El impacto de la crisis migratoria en Estados Unidos ha exacerbado un problema creciente: el empleo infantil. En 2023, el Departamento de Trabajo de EE.UU. verificó cerca de 6.000 casos de menores trabajando ilegalmente, muchos de ellos migrantes latinos no acompañados.
Un caso reciente en Luverne, Alabama, ilustra esta problemática. Una niña de 13 años operaba una máquina en la planta de Smart, que suministra componentes para la fábrica de Hyundai. Trabajó entre 50 y 60 horas semanales durante al menos seis meses, según una demanda del Departamento de Trabajo. Este caso, que involucra a Hyundai y sus proveedores, subraya la explotación laboral infantil en el propio territorio estadounidense.
La demanda, aunque infrecuente, destaca la responsabilidad compartida entre las grandes empresas y sus proveedores. Hyundai defiende que el trabajo infantil va en contra de sus valores, pero el Departamento de Trabajo ha observado un aumento en las violaciones a la Fair Labor Standard Act de 1938, que regula el trabajo de menores. En 2023, se investigaron casos que afectaron a 5.792 niños, muchos en ocupaciones peligrosas.
Investigaciones de Reuters y The New York Times revelan que muchos niños trabajadores en fábricas son migrantes latinos no acompañados. Estos menores enfrentan presiones únicas debido a su estatus migratorio precario, lo que los lleva a aceptar trabajos peligrosos y mal remunerados. Nina Mast, analista del Economic Policy Institute (EPI), explica que estos jóvenes, sin guardianes que velen por su bienestar, son más vulnerables. Daniel Costa, también del EPI, añade que las multas por violaciones laborales son insuficientes y no disuaden a las empresas.
El sistema está sobrecargado y subfinanciado, con menos de 800 investigadores laborales para supervisar un mercado de 160 millones de personas. Tara Watson, del Brookings Institution, aboga por elevar las multas y perseguir criminalmente a las empresas, no solo a los gestores intermedios. También sugiere mejorar la aplicación de la ley y aumentar el personal del Departamento de Trabajo, cuyo financiamiento no se ha actualizado desde 2006.
Además, hay propuestas para eliminar la responsabilidad criminal de los padres y ofrecer incentivos monetarios a las familias que reporten violaciones laborales. En un reciente acuerdo, una procesadora de pollos en Los Ángeles fue obligada a entregar un millón de dólares en beneficios obtenidos a través del trabajo infantil a los menores afectados.
Para frenar esta crisis, se sugieren varias medidas: aumentar el salario mínimo sin discriminación por edad, apoyar a los trabajadores para que puedan denunciar condiciones laborales ilegales y permitir reportes anónimos. En 2023, el Departamento de Seguridad Nacional formalizó un proceso de acción diferida para proteger de la deportación a trabajadores migrantes víctimas de violaciones laborales, aunque muchas medidas requieren acción del Congreso, lo que complica su implementación.
En algunos estados, se están tomando medidas para reforzar las leyes laborales, aunque también hay intentos de debilitarlas. En Florida, por ejemplo, se consideró permitir que menores trabajaran en escaleras y tejados, algo prohibido a nivel federal. Este es solo un ejemplo de los cambios que algunos legisladores buscan implementar, lo que podría agravar la situación del trabajo infantil en Estados Unidos.
El empleo infantil es una realidad alarmante que requiere acción urgente y coordinada de todas las partes involucradas. La crisis migratoria ha amplificado esta problemática, y es crucial abordar este desafío con soluciones efectivas y comprensivas.
