Los pronósticos para la más reciente votación presidencial, en Guatemala, eran de un habitual choque entre representantes de la desprestigiada clase política chapina.
En este caso, los favoritos, según las encuestas de intención de voto más próximas al 25 de junio -día del sufragio-, eran dos candidatas y un candidato, en el arco político desde la derecha hasta la extrema derecha, pasando por el centro.
En orden de popularidad decreciente ratificado en el último muestro -cuyos números fueron revelados el 22 de junio-, la centroderechista Sandra Torres, el derechista Edmond Mulet, y la ultraderechista Zury Ríos -respectivamente con 21.3, 13.4, y 9.1 por ciento- eran los llamados a dirimir la contienda de este año por el más codiciado empleo en el país centroamericano.
Pero la clase política tradicional guatemalteca, la sobreviviente a las décadas de sanguinarios y corruptos regímenes de facto, se confió, y consideró que su habitual impunidad, garante de corrupción ilimitada, le garantizaría un incuestionado nuevo zarpazo a la lucrativa institucionalidad nacional.
Los tres favoritos garantizaban la continuidad del turbio statu quo, consolidado particularmente los regímenes del patético humorista Jimmy Morales (2016-2020), y su sucesor y actual presidente, el mediocre ex jefe de cárceles Alejandro Giammattei (2020-2024).
Autoritarios y corruptos por igual, ambos se esforzaron por desarticular el potencial peligro generado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) -que operó desde 2006 hasta que el comediante la disolvió, en 2019-, durante cuya difícil gestión, una estructura presidencial de alta corrupción fue desmantelada.
El general retirado Otto Pérez terminó, ocho meses antes de lo previsto constitucionalmente, su cuatrienio presidencial (2012-2016), cuando la Cicig descubrió la red de defraudación fiscal denominada “La Línea”, que era dirigida por el mandatario y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Ambos cumplen, desde 2022, respectivas sentencias a ocho años de prisión.
Cuando la Cicig empezó a investigar a Morales, a su hijo José Manuel Morales, y a su hermano Samuel Everardo “Sammy” Morales -también comediante-, por actos de corrupción, el humorista presidente se negó, en 2019, a renovar el mandato del grupo de trabajo creado por Naciones Unidas.
Giammattei, sucesor inmediato de Morales, logró, a partir de autoritarismo, blindarse contra acusaciones de corrupción -por ejemplo, aceptación de soborno, por parte de empresarios rusos, para la construcción de un puerto-.
La opciones favoritas, según las encuestas, para el actual proceso de votación -a concluir el 20 de agosto, en la segunda vuelta presidencial-, tampoco auguraban un panorama libre de corrupción -no obstante las declaradas intenciones de los tres, al igual que de sus tradicionales antecesores, de combatir ese nocivo rasgo del quehacer local-.
Torres, fue primera dama durante el gobierno (2012-2016) de Álvaro Colom, acusado de haber incurrido en millonarias anomalías en la adjudicación de contratos para el servicio de transporte público de pasajeros.
En esa posición, impulsó una serie de programas de naturaleza social, para cuya exitosa implementación reclutó el apoyo de numerosas instituciones estatales, asegurándose proyección mediática con miras a suceder a su esposo.
La entonces primera dama había iniciado, sin mayor notoriedad, su incursión en el área política, cuando junto con Colom, fundo, en 2003, la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), agrupación política que llevó, a su marido -con quien se casó ese año-, a la presidencia – casi una década después-.
Su primera candidatura -también impulsada por la UNE-, para las elecciones de setiembre de 2011, fue frustrada, precisamente, por su estado civil.
El artículo 186 -de los 281- de la Constitución guatemalteca, establece, entre las “Prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República”, en el tercero de sus siete incisos, el parentesco “dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia”.
Ante ello, Torres tomó la decisión de divorciarse del entonces mandatario, lo que fue oficializado en junio de ese año.
La medida generó, por su obvia naturaleza ilícita, recursos de amparo, tramitados por opositores, sin perjuicio de lo cual la Corte de Constitucionalidad (CC) -formalmente encargada de defender el orden constitucional-, rechazó las acciones legales, y ratificó el divorcio.
Pero los recursos legales continuaron, ahora contra la candidatura de la ex primera dama, ante lo cual el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó, sobre la base del artículo 186 constitucional, la inscripción de la postulación de Torres.
Persistía, en el ámbito judicial -al igual que en el político-, incertidumbre respecto a la posibilidad de que, mediante algún mecanismo, la aspirante presidencial lograse mantenerse en la contienda de ese año.
El caso se cerró, sin vuelta atrás, cuando la CC falló, el 8 de agosto de 2011, respaldando la no inscripción de la candidatura de Torres.
Definitivamente libre del impedimento constitucional, la ex primera dama participó en los tres sucesivos procesos electorales siguientes -2015, 2019, 2023-, habiendo pasado, en todos los casos, a segunda vuelta.
La recurrente candidata presidencial se ubicó en segundo lugar, en 2015, después de Morales, frente al cual perdió en el combate uno a uno.
Demostrando tenacidad y resiliencia políticas, se candidateó para la votación de 2019, cuando ascendió un escalón, para colocarse primera, siendo Giammattei su rival más inmediato, al cual no pudo vencer en el segundo engfrentamiento.
Una nueva dificultad, superior a todas las anteriores, surgió inmediatamente después de cerrado ese proceso electoral, cuando Torres fue detenida, en setiembre de 2019, por decisión de la jueza Claudette Domínguez, bajo sospecha de haber incurrido en asociación ilícita, lo mismo que en financiamiento electoral no declarado.
De acuerdo con lo expuesto en el texto de la acusación, Torres -entonces secretaria general de la UNE- omitió informar, al TSE, sobre alrededor de media docena de aportes, por casi seis millones de quetzales (algo más de 760 mil dólares) -que autorizó-, para la campaña electoral del partido, en 2015.
Según lo señalado entonces por la Fiscalía de Sección contra la Corrupción -más conocida como Fiscalía contra la Corrupción, o Fiscalía Anticorrupción-, la UNE construyó una estructura, paralela a la organización legal del partido, consistente en tres sociedades anónimas, para recibir y administrar -o sea, lavar- esos fondos.
La institución acusadora determinó que, con Torres en la titularidad de su secretaria general, la UNE evadió, así, el control del TSE.
En el desarrollo de la operación policial para su detención, la dirigente se declaró políticamente perseguida por Giammattei, su vencedor en la contienda presidencial de ese año.
“Pregúntele al doctor Giammattei, que él dijo que no se iba a quedar tranquilo hasta que me metiera a la cárcel”, aseguró.
“Vayan a preguntarle a él”, reafirmó, para, a continuación, agregar que su detención fue un acto de “persecución política, totalmente”.
Torres fue mantenida en prisión hasta el 29 de noviembre de 2022, cuando la misma jueza que la encarceló -Domínguez- ordenó, sorpresivamente, el cierre del proceso penal, argumentando que “no existen elementos suficientes”.
Ahora, en su cuarto intento consecutivo -el 25 de junio de 2023- por llegar a la presidencia de Guatemala, Torres figuró, en las más recientes encuestas de intención de voto, como la candidata favorita, con dos rivales inmediatos -del total de 22-: Mulet, postulado por el partido Cabal, y Ríos, por la coalición bipartidista Valor Unionista.
Ello, después de la eliminación judicial de la postulación con más posibilidad de triunfo, que mantenía a Torres, en segundo lugar.
El nombre del partido de Mulet refleja la expresión popular “cabal”, mediante la cual se indica que se está de acuerdo con lo que alguien plantea, además de que equivale a expresar “todo bien”.
Mulet es un personaje de la fauna política chapina (guatemalteca), quien también tiene historia delictiva.
En el contexto de la facilidad con la cual era posible adoptar niños locales -algo que atraía particularmente a parejas extranjeras-, esos procedimientos se convirtieron en lucrativo negocio para abogados inescrupulosos.
De acuerdo con estimaciones lo mismo nacionales que internacionales, en las algo más de tres décadas transcurridas desde 1977 hasta 2008, alrededor de cinco mil menores fueron ilegalmente adoptados, mediando generosos sobornos.
Mulet, quien ofrecía ese servicio legal fue detenido, en 1981, por haber irregularmente tramitado cinco tales adopciones, mientras, según datos de base oficial, en el período 1984-1988 se habría involucrado en otra casi veintena de casos adicionales.
Gracias a conexiones políticas, su detención fue breve, ya que, en pocos días, fue puesto en libertad.
Un ex diputado, ex diplomático, y ex alto funcionario de Naciones Unidas, Mulet participó en la elección presidencial de 2019, aunque no pasó de la primera votación.
Para la segunda vuelta, apoyó a Giammattei -enfrentado a Torres-.
Por su parte, Ríos es, igualmente, una reincidente electoral.
Fue diputada, durante cuatro períodos consecutivos -cubriendo 16 años- (1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012), por el ultraderechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado por su padre, el sanguinario ex dictador militar (1982-1983) Efraín Ríos Montt.
Ambos se desempeñaron, simultáneamente, como diputados, y, en el cuatrienio 2004-2008, el general genocida se desempeñó como presidente del congreso, y su hija ocupo una de las dos vicepresidencias del organismo legislativo.
Zury Ríos fue señalada, en 2003, como participante en la organización de violentas manifestaciones -el 24 y el 25 de julio de ese año- en protesta contra el rechazo de la candidatura presidencial del ex dictador, para la votación de ese año.
La Corte Suprema de Justicia falló contra la postulación de Ríos Montt, por parte del FRG.
El artículo 186 -de los 281- de la Constitución guatemalteca, establece, en la primera de siete “Prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República”, que no pueden desempeñar esos cargos “el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”.
Sin embargo, la CC anuló el fallo, Ríos Mont fue inscrito como candidato presidencial, y se ubicó tercero más votado, con 19.3 por ciento de los votos -detrás de Colom y del ex alcalde capitalino (1991-1995, 1995-1999) Oscar “el Conejo” Berger, quien ganó en segunda vuelta-.
Ríos Montt falleció en 2018, mientras era juzgado, por segunda vez, por genocidio-específicamente contra el pueblo indígena maya ixil-.
La población indígena guatemalteca, en términos generales, y, en particular la asentada en el Triángulo Ixil -en el noroccidental departamento de Quiché, fronterizo con México-, fue brutalmente reprimida por sucesivas dictaduras -incluida la de Ríos Montt- durante la guerra interna (1960-1996), conflicto que tuvo saldo de algo más de 200 mil víctimas fatales.
Crímenes de lesa humanidad fueron perpetrados, en ese contexto, los mismo por efectivos militares que por los escuadrones civiles armados que Ríos Montt creó bajo la denominación Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).
A cambio de armas y alimento básico -esencialmente, tortillas-, los patrulleros eran obligados a defender sus comunidades contra la fuerza guerrillera denominada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng) -actualmente, un partido político-.
Triángulo Ixil es la denominación de la zona delimitada por las comunidades de ese pueblo maya respectivamente denominadas Chajul (vértice norte), Cotzal (vértice oriental), y Nebaj (vértice sur).
En el marco de la guerra de casi cuatro décadas, centenares de localidades indígenas fueron arrasadas en operaciones militares de exterminio, brutales acciones basadas sobre la acusación de que los pobladores apoyaban a la Urng.
Al cierre del primer juicio, en 2013, el criminal fue condenado a 80 años de prisión, pero la sentencia fue inmediatamente anulada por la CC, alegando un inaceptable tecnicismo.
Un nuevo trámite judicial fue iniciado, pero el genocida murió, quedando impune.
Siguiendo el libreto de la tradición política guatemalteca, el proceso electoral 2023 no estuvo exento de irregularidades, lo que incluyó, además de los usuales hechos de violencia, la eliminación de candidaturas -todas, con altos niveles de intención de voto-.
Uno de los casos más notorios fue el de Carlos Pineda, postulado por el centroderechista partido Prosperidad Ciudadana (PC).
Favorito para ganar, al menos en primera vuelta, con 23 por ciento, la aspiración de Pineda fue frustrada -por la CC, con el aval del Tribunal Contencioso Administrativo- sobre la base de formalidades de procedimiento electoral que el PC fue acusado de no cumplir.
Según tuiteó el dirigente, mediante la escandalosa decisión en su caso, “ganó la corrupción, perdió la democracia”, por lo que expresó: “no al fraude electoral”.
También fue eliminada la candidatura presidencial de la líder indígena Thelma Cabrera, impulsada por el izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
Al igual que en el caso del PC, la eliminación de la postulación de Cabrera se basó sobre el supuesto incumplimiento, por parte del MLP, de formalidades y procedimientos administrativos.
Al momento de la anulación de su candidatura, la dirigente del pueblo maya Mam, y activista de derechos humanos, se ubicaba en cuarto lugar entre las preferencias presidenciales.
Participante en los comicios de 2019, Cabrera fue, con 10.3 por ciento de los votos emitidos entonces, la cuarta candidata más votada.
No obstante la alta incidencia de irregularidades, el canciller giammatteista, Mario Búcaro, aseguró, en declaraciones reproducidas, el 22 de junio, por la radioemisora estadounidense Voice of America (Voz de América, VOA), que “la transparencia está más que clara”.
“Tendremos una fiesta electoral que está siendo supervisada por todo el mundo: tenemos delegaciones y misiones de observación especiales de OEA (Organización de Estados Americanos), de la Unión Europea”, afirmó.
También citado entonces por la VOA, el politólogo y catedrático universitario Renzo Rosal, refutó, expresamente, lo expresado por el canciller.
“La transparencia no está garantizada”, aseguró.
Al calificar el reciente proceso electoral como “el más cuestionado y ensombrecido de la historia política (guatemalteca) reciente”, Rosal dijo que “este proceso es el más afectado, en donde ha habido más polémica”, negativo contexto en el cual se destaca “el papel del órgano electoral TSE”.
Señaló que como principio básico de la democracia, o de los procesos electorales, debe cumplirse la transparencia, la eficiencia y competitividad, sin embargo, dijo que en el caso de Guatemala “la transparencia no está garantizada”.
Por su parte el también politólogo guatemalteco Carlos Mendoza Alvarado, dijo que existe “poca credibilidad en el proceso, debido a las acciones cuestionables” del TSE.
“Esto es un fuerte golpe que refleja la poca credibilidad que tiene, sobre todo el Tribunal Supremo Electoral, en la figura de lo que se denomina el pleno de magistrados”, agregó.
Al respecto, la VOA señaló que “Mendoza dijo que, desde su selección, los magistrados del TSE comenzaron con un proceso ‘viciado’, y agregó que algunos magistrados llegaron hasta con posibles títulos (profesionales) falsos”.
Ahora, en la décima votación desde 1985 -la que inauguró la actual etapa cívica, en Guatemala-, y ante la inminencia de más de lo mismo, en la votación de este mes, el factor humano -que suele ser impredecible, más aún cuando es colectivo-, dio la sorpresa: apoyó a un candidato de izquierda como adversario de Torres, en la segunda vuelta.
Se trata de Bernardo “tío Bernie” Arévalo, impulsado por el centroizquierdista Movimiento Semilla, organización política que, fundada en 2017, participó, solamente en la votación parlamentaria en el marco de las elecciones generales de 2019.
Arévalo es hijo de Juan José Arévalo, el centroizquierdista presidente (1945-1951) cuyo mandato se enmarcó en el período democrático guatemalteca de la Revolución de 1944-también conocida como Revolución de Octubre-, que inauguró, el 20 de octubre de ese año, una década de gobiernos progresistas caracterizados por la sensibilidad social.
La revolución finalizó abruptamente cuando su segundo presidente (1951-1954), Jacobo Árbenz, fue derrocado mediante el golpe de Estado del 27 de junio de 1954, acción que, orquestada por el gobierno de Estados Unidos y la compañía frutera estadounidense United Fruit Company, y ejecutada por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), ubicó en el poder al ultraderechista general Carlos Castillo Armas.
A raíz del exilio de su padre, como consecuencia del golpe, Bernardo Arévalo nació, el 7 de octubre de 1958, en Montevideo, la capital de Uruguay, uno de los países donde el ex presidente se refugió.
Un ex embajador (1995-1996) en España -durante la presidencia (1993-1996) de Ramiro de León, para terminar el mandato iniciado en 1991 por el autogolpista Jorge Serrano-, y actualmente diputado -desde 2020-, el “tío Bernie” saltó, de virtualmente cero posibilidad de triunfo, a disputar, en segundo lugar, la segunda vuelta presidencial.
Arévalo se ubicó en el octavo de los 22 lugares, en la última encuesta de intención de sufragio, tres días antes de la jornada electoral -25 de junio-.
El candidato por Semilla presentaba 2.9 por ciento -un punto por encima del margen de error de ese muestreo, 2.8 por ciento.
Sin embargo, desde el inicio del conteo de votos, Arévalo se instaló, junto con Torres, en la cima de la montaña, inicialmente alternando ambos en los lugares primero y segundo, hasta que la tendencia determinó que la dirigente de la UNE encabezaba la lista, seguida, a distancia considerablemente escasa, por el líder de Semilla.
Contabilizado, el 27 de junio, alrededor de 98.5 por ciento de las algo más de 122 mil actas producidas por las aproximadamente nueve mil Mesas Receptoras de Votos, Torres se mantenía en primer lugar, con 15.7 por ciento de los alrededor de 5.5 millones de votos emitidos -del padrón electoral integrado por poco más de 9.3 millones de votantes, entre 17.9 millones de habitantes como población nacional-.
En un cercano segundo escalón, Arévalo registraba 11.8 por ciento.
La diferencia, a favor de la primera: 3.9 puntos porcentuales.
En declaraciones que formuló, en conferencia de prensa en un hotel capitalino, la madrugada del 26 de junio -cuando el escrutinio preliminar del TSE marcaba la tendencia irreversible a favor de los dos candidatos más votados-, Torres se declaró satisfecha con los resultados.
“Estoy muy agradecida, primero con Dios, y, luego, con la gente, que siempre nos ha respaldado y apoyado”, expresó.
Confiada en el triunfo, en la segunda vuelta -programada para el 20 de agosto-, pronosticó que “vamos a ganar, contra quien sea”.
En otro punto de la ciudad, Arévalo cuestionó la precisión de las encuestas de intención de voto, y destacó el plan de gobierno que proyecta implementar.
“Sabíamos que íbamos mucho más adelante”, que lo indicado por los sondeos de opinión, dijo.
De todos modos, el resultado de la jornada “ha sido una agradable sorpresa, y nuestra invitación es para recuperar la política, para la gente decente”, planteó.
También subrayó que “el Movimiento Semilla está tranquilo, porque tenemos un plan de gobierno”, que incluye el combate a la corrupción.
Arévalo agregó que la tranquilidad de la agrupación radica, igualmente, en el hecho de que su militancia “no es gente que ha estado metida en la política partidaria”.
