Alberto Cabezas/Foto-Medios
“La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos de Costa Rica (OIDH-CR) ha venido abordando, desde una perspectiva crítica, algunos de los principales problemas que viene enfrentando la sociedad costarricense a lo largo de este año. Nos ha parecido oportuno realizar un análisis del tema económico para lo cual hemos invitado a dos economistas jóvenes para que nos informen acerca de los retos y desafíos que enfrentamos en este campo para este próximo 2 de octubre a las 6 pm, mediante un conversatorio virtual con los economistas Sofía Guillén y Pablo Abarca quienes estarán discutiendo junto con nuestro presidente Marco Castillo Rojas acerca de esta temática. Desde ya invitamos a todas las personas a participar de esta actividad a través del Facebook oidhcr” aseguro Rodrigo Campos, integrante de Organización Interseccional Pro Derechos Humanos de Costa Rica.
Con Campos conversó el Periódico Informativo JBS.
Entrevista
¿Cuáles son los retos de la economía costarricense?
En esta coyuntura, los retos de nuestra economía son enormes, la pandemia ha profundizado la crisis económica y según el Banco Central nuestra economía, que se esperaba iba a crecer este año, decrecerá un 5% por efecto del Covid-19.
Tenemos más de medio millón de personas desempleadas, y los ingresos que sostienen al Estado y sus servicios también se han caído, al mismo tiempo que han incrementado los gastos en salud, atención a la emergencia y en protección social para quienes han perdido sus empleos.
Esta situación ha obligado al gobierno del presidente Alvarado Quesada a entablar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el fin de acceder a un préstamo de 1.750 millones de dólares con el que el país pretende sanear, al menos en parte, las delicadas finanzas públicas que sostiene en la actualidad.
Ante este panorama, la propuesta detalla medidas como la reducción del costo de las cargas sociales para las empresas en al menos 5 puntos porcentuales durante cuatro años. Esta acción permitirá reducir los costos de la contratación y estimular el empleo.
Además, no afectará las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, que siempre recibirá los recursos, financiados con el 1% del PIB de la recaudación del impuesto de las transacciones financieras.
Asimismo, se reducirá la deuda pública en 6 puntos porcentuales del PIB con el fin de cambiar el ciclo del endeudamiento y el enorme pago de los intereses que ha tenido el país en las últimas décadas.
Otras cuatro medidas para promover el empleo y el crecimiento económico son la disminución de los costos de electricidad, las reformas para la promoción y creación de empleo, el Programa de Recursos Digitales al servicio de la Comunidad Educativa y el plan de alianzas público privadas para la inversión pública.
También se prevé la devolución del IVA de la canasta básica al 20% más pobre de la población costarricense, con lo cual tendrán más dinero disponible para atender sus necesidades.
Se han propuesto un conjunto de medidas fiscales permanentes y temporales.
El tributo a las transacciones electrónicas y cheques es parte de las 9 medidas fiscales temporales en ingreso, gasto y activos.
Con esto se cobrará durante cuatro años una pequeña tarifa a todas las transacciones bancarias y de valores.
Los dos primeros años será del 0,3%; es decir en una transacción de ¢10.000 se pagará ¢30 y en una de ¢100.000, ¢300.
En los siguientes dos años, el cobro se bajará a un 0,2%; o sea, se pagarían ¢20 en una transacción de ¢10.000 y ¢200 en la de ¢100.000.
Asimismo, se proyecta que con este impuesto se pueda financiar lo que se dejará de recibir por cargas sociales y la reducción de la deuda pública.
Otra de las medidas temporales es el impuesto extraordinario sobre la renta a salarios (y pensiones), utilidades y remesas al exterior.
En el caso de los salarios, este tributo extraordinario no afectará a salarios menores de ¢840.000. ¿En qué casos aplica?
Se cobrará un 2,5% adicional a los ingresos mayores de ¢840.000, un 5% extra para ingresos superiores a ¢1.233.000 y un 10% adicional a los ingresos superiores a los ¢4.325.000.
En cuanto a las utilidades, no aplica para aquellas personas o empresas que no perciban utilidades.
En el caso de las personas físicas con actividades lucrativas aquellas que tengan rentas netas mayores a los ¢3.638.000 se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales a 10 puntos porcentuales en el último tramo.
A las personas jurídicas con una renta bruta superior a los ¢109.228.000, se le aplicará una tarifa adicional de los 6 puntos porcentuales sobre su utilidad neta.
Para aquellas personas jurídicas con ingresos brutos inferiores a ¢ 109.228.000, por los primeros ¢5.143.000 de utilidad neta se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales en el primer tramo, a 10 puntos porcentuales adicional en el último tramo.
Además, se cobrará un 5% para remesas al exterior a todas las rentas de fuente costarricense de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Costa Rica.
También se proponen el aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en 0,50 puntos porcentuales y la eliminación de exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital y SUTEL, entre otras.
También se contempla un programa de reducción de gastos.
Todas estas medidas van acompañadas de las diversas iniciativas y esfuerzos realizados por el Gobierno para reducir los gastos.
Algunas de las propuestas en este ámbito son el cierre o fusión de órganos desconcentrados, la eliminación de anualidades, la reducción de la deuda política en 50%, el proceso de movilidad voluntaria de funcionarios públicos y venta de activos como FANAL y BICSA.
Obviamente, estas medidas han causado un descontento general en muchos de los sectores empresariales, sindicales y en general en la sociedad y se anuncian grandes movilizaciones en contra de estas medidas al ser consideradas como antipopulares.
¿Se debe aprobar más impuestos?
Sí, pero a los sectores empresariales que registran enormes utilidades y riqueza.
No así a las clases medias y populares.
El mejor escenario sería cobrar impuestos desde una lógica progresiva que permita que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres, pues el mayor peso de la crisis actual lo llevan los sectores medios y bajos de la sociedad.
Por lo que no es de recibo la consigna NO MÁS IMPUESTOS. 
¿Cómo crear entradas económicas a las arcas del estado y principalmente a la seguridad social?
No soy experto en temas económicos, pero me parece que una salida sería establecer una lógica progresiva en el cobro de impuestos y el establecimiento de medidas más efectivas para evitar la evasión y la elusión fiscal.
Sabemos que existe una gran cantidad de empresas privadas que adeudan al Estado miles de millones en impuestos, además que el Estado ha exonerado a muchas de ellas, lo cual a todas luces no puede ser permitido.
Mientras se grava con más impuestos a sectores sociales que ya no pueden responder a esta constante presión.
