Cuando la frontera se expande: el avance del control migratorio en el interior de Estados Unidos
Por Periódico Informativo JBS – Internacionales
Lo que hoy ocurre en ciudades del interior de Estados Unidos como Minneapolis, Chicago o Nueva Orleans ya fue advertido hace más de tres décadas desde la frontera sur del país. Comunidades que antes observaban los abusos del control migratorio a distancia ahora los viven en carne propia: retenes, interrogatorios por perfil racial, operativos armados y una presencia federal que muchos califican como intimidante.
La frase “la frontera se convertirá en la nación” dejó de ser una advertencia para convertirse en una realidad palpable. Así lo sostienen organizaciones de derechos humanos que recuerdan episodios ocurridos en El Paso, Texas, a inicios de la década de 1990, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron entrenadores escolares, interrogaron estudiantes dentro de centros educativos y persiguieron vehículos en zonas residenciales, bajo el único criterio de la apariencia étnica.
Un precedente que vuelve a repetirse
En 1992, una demanda colectiva presentada por residentes de El Paso logró frenar prácticas abusivas de la Patrulla Fronteriza, sentando límites claros a su actuación y obligando a una mayor rendición de cuentas. Aquella victoria judicial permitió establecer canales de diálogo entre la comunidad y las autoridades federales, reduciendo significativamente las denuncias por violaciones de derechos civiles.
Sin embargo, ese modelo de cooperación parece haberse debilitado. En los últimos años, especialmente bajo políticas de endurecimiento migratorio, agentes entrenados para operar en la frontera han sido desplegados en ciudades alejadas de ella, con tácticas que recuerdan a escenarios de militarización.
La “zona fronteriza” que cubre dos tercios del país
Uno de los aspectos menos conocidos del sistema migratorio estadounidense es la existencia de una franja de 100 millas desde cualquier frontera terrestre o costa, dentro de la cual las autoridades federales cuentan con facultades ampliadas. Esta zona no solo incluye localidades fronterizas, sino también grandes metrópolis como Nueva York, Los Ángeles, Boston, Miami y Seattle.
En ese vasto territorio —donde viven más de 200 millones de personas— agentes pueden instalar retenes, subir a medios de transporte público e interrogar sobre estatus migratorio sin orden judicial, lo que ha generado cuestionamientos constitucionales y múltiples acciones legales impulsadas por organizaciones civiles y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
ICE y Patrulla Fronteriza: dos agencias, un mismo impacto
Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es el rostro más visible de las deportaciones masivas, en muchos operativos recientes han participado agentes de la Patrulla Fronteriza, identificables por sus insignias y su equipamiento táctico. Esta presencia ha generado confusión y alarma entre las comunidades migrantes, que denuncian un clima de miedo permanente.
Autoridades federales defienden los operativos alegando razones de seguridad nacional y combate al crimen organizado. No obstante, líderes locales y funcionarios municipales advierten que estas acciones están afectando a personas trabajadoras, estudiantes y familias enteras, incluyendo ciudadanos estadounidenses, que temen desplazarse por la ciudad.
Demandas, protestas y memoria histórica
En enero reciente, organizaciones de derechos civiles presentaron nuevas demandas contra agencias federales por presuntos patrones sistemáticos de detenciones basadas en perfil racial. Paralelamente, autoridades estatales han cuestionado la legalidad de estos despliegues, calificándolos como una intromisión federal excesiva.
Para quienes vivieron los abusos de los años noventa en la frontera sur, la situación actual resulta inquietantemente familiar. La historia, advierten, parece repetirse, solo que ahora el escenario ya no es únicamente la frontera, sino el corazón mismo de las ciudades estadounidenses.
“El problema no es solo la aplicación de la ley, sino la normalización del miedo”, señalan activistas. Y concluyen con una advertencia clara: una sociedad que se acostumbra a vivir bajo vigilancia permanente corre el riesgo de perder libertades fundamentales sin darse cuenta.
