Pandilleros detenidos por decenas de miles, construcción de una cárcel blindada contra fugas, declaraciones de pleno éxito en el combate a la delincuencia, máximo esfuerzo para que el país sea retirado de la lista de lugares más peligrosos del planeta.
Según el gobierno del autoritario presidente de El Salvador, Nayib Bukele -según autovaloración, “el dictador más cool”-, el Régimen de Excepción, impuesto hace algo más de tres meses -enmarcado en el tenazmente encubierto Plan Control Territorial (PCT), a su vez, supuestamente vigente hace tres años-, está dando los resultados previstos -y, quizá, más-.
En la triunfalista visión de la autocracia bukeleana, las maras (pandillas) empezaron a perder la guerra que, hace años -tantos como décadas-, en realidad, vienen ganando.
Las maras son una secuela del período durante el cual Centroamérica fue un extenso campo de batalla, el escenario de las guerras proxy que, en la región -y en el marco de la global guerra fría-, los megaimperios estadounidense y soviético protagonizaron, visible e invisiblemente, durante décadas.
En su origen, fueron creadas por jóvenes centroamericanos -principalmente, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños- quienes, huyendo de la conflictividad bélica centroamericana, se asentaron, mayoritariamente -e indocumentadamente-, en la occidental ciudad californiana de Los Ángeles.
Ese centro urbano estaba territorialmente fraccionado -por enraizados grupos delincuenciales chinos, mexicanos, rusos, etc-, contexto en el cual esos centroamericanos se agruparon, en una mezcla de protección colectiva e identidad cultural.
Así surgieron las dos agrupaciones originarias -que siguen, décadas después, siendo las principales-: la Mara 18 (M18) y la Mara Salvatrucha (MS).
Las deportaciones, por parte de la implacable migra estadounidense, instalaron a altos números de mareros, de regreso en sus respectivos países de origen.
Ahora, casi medio siglo después, las maras se multiplicaron en las tres naciones -El Salvador, Guatemala, y Honduras: el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más violentas a nivel mundial-, y sus integrantes suman, respectivamente, altas decenas de miles.
Ambas agrupaciones históricas siguen siendo los referentes básicos en el planeta de la delincuencia -estructuradas en clicas (algo así como sub-maras), cada una con su palabrero (jefe)-, habiéndose metamorfoseado, de las iniciales pandillas callejeras, en las actuales estructuras de crimen organizado, con imbatible poder territorial -y, obviamente, armado-.
Los niveles de violencia delictiva que presenta el triángulo, son de crisis de seguridad sin control, y constituyen uno de los principales causantes de la masiva/constante migración-indetenible- hacia Estados Unidos -rumbo al improbable “sueño americano”-.
De modo que, logrados los acuerdos de paz de los 80s, Centroamérica dejó atrás las guerras nacionales políticas -que enfrentaron a ejércitos y policías contra movimientos guerrilleros-, y entró en la dimensión de las guerras nacionales de seguridad -que están poniendo, a ejércitos y policías, a combatir a organizaciones de crimen organizado, principalmente narcoestructuras, y maras-.
Aunque no todo es blanco y negro, ya que hay -al igual que los hubo, en las pasadas guerras políticas- vasos comunicantes entre ambos bandos.
La corrupción no conoce fechas ni fronteras ni soberanías.
El Salvador no es -ni fue- la excepción.
La creciente capacidad bélica de las maras cuscatlecas (salvadoreñas) ha colocado a esas pandillas -ahora eficientemente estructuradas- en condiciones de tener, a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y a la Policía Nacional Civil (PNC), en brutal jaque.
A años luz de resolver el desestabilizador problema, la militarización de la lucha antipandillera ha resultado, solamente, en más violencia, en un país harto de guerra-después del conflicto local que, en 1980-1992, cobró más de 70 mil vidas, o alrededor de dos por ciento de la población nacional promedio de entonces-.
La reacción belicista contra la criminalidad -sea común u organizada- ha servido únicamente, para disparar la crueldad -de ambos bandos-.
El caso de México, durante la presidencia (2006-2012) del derechista e incompetente Felipe Calderón, es apenas un brutal ejemplo de ello.
La represión no solamente no resuelve el problema sino que, en realidad, lo agudiza, como también ocurrió con el esfuerzo que -con alto nivel de expectativa y esperanza- Ricardo Maduro lanzó, en Honduras, durante su cuatrienio presidencial (2002-2006).
La Operación Guerra a la Delincuencia, que Maduro anunció, en la noroccidental ciudad hondureña de San Pedro Sula -el principal centro industrial maquilador textil del país-, uno o dos días después de su juramentación, fue la herramienta antidelictiva de la administración que estaba inaugurándose -después de una extremadamente sucia campaña electoral por impedirlo-.
Esa ciudad y Tegucigalpa -la capital nacional-, constituyeron el ámbito de acción inicial, por tratarse de los dos conglomerados urbanos hondureños con los más elevados índices de criminalidad marera.
Pero, entre otros factores contraproducentes, en inmediata respuesta a la iniciativa, altos números de pandilleros empezaron a refugiarse en ciudades y localidades donde no operaban.
Algo más de dos décadas después, en el limítrofe El Salvador, luego de las también fracasadas respuestas militarizadas antimareras, figura, la opción de negociación con lideres mareros, tampoco resultó en la procurada -y eternamente elusiva- paz.
El entonces presidente (2009-2014) Mauricio Funes -quien encabezó el primer gobierno del ex guerrillero e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación nacional (FMLN)-logró, en 2012, una tregua con las dos pandillas históricas -las cuales, de acuerdo con diferentes estimaciones tendrían, ahora, en sus filas, conjuntamente, alrededor de 70 mil integrantes-.
En tal contexto, en 14 meses, los homicidios bajaron, espectacularmente, a la mitad.
Sin embargo, en 2015, el índice de asesinatos, a nivel nacional, se disparó al demencial nivel de 104 por cada 100 mil habitantes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) -que enfocan la violencia, en los países, como un problema de salud pública-, consideran que, a partir del índice de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, en cualquier nación, se considera que la situación es equivalente a una epidemia.
Con el conteo que registró en 2015, El Salvador superó, en el Triángulo Norte, a Honduras y a Guatemala, países que, en esos años, mantuvieron cifras, respectivamente, algo superiores a 90 y a 60 -números, también, preocupantemente elevados-.
De modo que sucesor inmediato, y correligionario, de Funes, el ex comandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén -quien encabezó el segundo gobierno (2014-2019) del FMLN-, anunció, en abril de 2015, la creación de cuatro batallones -tres militares, uno policial- de combate a las pandillas.
La respuesta de los mareros, por la noche -apenas horas después del matutino anuncio presidencial-, fue un letal ataque -con balas y explosivos- contra un puesto de vigilancia militar.
Los batallones, concebidos como de reacción especial e inmediata, fueron integrados, en cada caso, por 1200 efectivos -las unidades de la FAES, a razón de 400 por grupo-, de acuerdo con lo informado, en ese momento, por medios de comunicación nacionales e internacionales.
El área de acción de las nuevas estructuras represivas, estuvo constituida por lo que las autoridades describieron, entonces, como las 50 ciudades salvadoreñas con los más elevados índices de violencia.
Sucesor inmediato de Sánchez Cerén -quien, al igual que Funes, se refugió y naturalizó en la limítrofe Nicaragua, fugado bajo cargos de corrupción-, Bukele -el dictador cool, el millenial autócrata quien usa gorra al revés, y es un oportunista camaleón ideológico- ha declarado -en una evidente acción mediática-, la guerra a las maras.
En tal contexto, entre otras iniciativas, impuso, vía la unicameral Asamblea Legislativa
-que controla, a su antojo, a través de la fuerte mayoría oficialista de diputados-, la figura de Régimen de Excepción -parece que le gustó el autoritario Estado de Emergencia que impuso al inicio de la pandemia, en abril de 2020, incluidas las “retenciones” de sospechosos de portar el virus-.
Ahora, la nueva medida de contingencia -que forma parte del Decreto 333, aprobado el domingo 27 de marzo, por la mayoría bukeleana en el parlamento-, fue la reacción a una de las jornadas de mayor violencia delictiva en la historia nacional reciente: 87 asesinatos ocurridos ese fin de semana -el último del mes-.
La principal fundamentación de la acción aparece en el tercero de los seis considerandos del texto, enunciado en el cual se determina: “que actualmente se ha evidenciado un repunte de hechos violentos en todo el territorio nacional por parte de estructuras delictivas, la cual pone en riesgo la vida y la integridad física de la población”.
Dos puntos más abajo, se establece: “que por esa razón se vuelve necesario que la Asamblea Legislativa adopte medidas de carácter excepcional, para la contención de las graves perturbaciones del orden público, suspendiendo derechos y garantías constitucionales”.
Esto implica dejar -por tiempo indefinido- sin efecto derechos tales como el de reunión, lo mismo que a no declarar en detención, así como la garantía de inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
Además, ampliar, de 72 horas, a 15 días, el período de detención para indagación y presentación a juez.
Conceptualmente, esta manipulación de la legalidad salvadoreña se asemeja a la ilícita reforma que la actual dictadura de Nicaragua aplicó al Código Penal de ese país, cuando, mediante ilegítima legislación aprobada por la genuflexa Asamblea Nacional, extendió ese período, de 72 horas, a 90 días.
En cuanto al texto legislativo salvadoreño, en el primero de los cinco artículos resolutivos, se determina que, ante los alcistas índices de violencia a nivel nacional -en realidad, nada nuevo, en el contexto de violencia en el país-, “el presente decreto tiene por objeto facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos a las instituciones de Seguridad Pública, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador, para restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial”.
También se planteó el “brutal repunte de homicidios por parte de los grupos criminales, que gobiernos anteriores dejaron crecer y mantener el control en las comunidades”, como razón base de la medida.
Por ello, “declárase en todo el territorio nacional ‘Régimen de Excepción’, derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales que atentan contra la vida, la paz y la seguridad de la población salvadoreña”, según lo indicado en el segundo artículo.
En el tercero, se establece que “corresponde a los Ministerios de Justicia y Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, y al Director de la Policía Nacional Civil, coordinar las acciones para dar cumplimiento a las disposiciones del presente decreto”.
Ello, “de acuerdo a las necesidades de recursos humanos y materiales indispensables para el efectivo cumplimiento de las medidas de seguridad y resguardo de la población, así como la coordinación de medidas pertinentes para recuperar la seguridad del territorio”.
La vigencia inicial del Régimen de Excepción fue fijada en treinta días, aunque, de acuerdo con las prórrogas -absolutamente previsibles-, ese plazo se ha extendido -apenas en el primer trimestre desde la aprobación de la medida de fuerza-, por períodos de 30 días, sucesivamente, el 25 de abril, el 25 de mayo, y el 25 de junio.
A nivel gubernamental, son recurrentes las expresiones de satisfacción ante lo que se presenta como el completo éxito de la medida de fuerza.
Al igual que el papel, la historia oficial soporta lo que se le escriba.
En ese sentido, en un comunicado que emitió el 22 de junio, la presidencia salvadoreña aseguró que, “en menos de tres meses de implementación de las medidas del régimen de excepción”, la administración de Bukele ha logrado “cifras históricas en el combate a las pandillas terroristas que por décadas asesinaron, extorsionaron y cometieron brutales actos criminales en contra de los salvadoreños”.
El gobierno utiliza las expresiones “terrorismo” y “terroristas”, para referirse a las pandillas y a los pandilleros -a las maras y a los mareros-.
Las sucesivas ampliaciones a la vigencia del Régimen de Excepción, permiten, a la administración, “continuar sacando terroristas de las calles y garantizar la seguridad de los salvadoreños en todo el territorio nacional”, según lo afirmado en el texto de ocho párrafos, titulado “Gobierno obtiene históricos resultados en menos de tres meses de implementación del régimen de excepción”.
En tal sentido, se informó que -a esa fecha- “los resultados de la implementación del régimen de excepción han dejado a 41,726 pandilleros capturados, entre estos seis cabecillas, se ha confiscado más de mil vehículos, $177.000 (dólares) en porciones de drogas y más de $1.6 millones (de dólares) en productos de actividades ilícitas como la extorsión”, y “se han decomisado miles de celulares y armas de fuego de todo calibre”.
Citado en el comunicado, el director de Centros Penales, Osiris Luna, aseguró que “el régimen de excepción está logrando resultados innegables con el objetivo de llevar tranquilidad a los salvadoreños: más de 41 mil terroristas arrestados y más de 900 grafitis borrados”.
Al momento de la redacción de esta nota -semanas después de emitida ese texto presidencial-, el número de detenidos en ese marco es algo superior a 46,600.
Por ello, en la también triunfalista opinión de Luna, “la guerra contra las pandillas, que estamos ganando, continúa”.
En el contexto de ese enfrentamiento, Bukele anunció, un día antes, el inicio de la construcción -lejos de áreas urbanas- de una nueva instalación penitenciaria: el Centro de Confinamiento del Terrorismo.
Se trata de “un gigantesco centro penitenciario que vendrá a reforzar las acciones de seguridad que se ejecutan en el marco del Plan Control Territorial, que está brindando excelentes resultados en la reducción de la criminalidad”, dijo.
Según el mandatario, “en esta guerra contra las pandillas, y gracias al Régimen de Excepción, hemos arrestado (al 21 de junio) a más de 40,000 terroristas, pero aún falta camino por recorrer”.
Asimismo, precisó que “el recinto (penitenciario) se construye fuera de las ciudades, en una propiedad del Estado e incluye varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia, que hará imposible la fuga de los criminales que guarden prisión en este lugar”.
De acuerdo con datos oficiales, actualmente, al ser detenidos, los mareros -al igual que sus colaboradores- son recluidos en diferentes centros penales, a nivel nacional, lo que, según el gobierno, amerita la construcción de la nueva y máximamente segura instalación penitenciaria.
Esa línea de razonamiento está, implícitamente, revelando que, para la autocracia bukeleana, tener una megacárcel urge más que construir viviendas de interés social en un país con pobreza de casi 23 por ciento, y pobreza extrema de casi nueve por ciento -o sea, bastante más de un millón y medio de personas-, de acuerdo con datos oficiales.
La pobreza es un componente central de la crisis socioeconómica que golpea a El Salvador, de modo que el combate a ese brutal fenómeno resulta esencial para cualquier esfuerzo por erradicar el pandillerismo.
Pero el gobierno sostiene que, desde la imposición del Régimen de Excepción, el país centroamericano viene registrando una serie de días -consecutivos- sin homicidios-contabilidad que no incluye las bajas que las fuerzas de seguridad están causando en la represión antimarera-.
En un comunicado que emitió el 23 de junio, la presidencia salvadoreña aseguró que “parte del éxito del Plan Control Territorial (…) son los 140 días sin homicidios a escala nacional que se acumulan en los primeros tres años del Gobierno”.
Al día siguiente, el inocultadamente probukelista Diario La Huella informó que “tras la puesta en marcha del Plan Control Territorial y la prórroga, por 30 días más del Régimen de Excepción, las autoridades de Seguridad Pública han sacado de circulación a más de 42,000 pandilleros que operaban a nivel nacional”.
“Además, se contabilizan 140 días sin homicidios en el país, gracias a la operatividad de las Fuerzas de Seguridad Pública, de los cuales, 42 días sólo en lo que tiene de estar en vigor el Régimen de Excepción, medida que ha sido respaldada y aplaudida por el 97 % de los salvadoreños, según diferentes estudios de opinión”, agregó el medio de comunicación salvadoreño -obviamente, sin detallar la autoría o las autorías de esos muestreos-.
Al ahondar en la reacción de los salvadoreños ante la imposición del Régimen de Excepción -enmarcado en el escasamente conocido Plan Control Territorial-, el gobierno plantea que, de acuerdo con los resultados de diferentes encuestas de opinión, la medida es bien recibida por la abrumadora mayoría de la población.
Según ese dato, en promedio, “nueve de cada diez salvadoreños dicen que la delincuencia ha disminuido”.
Pero el costo, de acuerdo con diferentes denuncias de sectores de sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos humanos -locales e internacionales-, es alto -en cuanto a garantías fundamentales-.
Al respecto, citada en un comunicado que la no gubernamental Amnistía Internacional (AI) emitió el 25 de abril, la directora de la organización, para las Américas, la mexicana-estadounidense Erika Guevara, denunció que, a partir de la puesta en vigencia del Régimen de Excepción, “el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña”.
“Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos”, agregó.
“En El Salvador de hoy día, niños y niñas de entre 12 y 16 años pueden ser condenados a penas de hasta 10 años de prisión, las personas de comunidades marginadas pueden ser detenidas arbitrariamente sin derecho a defensa jurídica”, señaló.
Además, “las personas presas pueden estar recluidas sin alimentos y aire suficientes, y las y los periodistas pueden ser encarcelados por el solo hecho de informar de actividades relacionadas con las pandillas”, continuó revelando.
“El gobierno debe cesar en su actitud hostil contra la sociedad civil y la comunidad internacional y reconocer los terribles efectos de sus políticas para los derechos humanos”, recomendó Guevara, una abogada especialista en derechos humanos, además de activa feminista.
Por su parte, en declaraciones que formuló, el 13 de abril, el sacerdote jesuita José María Tojeira, un español naturalizado salvadoreño, denunció arbitrariedad, al igual que violaciones a los derechos humanos, en el contexto de las detenciones enmarcadas en el Régimen de Excepción.
El religioso, un ex rector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), justificó, entrevistado por la local Radio YSUCA, la lucha contra las pandillas, “pero no de esta manera”.
“Estamos ante una situación puramente reactiva, y no ante una situación que ponga las bases para una prevención de la violencia y una prevención de la violencia y del delito”, aseguró, a la emisora de ese centro de estudios superiores.
“Tenemos una tendencia, fuerte, a los castigos generales, que son una barbaridad y fuente de violaciones de derechos”, reflexionó, para agregar que “eso es lo que hay”.
“Mucha gente está sufriendo, porque se la llevan sin ningún motivo, y sin ningún hecho que justifique haberlos detenido”, precisó.
“En estos casos de detención masiva (…) con silencio administrativo, con restricción de información”, lo que se genera “es una exageración y una muestra de autoritarismo y violación de derechos de las personas, bastante fuerte”, planteó.
“A mí me recuerda la guerra”, aseguró, además de puntualizar que “parece que es llevar una situación de delincuencia a una situación de guerra, y que es bastante exagerado”.
“Es peligroso que se justifique la brutalidad”, advirtió.
En opinión de Tojeira, “hay que cambiar los castigos generales”, porque, en el contexto presente, “el criminal queda en la misma condición que los que no han cometido crímenes”, advirtió.
“Todas las dictaduras han realizado castigos generales: eso es lo contrario de las democracias”, explicó.
Entre las voces críticas de la presente actuación represiva gubernamental, en conferencia de prensa llevada a cabo el 24 de junio, el encargado de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Patrick Ventrell, denunció que “el Régimen de Excepción, es una política insostenible”, y que, por lo tanto, “no puede seguir para siempre”.
Lo expresado por el diplomático, es reflejo de la visiblemente tensa relación existente entre el régimen de Bukele y la administración del presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden.
Además, el planteamiento de Ventrell, coincide, en cierta medida, con algunos análisis que -en el mejor de los casos- muestran escepticismo en cuanto a la eficacia del Régimen de Excepción, lo mismo que del Plan Control Territorial (PCT) -iniciativa, la segunda, cuya existencia, más allá del papel, ponen en duda-.
En la nota analítica sobre el tema, que, titulada “El espejismo del Plan Control Territorial”, publicó al inicio de 2022 -el 3 de febrero-, el medio de comunicación feminista salvadoreño Alharaca, aseguró que, “el PCT no está detrás de la caída drástica de los homicidios”, aunque es “el Plan que, según la actual administración, ha mantenido a raya a las pandillas”.
El plan fue anunciado -y escuetamente explicado-, la mañana del 28 de enero de 2021, tras lo cual el gobierno lo ha mantenido en secreto, denunció Alharaca.
Según la publicación, esa política pública en materia de seguridad “es un documento elaborado por dos asesores extranjeros (venezolanos opositores) que retoma apuestas de gobiernos anteriores”.
“Alharaca y (el diario salvadoreño) La Prensa Gráfica accedieron a dos copias de la política pública que han sido validadas, con la condición de anonimato, por funcionarios, representantes de la comunidad internacional y de la sociedad civil que conocieron de su elaboración y presentación”, precisó el primero de los dos medios.
“Los contenidos en ambos documentos, obtenidos a través de distintas fuentes no relacionadas entre sí, coinciden con los presentados aquella mañana”, puntualizó, además.
“Esa fue apenas la primera y única presentación oficial de una política que, según las cuentas del Gobierno, tenía ya un año y medio en ejecución”, aclaró.
“De hecho, un año antes de esta reunión, en febrero de 2020, el presidente Nayib Bukele se tomó el plenario de la Asamblea Legislativa, acuerpado por militares fuertemente armados, paras presionar por el financiamiento de una ‘tercera fase’ del Plan”, recordó, a continuación.
Ambos medios de comunicación proporcionaron “el documento elaborado por los asesores venezolanos a Luis Enrique Amaya, uno de los expertos en seguridad pública más citados en la región, y que posee dos décadas de trayectoria”, informó Alharaca.
“Él es concluyente: ‘armaron una especie de collage o paráfrasis de las políticas de seguridad (de gobiernos anteriores) que no funcionaron’, apunta”, según el medio de comunicación.
“Lo que se está ejecutando hoy por hoy, explica Dina Martínez, de FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho), no es una política integral de seguridad”, agregó la publicación.
“Porque, mientras no se haga una intervención integral en temas de prevención y de acceso a servicios, El Salvador seguirá experimentando repuntes de homicidios”, señaló la dirigente de la local oenegé promotora y defensora de los derechos humanos.
También citada en la nota analítica de Alharaca, Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (Sspas) -organización católica creada en 2001, en El Salvador-, “el Gobierno no tiene un Plan sino una estrategia comunicacional”.
