En un esfuerzo por garantizar la calidad, accesibilidad y equidad en la prestación de servicios públicos en Costa Rica, la Ley N° 7593 establece la creación y regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Este organismo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, fue diseñado para salvaguardar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de servicios.
Constitución y Objetivos Fundamentales
El primer capítulo de esta ley delineó la transformación del Servicio Nacional de Electricidad en la Autoridad Reguladora, otorgándole autonomía técnica y administrativa. Además, se establecieron objetivos claros, entre ellos, armonizar los intereses de los consumidores y los prestadores de servicios, asegurar la prestación óptima de los servicios públicos y coadyuvar con la protección del medio ambiente.
Funciones y Atribuciones
La Autoridad Reguladora se encarga de regular y fiscalizar a los prestadores de servicios públicos, asegurando el cumplimiento de normas de calidad, confiabilidad y continuidad. Entre sus obligaciones se encuentran fijar tarifas justas, velar por el buen manejo de los recursos naturales y resolver conflictos en el ámbito de su competencia.
Régimen de Prestadores de Servicios Públicos
La ley establece que para prestar servicios públicos, los entes deben obtener una concesión o permiso del ente público competente, y ninguna entidad puede operar sin que la Autoridad Reguladora haya fijado previamente las tarifas. Además, se prohíbe la discriminación, los monopolios, promoviendo la igualdad de acceso y la competencia justa en el mercado.
Protección del Medio Ambiente y Participación Ciudadana
La Ley N° 7593 también prioriza la protección del medio ambiente, exigiendo estudios de impacto ambiental para la autorización de servicios públicos. Asimismo, establece mecanismos de participación ciudadana, como audiencias públicas, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones.
Conclusiones
La Ley N° 7593 de Costa Rica, con sus disposiciones detalladas y orientadas al bienestar público, representa un importante marco regulatorio para los servicios esenciales en el país. Su enfoque en la equidad, la transparencia, la protección ambiental refleja el compromiso del gobierno con el desarrollo sostenible y el bienestar de sus ciudadanos.
