Ante el avance del trumpismo imperialista en América Latina, el presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, lanzó, el 22 de setiembre, al hablar en la 81 Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la advertencia de que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”.
Ante el avance del trumpismo imperialista en América Latina, el presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, lanzó, el 22 de setiembre, al hablar en la 81 Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la advertencia de que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”.
Ante el posicionamiento del trumpismo matón a nivel global, la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jurista japonesa Tomoko Akane, lanzó, el 9 de octubre -diecisiete días después- la advertencia de que “la CPI no cede a amenazas externas”.
En ambos casos, admirables expresiones de dignidad en el contexto de uno de los más críticos momentos que la historia de la humanidad ha registrado.
La sostenibilidad de la posición de Brasil depende de que Lula -un ex sindicalista metalúrgico, y ex preso político de la dictadura militar brasileña (1964-1985), quien cumple su tercer mandato presidencial no consecutivo (2003-2007, 2007-2911, desde 2023)- gane la segunda vuelta electoral en el país sudamericano-programada para el 25 de octubre-.
Su adversario es el corrupto senador derechista Flávio Bolsonaro -hijo del encarcelado ex presidente (2019-2923) golpista, y fenomenalmente mediocre capitán retirado Jair Bolsonaro-.
Esa votación se presenta como ajustadamente disputada -en principio, con estrecha ventaja de dos puntos porcentuales para júnior-.
Entretanto, en el caso de la CPI, la dictadura de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, ha intensificado su guerra contra el tribunal -con el objetivo de minarlo, hasta desaparecerlo-.
La principal arma -por ahora- consiste en las consabidas sanciones.
Así lo anunció, el 9 de octubre, el secretario de Estado trumpista, Marco Rubio, en la Declaración de Prensa que tituló “Imponiendo sanciones a la Corte Penal Internacional” (“Imposing Sanctions on the International Criminal Court”).
“Por décadas, republicanos y demócratas, por igual, rechazaron la idea de que la Corte Penal Internacional tenía el poder de enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, miembros del servicio militar, o líderes políticos”, planteó, en el texto de siete mayoritariamente extensos párrafos que el Departamento de Estado difundió ese día.
“Estados Unidos nunca se unió a la corte”, agregó, a continuación, para aclarar, con evidente arrogancia: “no la necesitamos. Y no la queremos”.
“Pero a los ‘expertos’ globalistas, a un océano de distancia, no les importa qué piensan los ciudadanos estadounidenses”, planteó, en su razonamiento falaz, arbitrario, carente de fundamento -o sea, típicamente trumpiano-.
“Ellos quieren que la CPI haga más, incluyendo el enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses. Miembros del servicio militar quienes defienden a su país, agentes de la Patrulla Fronteriza quienes protegen a nuestra nación, y líderes elegidos quienes garantizan nuestra seguridad nacional”, agregó -con deficiente puntuación-.
“Ellos quieren más poder, y lo quieren a costa de nosotros”, aseveró de inmediato.
“El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional enjuicie a estadounidenses”, advirtió, coronando las autoritarias afirmaciones precedentes.
“Es por eso que, hoy, Estados Unidos está sancionando a la Corte Penal Internacional”, anunció.
“Prohibiremos las transacciones con esta corte rebelde, cortando sus recursos e inutilizando su capacidad para operar”, anunció, dictatorialmente.
Según el capataz imperial trumpista, “nuestro mensaje es claro: ni Estados Unidos ni su pueblo están sujetos a la jurisdicción de la CPI”.
“Ambos partidos coinciden en esto, pero sólo el presidente Trump tiene la determinación de emprender la acción requerida para ternar, de una vez, con esta amenaza”, aseguró, en sostenido tono amenazante, respecto a los históricos clanes políticos estadounidenses
-respectivamente, el Demócrata y el Republicano-.
“O la CPI termina con sus amenazas, o nosotros terminamos con la CPI”, siguió, siempre ceñido a la diplomacia del bullying.
“Esperamos que nuestros aliados, muchos de los cuales son parte de la CPI y dependen de los miembros del servicio militar estadounidense para su defensa, frenen a la corte”, expresó, ahora intimidando a socios del imperio.
“Si no lo hacen, Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar a la CPI, ladrillo por ladrillo, hasta que los estadounidenses ya no sean amenazados”, continuó profiriendo amenazas, en el desquiciado estilo de su jefe.
A continuación del final de la declaración, se indica que el origen formal del castigo a la CPI está en un Decreto Presidencial -Orden Ejecutiva (Executive Order, EO)- firmado, entre decenas de otros, por Trump, al comienzo de su segundo tóxico período en la Casa Blanca (2017-2021, desde 2025).
Para la aplicación de sanciones, “la CPI es clasificada según la sección I(a)(ii)(A) de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14203”, de acuerdo con la aclaración oficial.
Titulada “Imponiendo sanciones a la Corte Penal Internacional” (“Imposing Sanctions on the International Criminal Court”), la EO fue firmada el 6 de febrero de 2025 -dieciséis días después de la segunda asunción presidencial trumpiana, el 20 de enero de ese año-.
Según el pasaje mencionado de la EO -decreto consistente en cinco extensísimos párrafos explicativos, y 12 considerablemente extensas secciones-, “toda propiedad de intereses en propiedad que estén en Estados Unidos, que a partir de ahora estén dentro de Estados Unidos, o que están o a partir de ahora entren en posesión o control de cualquier persona de Estados Unidos (…) son bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados, ni tratados de otra manera”.
Ello, aplicable, entre otros blancos, a “cualquier persona extranjera determinada por el Secretario de Estado, en consulta con el Secretario del Tesoro y el Fiscal General”, que “haya participado directamente en cualquier esfuerzo por la CPI para investigar, arrestar, detener, o enjuiciar a una persona protegida sin perjuicio de país de nacionalidad de esa persona”.
En su Declaración de Prensa -en realidad, su exabrupto de patán trumpiano-, Rubio -un estadounidense de ascendencia cubana, ex senador (2011-2025), ex rival de Trump por la candidatura presidencial republicana de 2016- afirmó que “hemos sido claros, por más de un año, en cuanto a los gestos básicos de buena fe que hemos esperado de la corte”.
“Ejercimos discreción y postergamos esta clasificación, por respeto a nuestras relaciones, y con esperanzas de que la CPI cambiara de curso o fuese de alguna otra manera frenada por Estados Partes”, agregó el funcionario, quien también se desempeña como asesor presidencial en Seguridad Nacional.
“Sin embargo, ni la CPI ni Estados Partes han dado, aún, pasos significativos para atender nuestras preocupaciones”, aseguró.
“No obstante su inacción, mantenemos nuestra esperanza de solución diplomática”, aseveró, en un punto máximo de hipocresía, para indicar que “hemos estructurado esta acción, para proporcionar una oportunidad para que los Estados Partes negocien y presenten una solución para atender nuestras preocupaciones”.
Pero, en dictatorial bipolaridad -rasgo típico del trumpismo en general, y de su jefe en particular-, volvió, de inmediato, a la amenaza: “si estos esfuerzos no fructifican, continuaremos ajustándonos como corresponda”.
Y, por si existiese alguna duda, aclaró, brutalmente: “o la CPI termina con sus amenazas, o nosotros terminamos con la CPI”.
“Esperamos que nuestros aliados, muchos de los cuales son parte de la CPI y dependen de miembros del servicio militar estadounidense para su defensa, controlen a la corte”, agregó, mafiosamente.
“Si no lo hacen, Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar a la CPI, ladrillo por ladrillo, hasta que los estadounidenses ya no sean amenazados”, advirtió, cual piloto de bombardero.
La reacción de la CPI fue tan inmediata cuanto demoledora.
En un video de poco más de cinco minutos, difundido el mismo día, por la CPI, en redes sociales, la presidenta del tribunal, la jurista japonesa Tomoko Akane, advirtió -con la firmeza que surge de la autoridad moral-: “la Corte, firmemente, rechaza estas sanciones”.
“Procurar obstruir que una corte cumpla su mandato judicial, es inaceptable”, enunció, además.
“Es un ataque contra Estados soberanos que han creado la Corte; es un ataque contra el orden legal internacional, más ampliamente; es un ataque contra las víctimas de atrocidades masivas quienes han esperado años -algunas veces, décadas- para que aquellos quienes son responsables, rindan cuentas”, agregó, de inmediato.
“Permítanme ser clara: la CPI no cede a amenazas externas que sólo beneficiarán a aquellos quienes cometen los más serios crímenes que preocupan a la comunidad internacional”, planteó, más adelante.
“Hoy, reafirmo el compromiso inclaudicable, de la Corte, de cumplir su mandato, plenamente, con independencia e imparcialidad, en aras de las víctimas”, expresó, a continuación.
Y la necesaria/irrefutable aclaración en calidad de denuncia: “esta clasificación apunta a alterar las operaciones de la Corte, y a intimidar a quienes trabajan para o cooperan con la Corte”.
También, la puntual/contundente advertencia, ante la obvia desubicación del trumpismo: “la Corte, por su parte, no será disuadida”.
Además de la reflexión realista: “sin embargo, la Corte no puede estar sola; su destino ahora está en las manos de los Estados que la crearon”.
Un paso adelante de movidas corruptas del trumpismo -tales como presión, sobre diferentes gobiernos, en materia económica, diplomática, militar-, Akane expresó que “la Corte llama a los Estados a continuar emprendiendo acciones concretas, inclusive para asegurar que la Corte continúe teniendo los medios necesarios para continuar su trabajo”.
“No se trata de defender a una institución sino de salvaguardar el orden internacional enraizado en el Estado de Derecho”, explicó, al enunciar un concepto clave.
“Todos nosotros debemos optar, ahora, entre un mundo donde la fuerza es el derecho, o un futuro basado sobre el Estado de Derecho donde las víctimas pueden continuar accediendo a la justicia”, agregó, a manera de reflexión/exhortación.
“Ante tales ataques, no podemos permanecer indiferentes”, por lo que “todos nosotros, incluidos los Estados Partes, tenemos una obligación legal y moral de actuar en defensa del orden internacional, de defender la ley, no la fuerza”, aseguró, ampliando su llamado concientizador.
El mensaje dirigido específicamente a la dictadura estadounidense, también se aplica, conceptualmente, a la contraparte rusa -encabezada por el ex jefe de los espías comunistas Vladimir Putin-.
Ello, debido a que la tiranía euroasiática solicitó, al gobierno de Países Bajos, la detención de nueve altos funcionarios y ex altos funcionarios del tribunal -incluida Akane-.
La sede de la CPI se ubica en la occidental ciudad de La Haya -la capital administrativa de Países Bajos, nación europea habitualmente mencionada como Holanda-.
La acción rusa no es sino un patético acto de venganza porque la CPI emitió, en 2023, órdenes internacionales de captura, respectivamente, contra dos jerarcas gubernamentales rusos: Putin, y la comisionada presidencial para Derechos de los Niños, Alekseyevna Lvova-Belova.
Según versiones periodísticas rusas, ambos fueron enjuiciados, en ausencia, por tribunal un Moscú -la capital nacional-, como responsables de crímenes de guerra perpetrados, por fuerzas de Rusia, en Ucrania, en el marco de la confrontación bélica estallada, en 2022, entre ambos países.
El tribunal los juzgó en diciembre de 2025, y los declaró culpables de, entre otros cargos, haber incurrido en detención ilegal, además de haber juzgado penalmente a personas inocentes, de acuerdo con las mismas fuentes.
Las versiones precisaron que la Fiscalía General de Rusia informó, el 9 de octubre, que envió, a “numerosos otros países”, solicitudes de detención y extradición de los requeridos.
En el marco de esa flagrante -y ridícula- arbitrariedad por parte de la dictadura de Putin, los nueve fueron condenados a cumplir penas de prisión de hasta 15 años -las tiranías suelen sumar exageración, a la arbitrariedad de sus condenas a prisión por razones políticas-.
Refiriéndose al ataque trumpiano -en conceptualización plenamente aplicable también a la agresión putinista-, Akane aseguró, en el video, con admirable firmeza, que “yo les prometo: la Corte Penal Internacional continuará su trabajo sin dejarse intimidar, con la firme determinación de que la justica debe prevalecer”.
Complementando la valiente declaración de su presidenta, la CPI condenó, en calidad de organismo mundial independiente, el matonismo exhibido por el imperio estadounidense a través de las aseveraciones de Rubio.
“La CPI rechaza categóricamente las sanciones de EE.UU. contra la institución”, planteó en el título del texto que, consistente en siete mayoritariamente extensos párrafos, difundió, en su sitio en Internet, en versiones, respectivamente, en árabe, español, e inglés.
“Hoy, Estados Unidos ha impuesto sanciones a la Corte Penal Internacional como institución”, informó, además de plantear que se trata de una “medida sin precedentes”.
“Esta medida se dirige a una institución judicial independiente, creada por tratado y a la que 125 Estados Partes han encomendado la investigación y el enjuiciamiento del crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión”, precisó, en el texto, coincidiendo con el mensaje de Akane.
“Se trata de un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la Corte cumpla la función para la que fue creada”, además de que “es un ataque al Estado de derecho y a los fundamentos mismos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley”, denunció.
“La designación busca perturbar las operaciones de la Corte y a intimidar quienes trabajan para ella o colaboran con ella”, pero “la Corte, por su parte, no se dejará amedrentar”, advirtió.
El tribunal reflexionó, además, en el sentido de que “nadie debería ser sancionado por servir a la causa de la justicia”, y vaticinó que “la historia juzgará este momento”.
Coincidentemente, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI emitió, el 10 de octubre -el día siguiente al exabrupto estadounidense-, un comunicado de cinco mayoritariamente largos párrafos que tituló “La Mesa de la Asamblea de los Estados Partes lamenta las sanciones contra la CPI como institución”.
Según definición oficial, la Asamblea es el órgano de supervisión administrativa y legislativa de la CPI, mientras que la Mesa -integrada por un presidente, dos vicepresidentes, y 18 miembros elegidos, trienalmente, por la asamblea- es un equipo de apoyo a la asamblea.
La Mesa expresó que “lamenta las sanciones institucionales contra la Corte Penal Internacional”.
“La escalada en el uso sin precedentes de medidas coercitivas constituye un intento lamentable de obstaculizar a la Corte y a su personal en el ejercicio de sus funciones judiciales independientes”, señaló, en el texto que, en su sitio en Internet, difundió también en árabe, en español, y en inglés.
“Tales medidas pretenden cuestionar directamente una institución jurídica internacional construida con gran esfuerzo para garantizar que prevalezcan la rendición de cuentas y no la impunidad”, indicó, refutando las aseveraciones que Rubio profirió en nombre del trumpismo.
“Reiteramos nuestra determinación de defender los principios de la justicia internacional y la independencia del poder judicial, y de mantenernos unidos en apoyo de la Corte, sus funcionarios elegidos, su personal y quienes cooperan con ella en el desempeño de sus funciones y responsabilidades en virtud del Estatuto de Roma”, agregó.
Asimismo, exhortó “a la comunidad internacional para que se mantenga firme en defensa de la Corte ante estas medidas sin precedentes y demuestre su determinación colectiva de salvaguardar la integridad del Estado de Derecho internacional”.
Y llamó a “que estas sanciones sean revocadas inmediatamente”.
Lo planteado por Rubio fue conceptualmente repetitivo -casi que en modo “copiar/pegar”- de lo que el funcionario aseveró -menos de dos meses antes- en su extensa declaración del 14 de julio, texto cuyo punto central fue el anuncio de que el imperio está desmantelando la CPI.
Ese texto, difundido -en inglés y en español- por el Departamento de Estado, en su sitio en Internet, fue titulado “Por qué estamos desmantelando la CPI” (“Why We’re Dismantling the ICC”).
En la primera de numerosas manipulaciones conceptuales -es decir, mentiras- contenidas en esa declaración, Rubio afirmó que “Estados Unidos nunca ha estado de acuerdo con un tribunal mundial que pueda anular nuestros propios tribunales y la Constitución”.
“A la mayoría de nosotros nos costaría imaginar un mundo en el que soldados estadounidenses, agentes de policía, agentes de la Patrulla Fronteriza y líderes electos pudieran ser llevados ante un tribunal internacional, juzgados por jueces de países elegidos al azar de todo el mundo, declarados culpables en virtud de leyes internacionales que ni aceptamos ni controlamos, y luego encarcelados a miles de millas de Estados Unidos”, agregó.
“Pero eso es precisamente lo que la Corte Penal Internacional -CPI- afirma ahora tener la facultad de hacer”, aseguró, a continuación.
En su exposición de la fobia imperial anticorte, Rubio planteó, en julio, que “la CPI nació a principios de siglo”, y que, “al principio, se presentó como un mecanismo de última instancia de alcance limitado para juzgar los delitos más graves”.
“Ahora, la CPI y sus aliados buscan tener un tribunal mundial permanente con un alcance casi ilimitado, facultado para pasar por encima de los tribunales y las constituciones de Estados Unidos y otros Estados soberanos, y para juzgar y detener a nuestros ciudadanos”, se permitió aseverar.
“Los estadounidenses nunca aceptaron nada de esto. Nuestros dos principales partidos políticos se opusieron a la idea de otorgar a un tribunal internacional distante la facultad de juzgar y encarcelar a nuestros propios ciudadanos”, señaló, a continuación, insistiendo en falsear la realidad.
Parte considerable del resentimiento/odio trumpista contra la CPI deriva del hecho de que el tribunal emitió, el 21 de noviembre de 2024, orden internacional de captura contra el corrupto y belicista primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, responsabilizándolos por los crímenes de lesa humanidad y de guerra de exterminio que las fuerzas militares de Israel perpetran, desde el 7 de octubre de 2024, en la palestina Franja de Gaza.
Al momento de redacción de esta nota, el sionismo imperialista/guerrerista gobernante en Israel ha masacrado, en Gaza, algo más de 74 mil personas -mayoritariamente, mujeres y niños-.
Más allá de lo repetitivo del discurso imperial difamador de la CPI, el problema central que presenta el razonamiento autoritario del trumpismo radica en su aseveración de que no solamente puede desmantelar el tribunal sino que está haciéndolo.
En todo caso, lo que el imperio está haciendo -además de demostrar su terror a la justicia universal- es tratar de minar la corte.
La CPI es un organismo judicial internacional permanente e independiente que
-vinculado, por la vía de un acuerdo, con Naciones Unidas- fue establecido mediante el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional -que rige desde 2002, y consiste en un Preámbulo, y 128 artículos distribuidos en 13 partes, todo ello contenido en 91 páginas-.
En el primer artículo –referido a “La Corte”-, se determina, claramente, que “la Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”.
También se aclara que “la competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto”.
En el cuarto artículo -“Condición jurídica y atribuciones de la Corte”-, se precisa que “la Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos”.
Además, “la Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado”.
Contrariamente al sueño guajiro imperial, el estatuto no prevé el desmantelamiento de la CPI, de modo que el ilegal objetivo debe cumplirse mediante delictivas acciones lo mismo encubiertas -por ejemplo, inescrupulosas presiones- que públicas -por ejemplo, difamación, burda deslegitimación-, todo lo cual forma parte del arsenal trumpiano de corrupción.
Lo más parecido, legalmente, al desmantelamiento -aunque remotamente- es la posibilidad
-muy condicionada- de modificar el Estatuto de Roma, según lo señalado en el artículo 121
-“Enmiendas”-.
“Trascurridos siete años desde la entrada en vigor del presente Estatuto, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas a él”, indica la extensa disposición.
“El texto de toda enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, que lo distribuirá sin dilación a los Estados Partes”, agrega.
“Transcurridos no menos de tres meses desde la fecha de la modificación, la Asamblea de los Estados Partes (de la CPI) decidirá en su próxima reunión, por mayoría de los presentes y votantes, si ha de examinar la propuesta, lo cual podrá hacer directamente o previa convocación de una Conferencia de Revisión si la cuestión lo justifica”, sigue explicando.
“La aprobación de una enmienda en una reunión de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión en la que no sea posible llegar a un consenso requerirá de una mayoría de dos tercios de los Estados Partes”, precisa, a continuación.
Además, indica que, salvo excepciones previstas, “toda enmienda entrará en vigor respecto de los Estados Partes un año después de que los siete octavos de éstos hayan depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación o de adhesión” -o sea 109 países-.
Por lo tanto, contrariamente a lo aseverado por el capataz global de Trump, no es posible
-legalmente- desmantelar la CPI, además de que resulta notoriamente complejo siquiera tratar de enmendar el estatuto del tribunal.
De cualquier modo, Estados Unidos no puede hacer eso -al menos no directamente-, porque no es Estado Parte -aunque tiene cómplices, y capacidad de maniobra-.
Sin menospreciar la potencial peligrosidad de las aseveraciones de Rubio -o sea, del trumpismo-, es oportuno tener en cuenta un aspecto aparentemente anecdótico -aunque no desechable- de la agresión contra la CPI: la sincronización con el anuncio de quién recibió, este año, el Premio Nobel de la Paz.
Resulta más que evidente que, frustrado porque por segundo año consecutivo -y contrariamente a su ridícula insistencia- no fue el galardonado, Trump marcó un nuevo cenit en materia de ira-y de estupidez-.
El dictador -entre cuyas tóxicas características se destacan la misoginia, el machismo, la xenofobia, el racismo, el clasismo- no pudo soportar el hecho de que, por segunda vez consecutiva, el Comité Nobel Noruego, además de ignorarlo, optó por una mujer de un país tercermundiano: en este caso, la jurista sudafricana Navanetham “Navi” Pillay.
No solamente se trata de una mujer, sudafricana de ascendencia india, de origen extremadamente humilde sino que de una ex jueza de la CPI (2003-2008) -lo último, probablemente el más devastador golpe al ridículamente desmedido ego de Trump-.
La admirable historia personal/profesional de Pillay incluye la valiente defensa de su compatriota Nelson Mandela, preso político (1962-1990) del racista régimen sudafricano (1948-1994) de apartheid (“aparte”, en afrikaans, uno de los varios idiomas locales), quien se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica (1994-1999).
La galardonada no solamente fue activista antiapartheid sino que sufrió el racismo sudafricano por tratarse de una coloured (mestiza), la etiqueta que el régimen blanco aplicó a las personas nacidas en el país, de ascendencia étnicamente mixta, principalmente asiática -Pillay es hija de inmigrantes indios-.
De acuerdo con el anuncio formulado, el 9 de octubre, por el comité, “el Premio Nobel de la Paz para 2026 va a una persona que, con excepcionales valentía e integridad, ha liderado el camino haca un orden legal global más integral”.
“La galardonada de este año, ha sido fundamental en asegurar que crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y genocidio, sean juzgados”, según la misma fuete.
Los méritos de Pillay para recibir el Premio Nobel de la Paz son, exactamente, los que la convierten en enemiga del trumpismo.
La jurista sudafricana fue inmediatamente antecedida, el año pasado, por la patética opositora venezolana María Corina Machado, quien, en abyección sin límite, entregó a Trump la distinción nobel.
Conocido el anuncio del comité noruego, la venganza trumpista se enfocó en la CPI, sumando aún más mediocridad a la guerra anticorte.
La previsible reacción inicial del autócrata, consistió en tratar de restar importancia a Pillay.
“Hoy, le dieron el Premio Nobel de la Paz a una persona. Nunca oí de esa persona. Es una persona de misterio”, afirmó, durante un acto político por las elecciones estadounidenses de medio período programadas, este año, para el 3 de noviembre -votación que, según esperanzadoras encuestas y vaticinadores análisis, el trumpismo se encamina a perder-.
Durante la visita que realizó, el 12 de octubre -tres días después del anuncio formulado por el comité noruego-, a la sede de la corte mundial, Pillay refutó, contundentemente, el discurso anticorte de Trumpismo, y, en particular, las sanciones dadas a conocer por Rubio.
Al respecto, aseguró: “sanciones han sido anunciadas, por un país, contra los jueces, sólo por la órdenes judiciales que emiten. Esto es inaudito, inaceptable”.
