San José, Costa Rica – En un país que se enorgullece de su tradición democrática y su compromiso con los derechos humanos, un recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional pone en el centro del debate la situación de los trabajadores migrantes y su exclusión de la participación plena en las juntas directivas sindicales.
El recurso, identificado como N. 24-035708-0007-CO, fue interpuesto por Lenin Antonio Pérez Guzmán, con el respaldo de José Luis Castro Vásquez, Secretario General del Sindicato Unión de Trabajadores del Sector Agrícola del Atlántico (UNTRAATLA). Ambos abogan por la defensa y restitución de derechos fundamentales, señalando cómo disposiciones legales y prácticas administrativas han marginado a los trabajadores migrantes, particularmente en sectores vulnerables como la agroindustria.
Restricciones constitucionales y exclusión sindical
La Constitución Política de Costa Rica garantiza la igualdad ante la ley y la libertad de asociación, pero las normativas actuales restringen la participación de extranjeros en cargos directivos de organizaciones sindicales. Según el recurso, estas limitaciones afectan especialmente a migrantes que, aun después de solicitar su naturalización, enfrentan procesos burocráticos prolongados que los excluyen de la representación y negociación sindical.
José Luis Castro, quien tiene más de tres décadas de experiencia en el sector agrícola, señaló: “Estas restricciones perpetúan la desigualdad y agravan la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes frente a prácticas laborales injustas.”
Condiciones laborales precarias
El recurso también expone la realidad que enfrentan los trabajadores migrantes en el sector agroindustrial. Jornadas extenuantes, salarios bajos, vivienda inadecuada y exposición a agroquímicos son problemas comunes. Según Castro, la exclusión de los migrantes en las juntas de directivas de sindicatos les impide negociar mejoras significativas en estas condiciones laborales, lo cual viola tanto la Constitución costarricense como los convenios internacionales ratificados por el país.
Obligaciones internacionales no cumplidas
Costa Rica ha ratificado acuerdos como el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la OIT y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes. Sin embargo, el recurso denuncia un incumplimiento sistemático de estas obligaciones. Las restricciones legales y las condiciones laborales precarias son inconsistentes con los principios de trabajo decente e igualdad de trato establecidos en estos tratados.
El impacto social y económico
El recurso subraya que estas prácticas no solo afectan a los trabajadores migrantes, sino que también tienen consecuencias para la cohesión social y el desarrollo económico del país. La exclusión y la discriminación estructural limitan el progreso hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.
Lo que se solicita a la Sala Constitucional
El recurso solicita que la Sala Constitucional:
- Declare con lugar el amparo interpuesto, reconociendo la violación de derechos fundamentales.
- Ordene al Registro Civil agilizar el proceso de naturalización de Lenin Antonio Pérez Guzmán.
- Recomiende al legislador reformar las disposiciones legales que restringen la participación de migrantes en sindicatos.
Un llamado a la inclusión
La lucha de UNTRAATLA representa un esfuerzo por construir un país más justo, donde la igualdad y la inclusión no sean meras palabras en un papel, sino realidades tangibles para todos sus habitantes. Este caso, que pone a prueba el compromiso de Costa Rica con los derechos humanos, plantea una pregunta fundamental: ¿Es posible hablar de democracia plena mientras existan barreras legales y administrativas que perpetúen la desigualdad?
La decisión de la Sala Constitucional será crucial no solo para los trabajadores migrantes, sino para el futuro del país como una sociedad verdaderamente inclusiva.
