Municipalidades marcan pauta en participación inclusiva al consultar a organizaciones de personas con discapacidad
Dos municipalidades costarricenses —Alajuelita y Oreamuno— han dado pasos concretos para fortalecer la participación ciudadana y la inclusión, al abrir procesos formales de consulta dirigidos a organizaciones de personas con discapacidad, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley N.° 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
La iniciativa fue destacada por la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras (ADASFRO), que remitió ambos oficios al Comité Cantonal de la Persona Joven de Paraíso (CCPJ) como ejemplos de buenas prácticas institucionales en materia de planificación, presupuestación y toma de decisiones públicas con enfoque inclusivo.
Consulta amplia y con plazos razonables
En el caso de la Municipalidad de Alajuelita, mediante el oficio MA-AM-413-2025, fechado el 16 de diciembre de 2025, se notificó la apertura de un plazo de 60 días hábiles, hasta el 9 de marzo de 2026, para que organizaciones sociales y ONG legalmente constituidas puedan emitir criterio sobre tres instrumentos clave:
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2024–2034
Plan Estratégico Municipal 2024–2029
Proyecto de Plan Anual Operativo 2026
El documento, firmado por el vicealcalde Jonathan Arrieta, subraya que esta consulta se realiza en estricto apego a la Ley 7600 y forma parte de los principios de transparencia, participación ciudadana y corresponsabilidad en la gestión pública local.
Por su parte, la Municipalidad de Oreamuno, mediante el oficio MUOR-AM-PI-014-2025 del 5 de noviembre de 2025, abrió un período de 23 días hábiles para recibir observaciones y propuestas sobre sus instrumentos de planificación y presupuestación. La comunicación, firmada por el planificador estratégico institucional Diego Ramírez Chacón, va más allá del marco legal nacional, al fundamentar el proceso también en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por Costa Rica, y en la Observación General N.º 7 de su Comité, que exige consultas inclusivas, transparentes y no arbitrariamente limitadas.
Más que un requisito legal
ADASFRO destaca que estas acciones no deben verse únicamente como un cumplimiento formal de la ley, sino como un avance real hacia un modelo de gobernanza local más democrático, participativo e inclusivo. La consulta efectiva a organizaciones de personas con discapacidad permite identificar barreras, proponer soluciones y garantizar que las políticas públicas municipales respondan a las necesidades reales de esta población.
Además, el oficio de Oreamuno incorpora principios jurídicos de alto nivel, como el de lex specialis derogat generali, recordando que la Ley 7600, al ser una norma especial, debe prevalecer sobre disposiciones generales, consolidando así la obligatoriedad de garantizar accesibilidad, inclusión y participación efectiva en todos los espacios de decisión pública.
Un llamado a replicar las buenas prácticas
La Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras solicitó al CCPJ que estos documentos sean analizados y utilizados como referencia para la elaboración de lineamientos nacionales que fortalezcan los mecanismos de consulta institucional, asegurando la participación plena y efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad en todo el país.
En un contexto donde la exclusión y la falta de accesibilidad siguen siendo retos estructurales, las experiencias de Alajuelita y Oreamuno se posicionan como ejemplos concretos de cómo los gobiernos locales pueden avanzar hacia una gestión pública más justa, transparente e inclusiva.
