Durante semanas, diversas figuras políticas de oposición han venido advirtiendo sobre una estrategia del oficialismo: atacar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para preparar el terreno ante un eventual mal resultado electoral. Según estas voces, el Presidente habría recurrido repetidamente al discurso del “fraude” para justificar una caída en el apoyo político que reflejan diferentes análisis de minería de datos internos.
La crítica señala que el oficialismo sabía —por sus propios reportes técnicos— que su liderazgo no se estaba transfiriendo hacia su candidata, que esta había alcanzado un techo electoral y que las proyecciones de representación legislativa habían disminuido drásticamente. Este deterioro, sostienen los opositores, explica los ataques preventivos contra el TSE.
Ante este escenario, un grupo de dirigentes electorales de oposición —no pertenecientes al partido oficialista— anunció una iniciativa destinada a anticiparse a cualquier narrativa de fraude: la creación de un sitio web público donde los miembros de mesa de todos los partidos, excepto el oficialista, podrán subir la fotografía del acta electoral y el número de mesa el mismo día de la votación.
La propuesta, descrita por sus impulsores como “una versión 2.0 de los mensajes intimidantes que antes circulaban en privado”, busca convertir cada acta en una prueba verificable que evite disputas posteriores. Afirman que, al quedar los documentos abiertos al público, ya no habrá espacio para alegatos sin fundamento después del cierre de urnas.
Los organizadores llaman a los partidos de oposición a coordinar equipos electorales, reforzar la capacitación de sus fiscales y preparar el cargue masivo de actas el día de la elección. Según ellos, este archivo digital funcionaría como “una segunda acta de independencia”, una defensa cívica contra cualquier intento de manipular la interpretación de los resultados.
De esta forma, el mensaje final dirigido al oficialismo es contundente: el conteo será público, transparente y verificable, y las actas —no los discursos— serán las que definan la legitimidad del proceso.
