Los grupos de poder económico, político y mediático, movidos por sus intereses particulares y no por el bien común, han desarrollado una campaña sistemática contra las personas trabajadoras del sector público.
Redacción / FA
Se trata de una etapa más de su estrategia para debilitar el Estado, los servicios públicos y los programas sociales, y con ello ampliar sus negocios privados en los campos de la salud, educación, infraestructura, seguridad, telecomunicaciones, electricidad, comercialización de los combustibles, entre otros.
Ampliar sus negocios y sus riquezas, reduciendo a su vez su responsabilidad fiscal y social. Esos grupos se han opuesto a reformas de ley que reducirían el fraude fiscal; a reformas tributarias donde los ricos pagarían como ricos y los pobres como pobres; a mejorar las capacidades de la CCSS para cobrarle a patronos morosos con la seguridad social; a la reforma procesal laboral, que mejoraría los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector privado; entre otras medidas que tocarían sus intereses y privilegios.
La campaña contra el empleo público y los derechos laborales busca por un lado desprestigiar y debilitar aún más el valioso capital humano de nuestro Estado Social de Derecho, en el Gobierno Central, las Instituciones Autónomas y las Municipalidades. Y por otro, hacerle creer al pueblo de Costa Rica que esos son los factores que generan el déficit fiscal y el estancamiento económico.
Con esa cortina de humo pretenden ocultar algunas verdades que les resultan incómodas:
· La creciente desigualdad social y el aumento de la pobreza, resultantes de las políticas neoliberales aplicadas en las últimas décadas.
· El incumplimiento de salarios mínimos y la violación de otros derechos laborales en muchas empresas privadas, donde no se permite la organización de sindicatos que defiendan a las personas trabajadoras.
· El escandaloso incumplimiento tributario (empresas y profesionales privados que no pagan sus impuestos) cuyo monto es mayor que el déficit fiscal mismo.
· Las exoneraciones fiscales que favorecen a muchas empresas, mientras que todas y todos los costarricenses tenemos que soportar la pesada carga de una estructura tributaria regresiva.
· Los pobres resultados de la estrategia de libre comercio en materia de empleo: no se han cumplido a cabalidad las promesas del TLC y más bien se han destruido muchos puestos de trabajo al debilitarse actividades productivas de pequeñas y medianas empresas.
· La corrupción y la ineficiencia enquistadas, en algunas dependencias de las instituciones públicas, durante los gobiernos de los partidos tradicionales.
De esos y otros problemas estructurales, no son responsables las personas trabajadoras, ni del sector público ni del privado. Son responsables las elites políticas, económicas y mediáticas que controlan el país y solo les preocupa seguir acumulando riquezas y poder, sin solidaridad social.
Por ello, saludamos y acompañamos a las trabajadoras y trabajadores, estudiantes y otros sectores del pueblo costarricense, que el día 26 de octubre saldrán a las calles en defensa del Estado Social de Derecho. Compartimos igualmente la exigencia de un Gobierno que resuelva democráticamente y el llamado a un diálogo nacional participativo.
