La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ha emitido una denuncia sobre la falta de una política pública de empleo que integra el sector público y el sector privado en el país, advirtiendo que la actividad económica se divide entre el exitoso modelo de zonas francas y el resto del territorio costarricense.
La institución ha registrado la importancia de la promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que busca no dejar a nadie atrás y erradicar la pobreza en todas sus formas, poner fin a la discriminación y la exclusión, y reducir las desigualdades y vulnerabilidades que desaparecen a las personas y socavan el potencial humano.
Sin embargo, la Defensoría sostiene que una investigación reciente evidencia que el sistema democrático costarricense enfrenta dificultades para implementar políticas públicas que aborden problemas estructurales, como la alta desigualdad, el empobrecimiento, la dualidad económica, la financiación sostenible del Estado de bienestar, la gestión ambiental y la promoción de nuevas oportunidades laborales y empresariales.
En términos de empleo, esta problemática se traduce en la existencia de dos realidades económicas en Costa Rica, donde no se brindarán las mismas oportunidades para satisfacer la demanda de empleos decentes, capacidad de empleabilidad y productividad con mayores ingresos.
Por un lado, se encuentra la Costa Rica amparada bajo el régimen especial de zonas francas, que ha demostrado ser un modelo económico exitoso y que incluso experimentó un crecimiento significativo durante la pandemia. Este sector se caracteriza por requerir al menos educación secundaria completa y, en su mayoría, un segundo o tercer idioma.
Por otro lado, está Costa Rica que no forma parte de las zonas francas y que sufrió un fuerte impacto durante la pandemia. Esta realidad se compone principalmente de personas empleadas en trabajos manuales o en el sector informal, con mayor sensibilidad a los ciclos económicos, menor demanda de trabajo, estudios inconclusos y sin dominio de un segundo idioma. Este perfil describe principalmente a las personas desempleadas, según las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En términos geográficos, también se puede identificar esta dualidad económica entre el Gran Área Metropolitana (GAM) y el resto del país. Aunque se han realizado esfuerzos para desarrollar las zonas periféricas y promover polos de desarrollo turístico, la visión de desarrollo sigue dependiendo principalmente del modelo de zonas francas, sin diversificación de actividades productivas.
La investigación también reveló que en la economía vinculada al sector externo se suelen encontrar oportunidades de empleo para mujeres y jóvenes con un nivel adecuado y conocimientos de idiomas. En cambio, las actividades económicas no vinculadas al sector externo enfrentan dificultades y presentan altos índices de desempleo y subempleo, especialmente entre personas con educación primaria y secundaria inconclusa. Esta situación se agrava cuando se analiza por género, grupos de edad y regiones fuera del GAM, debido a la falta de redes de cuidado, seguridad, infraestructura y acceso a programas de empleabilidad, entre otras causas.
En cuanto a la arquitectura institucional, la Defensoría de los Habitantes identificó que la política de Estado que ha impulsado el crecimiento económico, basado en la atracción de inversión extranjera directa, ha tenido éxito gracias a la integración de instituciones como el Ministerio de Comercio Exterior ( COMEX), la Promotora de Comercio (PROCOMER) y la Coalición Costarricense de Iniciativa de Desarrollo (CINDE). Estas instituciones han logrado coordinar programas de trabajo con otras entidades estatales, como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), entre otros.
En conclusión, la Defensoría de los Habitantes destaca que el principal obstáculo para que las instituciones públicas relacionadas con el empleo brinden respuestas oportunas y adecuada al problema del desempleo en términos regionales, de género y sector económico, radica en la falta de una política pública de empleo coherente, articulado y transparente. Esta política debería promover la complementariedad entre el sector público y el sector privado, crear entornos favorables para el desarrollo de empresas sostenibles generadoras de empleo y facilitar la inclusión y movilidad social mediante programas de empleabilidad eficientes.
La Defensoría hace un llamado al presidente de la República para que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) evalúe si la política pública de empleo actual incluye estrategias para aumentar el número de empleos, mejorar la capacidad de empleabilidad y aumentar la productividad con mayores ingresos en zonas costeras, rurales y entre personas con educación secundaria incompleta.
Además, se recomienda identificar si la política nacional de empleo considera una perspectiva de género y rango de edad, y si se han creado las condiciones necesarias para facilitar la incorporación de mujeres y personas jóvenes al mercado laboral, evaluando su impacto en las diferentes regiones y su contribución a la reducción de los niveles de pobreza en cada una de ellas.
La Defensoría destaca que estas conclusiones no son casuales y guardan una relación directa con las conclusiones sobre Costa Rica en la 111ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. En dicha reunión se instó a adoptar acciones en una política pública que busque soluciones duraderas para los desafíos del país y defina una agenda estratégica que oriente las acciones gubernamentales en los próximos años. Esta política debe ser coherente, articulada y transparente, y debe involucrar a las diversas fuerzas políticas, sociales y económicas del país para complementar, articular, concertar y brindar sostenibilidad a las acciones emprendidas.
