La resolución también debe exigir respeto a los derechos humanos, y esbozar reformas electorales específicas requeridas para una elección libre y justa, en Nicaragua”, señaló, a continuación.
De acuerdo con el calendario electoral nicaragüense, las próximas elecciones generales-incluida la votación presidencial- están programadas para noviembre del año próximo.
Tras la derrota electoral de 1990 -y las dos siguientes-, Ortega, siempre postulado por el ex guerrillero y nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), logró ganar la votación de 2006, y obtuvo las cuestionadas reelecciones consecutivas en 2011 y 2016.
De ese modo, además del período como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) -1979 a 1985-, Ortega acumula, hasta ahora, cuatro mandatos presidenciales quinquenales (1985-1990, 2007-2012, 2012-2017, y el actual, 2017-2022), con aspiración a una nueva reelección, en la votación de 2021.
Entretanto, Nicaragua sigue siendo escenario de la violenta crisis sociopolítica estallada en abril de 2018, contexto en el cual sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel individual -aunque masivamente-, exigen la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Murillo, demanda que ha recibido, desde entonces, constante represión policial y paramilitar -inicialmente masiva, y actualmente selectiva-.
Según los más actualizados datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) -que opera en el exilio, en la limítrofe Costa Rica-, las acciones armadas antiopositoras han cobrado por lo menos 728 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La dramática situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la emergencia sanitaria causada por la pandemia mundial del nuevo coronavirus, ante la cual el gobierno orteguista ha sido básicamente omiso en canto a implementar medidas para tratar de evitar la el contagio masivo.
