George Rodríguez/Foto-Prensa MSP
Los casi cincuenta ciudadanos nicaragüenses varados en la frontera terrestre entre Panamá y Costa Rica, cuando intentaban regresar a su país, fueron autorizados a continuar el viaje, informó hoy el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) costarricense.
El grupo, que incluye a algunos menores de edad, ingresó, esta mañana, a territorio de Costa Rica, por la fronteriza localidad de Paso Canoas, a unos 357 kilómetros al sureste de San José, la capital nacional, de acuerdo con la información oficial.
Paso Canoas se ubica junto al límite binacional de 330 kilómetros, que constituye la Frontera Sur costarricense.
“Luego de una reunión entre autoridades de Panamá, Nicaragua y Costa Rica, se acordó reanudar el flujo migratorio controlado de ciudadanos nicaragüenses hacia su país”, precisó el MSP, en el breve texto que tituló “Países llegan a un acuerdo y reanudan el flujo migratorio”.
Por lo tanto, “la mañana de este martes 30 de junio, ingresaron por la frontera de Paso Canoas 46 ciudadanos, quienes fueron abordados por la Policía Profesional de Migración, Seguridad Pública y autoridades de salud”, agregó.
“Los extranjeros asumen los costos del traslado hasta la frontera norte y son custodiados”, puntualizó el ministerio.
Aunque en el comunicado no se precisó el puesto fronterizo por el cual el grupo ingresará a territorio nicaragüense, probablemente sea a través de las instalaciones ubicadas en Peñas Blancas, a unos 311 kilómetros al noroeste de San José.
El referirse al caso, el presidente de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva, indicó ayer, en conferencia de prensa virtual llevada a cabo ayer, en San José, que, además de ese grupo, otros dos continbgentes dse nicaragüenses aguardan la autorización del gobierno de Nicaragua, para regresar a ese país.
Ambos grupos están en la zona del Mar Caribe, de acuerdo con lo informado por el activista y abogado especializado en derechos humanos quien se encuentra asilado en Costa Rica.
Se trata de 160 personas localizadas en la isla Gran Caimán -la mayor de las tres islas que constituyen el territorio británico de ultramar Islas Caimán, en el sector occidental del Mar Caribe-, además de 90 tripulantes de un barco de crucero, también en el Caribe, según la Anpdh, y medíos costarricenses y nicaragüenses.
Leiva precisó precisó que, al no permitir el ingreso de esas personas al país centroamericano, el gobierno de Nicaragua viola, no solamente disposiciones constitucionales sino, además, los establecido en instrumentos legales de nivel internacional, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el caso de la Constitución, el artículo 28 -de sus 202 artículos, contenidos en 11 títulos- establecer que “los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado los que se hacen efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares”, mientras que el 31 indica que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”.
Similarmente, el decimotercero de los 30 artículos de la Declaración Universal, asegura, en sus dos numerales, que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
De acuerdo con versiones periodísticas lo mismo internacionales que nicaragüenses, las personas quienes procuran regresar a Nicaragua se encuentran en una precaria situación económica, ya que, a causa de las medidas contra la pandemia mundial del nuevo coronavirus -principalmente, el aislamiento social y el cierre de un porcentaje considerable de las economías nacionales- perdieron sus respectivos trabajos.
En el caso de los 90 varados en el Caribe, se trata de personal del barco de crucero Carnival Glory, de la estadounidense empresa naviera turística Carnival Cruise Lines, actualmente ubicado en el sector de la colombiana isla de San Andrés, al este de la costa caribeña de Nicaragua, según las mismas versiones.
La pandemia ha agudizado la crítica situación interna nicaragüense, enmarcada, desde abril de 2018, en la violenta crisis sociopolítica estallada entonces, y caracterizada por la constante represión policial y paramilitar antiopositora que, según los más actualizados datos de la Anpdh, ha cobrado más de 700 vidas, y generado más de 800 desaparecidos, por encima de medio millar de presos políticos, y más de cinco mil heridos.
Masivos segmentos de la población nicaragüense, lo mismo que diversos sectores políticos y de la sociedad civil, vienen exigiendo la renuncia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
