Trabajo elaborador con la colaboración de Lorraine María Vargas Barrantes
En la esquina de una plaza en Alajuelita, bajo la sombra incierta de un toldo plástico, doña Mery vende empanadas desde hace 22 años. Su jornal comienza a las cinco de la mañana, cuando enciende el fogón, y termina a las seis de la tarde, cuando recoge los restos del día y los vuelve a guardar en una vieja hielera de tecnopor. Lo que no se vende, se come. Lo que se vende, se reinvierte. De ganancia, pocas veces hay más que esperanza.
Mery no tiene aguinaldo, vacaciones, seguro, ni salario mínimo. Como ella, casi la mitad de la fuerza laboral del país se encuentra en la informalidad, según datos del INEC. Son costarricenses que trabajan sin contratos, sin garantías, sin voz. Se trata, en palabras sencillas, de personas sin derechos laborales en la práctica, aunque el Código de Trabajo diga lo contrario.
Entre el ingenio y la precariedad
En los mercados, en las ferias, en las casas ajenas como empleadas domésticas o cuidadores informales, las personas en situación de empleo informal sostienen silenciosamente buena parte de la economía costarricense. Sin embargo, su aporte sigue sin reconocerse ni en las políticas públicas ni en la estructura tributaria. En lugar de incentivo, reciben inspección; en lugar de solidaridad, estigmatización.
«Yo no quiero que me regalen nada. Solo quiero que mi trabajo valga», dice don Marvin, quien arregla electrodomésticos en Desamparados y ha sido desalojado tres veces de la acera desde donde ofrece sus servicios. A sus 57 años, ha cotizado solo tres, y teme que, al enfermar, no tenga a dónde acudir. “¿Qué hago si me enfermo y no tengo plata? No me puedo morir todavía”.
Mujeres, migrantes y juventudes: los más golpeados
Los rostros de la informalidad no son los mismos en todo el país. La mayoría son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar; también personas migrantes y jóvenes sin oportunidades de primer empleo. La falta de educación, de redes de apoyo, de políticas activas de empleo y la burocracia para formalizar pequeños emprendimientos profundizan el ciclo de pobreza.
“No es que no queramos formalizarnos, es que nos piden hasta lo que no tenemos para poder hacerlo”, relata Ana Lucía, migrante nicaragüense que ofrece servicios de limpieza y cuida adultos mayores. “Un permiso de trabajo, una cédula al día, un fiador, una carta de residencia… si todo eso tuviera, no estaría en esta situación”.
¿Dónde queda el Estado social de derecho?
La informalidad laboral no es una elección: es un síntoma. Y su extensión revela un Estado que, lejos de proteger, ha abandonado a quienes no encajan en el molde del “empleo formal”. La estructura tributaria castiga a los más pobres mientras exime a los grandes evasores; la seguridad social se vuelve inaccesible para quienes más la necesitan; y la política pública olvida la cotidianidad de los márgenes.
Costa Rica se precia de ser un país de paz y derechos, pero poco habla de las contradicciones de su modelo económico: la flexibilización del trabajo, la tercerización de servicios públicos, el recorte a programas sociales y la exclusión tecnológica como nueva forma de desigualdad.
Humanizar el trabajo: una tarea urgente
No se trata solo de números ni de PIB. Se trata de personas. De vidas que valen. De trabajos que sostienen comunidades enteras y que, sin embargo, son tratados como si no existieran.
El país necesita políticas integrales que no criminalicen la informalidad, sino que la comprendan, la regulen y la dignifiquen. Desde el acceso simplificado a la seguridad social hasta la promoción de cooperativas, ferias solidarias y formas alternativas de empleo, hay caminos posibles si se escucha a quienes hoy han sido sistemáticamente excluidos.
Mery, Marvin y Ana Lucía no están pidiendo caridad. Piden reconocimiento. Dignidad. Derecho a existir y trabajar con la frente en alto. Y, quizás, un día, poder descansar.
