La imagen de Rodrigo Chaves y Nayib Bukele colocando juntos la primera piedra de una megacárcel en Costa Rica no es un gesto aislado ni neutro.
Es un acto profundamente político, cargado de simbolismo autoritario y de consecuencias que van mucho más allá de la infraestructura penitenciaria.
Bajo el discurso de la “seguridad” y la “lucha contra el crimen organizado”, ambos presidentes escenificaron una alianza que normaliza la suspensión de derechos, la criminalización preventiva y el uso del miedo como herramienta de gobernabilidad.
Bukele llegó a Costa Rica no solo como jefe de Estado, sino como modelo exportable de mano dura, promovido activamente por sectores políticos y mediáticos de la región.
Su intervención fue reveladora: elogió el régimen de excepción salvadoreño y el CECOT como si fueran éxitos incuestionables, omitiendo deliberadamente las múltiples denuncias internacionales por detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, torturas, muertes bajo custodia y la eliminación práctica de garantías constitucionales.
Cuando Bukele afirma que El Salvador es “el país más seguro del hemisferio”, no habla de seguridad ciudadana con derechos, sino de control social mediante encarcelamiento masivo.
Rodrigo Chaves, lejos de marcar distancia crítica, se alineó sin matices con ese enfoque. El proyecto del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), con una inversión de más de 16.700 millones de colones y capacidad para 5.100 personas privadas de libertad, refleja una apuesta política por el castigo extremo antes que por la prevención, la justicia social o el fortalecimiento institucional. La descripción oficial —fortines de vigilancia, celdas de aislamiento, control interno permanente— confirma que no se trata de rehabilitación, sino de encierro total.
Más grave aún es el anuncio de Chaves de impulsar reformas legales para criminalizar la pertenencia a bandas, abriendo la puerta a un derecho penal de autor: no se castigan hechos probados, sino identidades, presunciones y vínculos.
Esta lógica erosiona el principio de presunción de inocencia y acerca peligrosamente a Costa Rica a prácticas propias de Estados policiales, incompatibles con su tradición democrática.
El discurso gubernamental costarricense, que contrapone a “víctimas desprotegidas” con “delincuentes complacidos por la ley”, es una simplificación populista que oculta la responsabilidad del Estado en la exclusión social, el narcotráfico transnacional, la corrupción y el abandono de comunidades enteras.
Presentar los procesos judiciales como “fríos y crueles” para justificar atajos autoritarios no es reformar la justicia: es deslegitimarla.
La visita de Bukele, además, se dio en un contexto políticamente sensible, a pocos días de elecciones presidenciales en Costa Rica.
Aunque el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó el recurso de amparo presentado por ciudadanos, el hecho político permanece: un presidente extranjero con una agenda autoritaria fue utilizado como respaldo simbólico para una política interna de endurecimiento penal.
Lo ocurrido no es solo la colocación de una piedra, sino la colocación de un precedente. Chaves y Bukele apuestan por una seguridad sin derechos, por cárceles como solución mágica y por el miedo como cemento político.
La historia latinoamericana demuestra que ese camino no reduce estructuralmente la violencia: solo fortalece el poder ejecutivo, debilita el Estado de derecho y normaliza el autoritarismo bajo el aplauso momentáneo de la desesperación social.
