George Rodríguez/Foto-Medios
El millenial de gorra al revés, conduce una autocracia que está, aceleradamente, transitando a tiranía.
Detrás del aspecto juvenil cool, así como del discurso con el cual se proyecta como dueño de la verdad por considerar que su conducta es intachable, se oculta un megalómano cuya base de poder -en absolutismo creciente- es, contrariamente a la imagen, la corrupción en variadas manifestaciones.
Se trata, obviamente, del presidente salvadoreño Nayib Bukele, un personaje sin ideología definida, quien, después de haber, oportunistamente, sido, con el ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), alcalde de dos ciudades -Santa Tecla, en la zona central (2012-2015), y San Salvador, la capital nacional (2015-2018)- fue expulsado, en 2017, de las filas del ahora partido político -justamente, por su politiquerismo camaleónico-.
Fuera del FMLN, organización con la cual ascendió en su carrera pública, el ahora derechista Bukele decidió formar, en 2017, su propio partido -Nuevas Ideas-.
Debido a la tramitología electoral, no fue posible inscribir, a la incipiente agrupación, para los comicios generales de 2019, de modo que su candidatura presidencial fue postulada por la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), uno de cuyos dos fundadores es el ex presidente (2004-2009) Antonio “Tony” Saca -quien, desde 2018, cumple condena a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero-.
Juramentado el 1 de junio de 2019, para cumplir el quinquenio que finaliza en 2024 -tras haber ganado, con 53.1 por ciento de apoyo votante, la elección presidencial realizada el 3 de febrero de ese año-, Bukele empezó, tan pronto como el año siguiente, a quitarse la máscara, a revelar su autoritarismo, dando el primer zarpazo netamente dictatorial.
Como todo gobernante populista que se precie de serlo, en el contexto de su mandamasismo en ascenso, Bukele se ha esforzado por mantener una buena relación con el sector militar.
Así, ante la omisión de la Asamblea Legislativa de aprobarle, rápidamente, financiamiento por unos 109 millones de dólares, para las fuerzas de seguridad, el presidente civil con mentalidad de chafa, invadió, el 9 de febrero de 2020, con apoyo de un considerable contingente de efectivos militares, la capitalina sede parlamentaria.
El gesto autogolpista no pasó de una acción intimidatoria, una flagrante violación de la independencia de los poderes del Estado, pero dejó incuestionablemente establecida la catadura tiránica del entonces naciente régimen bukelista.
Su autoritarismo populista marcó una afinidad con su dictatorial contraparte estadounidense del momento, el corrupto empresario Donald Trump -el personaje a quien, por su tonalidad facial, y dada su monumental limitación intelectual, el puntualmente crítico medio de comunicación electrónico Daily Kos definió, con magistral precisión, como “the orange idiot” (“el idiota anaranjado”)-.
Otra característica compartida por ambos mediocres autócratas -la redundancia es válida- consiste en el uso de la red social Twitter, para descalificar, calumniosamente, a adversarios.
Sumado a todo lo anterior, Bukele está valiéndose, ilegalmente, de la estructura institucional salvadoreña -principalmente la legislativa y la judicial-, y de otras acciones intimidatorias -que incluyen violación a derechos humanos-, para neutralizar toda amenaza a su arbitrariedad.
La elección de parlamentarios, llevada a cabo en febrero de este año, dio, a Nuevas Ideas, la mayoría de la Asamblea Legislativa.
Instalados, el 1 de mayo, los nuevos diputados -amplia mayoría neoideista-, vino el golpe de Estado contra el Poder Judicial vino apenas veinticuatro horas después.
El bulldozer oficialista -64 de los 84 diputados- destituyó, el 2 de mayo, a los siete magistrados -y a los doce suplentes- de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y al fiscal general de la República, Raúl Melara.
Los reemplazantes, en todos los casos, son operadores políticos de Bukele -incluido Rodolfo Delgado, el nuevo fiscal general-.
Para destituir a los magistrados, la excusa fue que, en el marco de la afectación socioeconómica y de salud, en El Salvador, a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, emitieron fallos violatorios de decretos ejecutivos, con lo que obstruyeron acciones del Ministerio de Salud frente a la emergencia sanitaria nacional.
En cuanto a Melara -reemplazado por Rodolfo Delgado, un estrecho colaborador bukelista-, la mayoría legislativa adujo que, como resultado de un presunto vínculo con la ultraderechista -escuadronera- y ex gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena), violó la independencia y la imparcialidad que el cargo impone.
Pero la parcialidad y la dependencia bukelistas de los nuevos diputados oficialistas y nuevos magistrados constitucionalistas, lejos de convertirse en un impedimento para ocupar esos cargos, parecieran ser parte no escrita de la descripción de su trabajo.
Así, la maquinaria progubernamental en la asamblea, ha aprobado legislación notoriamente turbia.
Por una parte, con la excusa de la emergencia sanitaria, y de la necesidad de agilizar trámites en ese contexto, los neoideistas aprobaron una ley que impide la investigación de todas las adquisiciones estatales -incluidas las que no se vincularon a la pandemia- durante 2020.
Impunidad garantizada para irregularidades en manejo de fondos estatales.
Además, los bukelistas aprobaron, en irregular trámite fast track, la legislación mediante la cual el país centroamericano se convirtió en líder mundial en materia de oficialización del bitcoin, dando, en una acción sin precedente, legalidad a esa criptomoneda.
De modo que El Salvador es espacio financiero para tres monedas oficiales, tres divisas de curso legal: el colón nacional, el dólar estadounidense -desde 2001-, el bitcoin -desde el 7 de setiembre de 2021-.
Pero la inmaterial moneda -tenazmente rechazada por la población salvadoreña en general, y, principalmente, por los pequeños y medianos negocios -lo mismo formales que informales-, presenta tendencia a la depreciación.
Específicamente, el “Día B” salvadoreño, la cotización de la criptomoneda bajó, según versiones periodísticas internacionales, alrededor de 20 por ciento, a partir del valor inicial de unos 53 mil dólares por unidad, para luego recuperarse hasta llegar al nivel de aproximadamente 46 mil.
En tal contexto, y de acuerdo con diferentes estimaciones, apenas la primera jornada bitcoin salvadoreña implicó, para el país, la pérdida de aproximadamente 3.1 millones de dólares.
Sin embargo, según lo afirmado la noche del 6 de setiembre -horas antes de que la criptomoneda se oficializara-, el millenial cool tuiteó que, “como toda innovación, el proceso del #Bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro es así y no se logrará todo en un día, ni en un mes. Pero debemos romper los paradigmas del pasado. El Salvador tiene derecho a avanzar hacia el primer mundo”.
Contrariamente a la insostenible visión del presidente, la mayoría de la población se opone a la arbitraria medida gubernamental.
El primer día -además de registrar masivas fallas en los cajeros electrónicos habilitados para hacer uso de la criptomoneda, y en la app denominada chivo wallet (buena billetera)-, fue momento para la realización de manifestaciones, a nivel nacional, en oposición a la medida.
En cuanto a la Sala de lo Constitucional, los magistrados bukelistas despejaron, ilegítimamente, el camino para que su jefe pueda continuar, en 2024, en el cargo.
Para ello, los agentes políticos del presidente en la cúpula del Poder Judicial, manipuladoramente, desvirtuaron el artículo 152 de la Constitución.
En la primera de siete limitaciones, ese artículo determina, específicamente, que no puede aspirar a la reelección “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial” siguiente.
No obstante, en su dictamen del 1 de mayo, al interpretar, a su antojo bukelista, esa disposición, la sala planteó que “es el mismo artículo 152 ordinal 1 quien permite como máximo que una persona ejerza la Presidencia por 10 años y, de hecho, el Constituyente de 1983 obliga a que esos 10 años se ejerzan, si el pueblo así lo decide, de forma consecutiva”.
Los magistrados hicieron, de ese modo, referencia al hecho de que la presidencia del país es ejercida quinquenalmente, y a que la actual Carta Magna salvadoreña entró en vigencia el 20 de diciembre de 1983.
A manera de complemento de su antojadiza lectura de esa disposición, los jueces constitucionalistas determinaron que “ha de requerirse al presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo período, deba solicitar una licencia durante los seis meses previos” a la apertura del período inmediatamente siguiente -para el cual aspira a la reelección-.
Esto, según los agentes de Bukele, para mantener vigente la “prohibición de prevalerse del cargo para realizar propaganda electoral”.
La actual crisis institucional salvadoreña -con el presidente en control de los tres poderes estatales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial- es indicativa de que Bukele está siguiendo, con particular esmero, el libreto de su colega Nicaragua, Daniel Ortega, a quien -en monumental e hipócrita paradoja- ha calificado como dictador.
Igual definición ha formulado respecto a su contraparte de Honduras, el narcopresidente Juan Orlando Hernández, sin siquiera percibir las inocultables similitudes que presentan los tres -entre ellas, el autoritarismo y las ilegítimas reformas reeleccionistas-.
Pero el millenial cool recién empieza, y el comandante le lleva considerable ventaja.
Al contabilizar sus décadas en el poder, hay que tener en cuenta que Ortega fue, inicialmente, coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN)-instalada cuando cayó, en 1979, la dictadura somocista-, cargo que desempeñó, desde ese año, hasta 1985.
A continuación, su primer período presidencial -como resultado de las primeras elecciones libres de somocismo- se extendió de 1985 a 1990.
Luego de tres derrotas electorales seguidas -1990, 1996, 2001-, ganó la votación de 2006.
A raíz de eso, ha estado tres quinquenios consecutivos en la presidencia (2007-2012, 2012-2017, 2017-2022) -el primero, por elección, los otros dos, por reelección gracias a una irregular reforma constitucional-.
Ahora, va, demencialmente, por la tercera turbia ratificación en el cargo, para llegar a cuatro ininterrumpidos períodos presidenciales.
De modo que, sumando los cinco años de coordinación de la junta, los cinco de presidencia durante el gobierno revolucionario, más los quince desde el retorno al gobierno, Ortega acumula, de momento, por todo, 25 años en el poder.
Y, en lo inmediato, con el triunfo de noviembre, está apuntado a, por lo menos, 35.
Bukele también empieza a implementar el brutal libreto orteguista para eliminar oposición -lo que incluye encarcelamiento y tortura, desaparición, amenaza, difamación, entre otros represivos componentes-.
Ejemplo de ello, el caso de la abogada litigante y defensora de los derechos humanos salvadoreña Bertha María Deleón, una tenaz opositora a Bukele y allegados.
Deleón viene siendo blanco de particularmente peligroso hostigamiento oficialista, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó, este mes, al régimen bukelista, medidas cautelares para la profesional.
Según la resolución que dio a conocer el 21 de setiembre, la CIDH tomó la decisión a causa de la crítica situación, en cuanto a su seguridad personal, en la que se encuentra la abogada.
La riesgosa vulnerabilidad de la profesional y activista se enmarca en un contexto de agresión que incluye amenazas y difamación vía redes sociales, seguimiento por personas desplazándose en automóviles y motocicletas sin placas de circulación, el uso de drones para monitorear sus desplazamientos, de acuerdo con lo señalado por la CIDH lo mismo que lo denunciado por la víctima.
La solicitud de medidas cautelares fue formulada, en mayo de este año, por la abogada independiente Ruth López Alfaro, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) -entidad con sede en Washington-.
En una declaración difundida el 28 de mayo, por Cejil, las solicitantes explicaron que tomaron la decisión, para “proteger la vida e integridad de la defensora de derechos humanos Bertha María Deleón Gutiérrez, quien fue citada el miércoles 26 de mayo a las 9:00 horas por la Fiscalía General de la República”.
También señalaron que la petición fue planteada, “ante el riesgo inminente de un daño irreparable a los derechos de vida, integridad y libertad personal de Bertha Deleón, en el marco de una campaña de estigmatización, hostigamiento y un proceso de criminalización que se ha emprendido en su contra, el cual podría derivar en una detención arbitraria”.
Las solicitantes describieron, asimismo, a Deleón como “una abogada penalista con amplia trayectoria en El Salvador que ha participado en diversos procesos que le han acarreado múltiples riesgos (…) así como la defensa de mujeres encarceladas por experimentar emergencias obstétricas en el contexto de penalización absoluta del aborto”.
La defensora, quien también “participó (este año) como candidata a diputada, ha criticado públicamente actuaciones arbitrarias del actual mandatario, como la toma de la Asamblea Legislativa en febrero de 2020”, y “sus cuestionamientos han suscitado una campaña de estigmatización en su contra, a través de redes sociales y medios de comunicación”, plantearon.
Entretanto, en declaraciones exclusivas que el medio de comunicación salvadoreño El Faro reprodujo el 14 de mayo, Deleón responsabilizó a Bukele, y a sus principales colaboradores, por la múltiple agresión oficialista de que es objeto.
En ese grupo incluyó al mandatario, a su hermano Karim Bukele, al actual fiscal general, y al ex candidato neoideista a diputado Walter Araújo.
En el caso de Araújo -operador político, de larga data, del mandatario-, Deleón lo acusó judicialmente, como uno de los promotores de la campaña difamatoria que la afecta-incluidos llamados a violarla y a asesinarla-, y por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres, lo que puso fin a la candidatura del bukelista.
Respecto a los hermanos, en particular, la abogada -quien fue integrante del equipo legal del actual mandatario- aseguró, a El Faro, que “estoy clara que tanto Nayib como Karim son los que están detrás de toda esta podredumbre”.
“Nayib, sus allegados, y Walter Araujo se caracterizan por eso: por promover odio, por querer aplastar a sus enemigos, es una amenaza para mí, me pone en riesgo mi libertad”, denunció, además.
“Ahora, yo -que vengo haciendo crítica al Gobierno, participé como candidata buscando una curul en la Asamblea-, obviamente, estoy expuesta, y ya no es algo que sólo yo me imagino o es una especulación: es una amenaza real del uso, de la Fiscalía, a través del fiscal impuesto por Bukele, Rodolfo Delgado”, advirtió.
“Lo tomo como una amenaza latente, del uso del sistema de justicia, para acabarse a alguien que consideran incómodo, que consideran molesto, como una herramienta de venganza política”, reafirmó, además de precisar que “es una amenaza sobre mi familia”.
En este sentido, planteó que “soy mamá, tengo dos hijos, mi hijo de 16 años ya está enterado de esta situación, y por supuesto que le trae un daño pensar que puedo ir, en algún momento, detenida”, explicó.
“Es difícil tener que decirle, a él: ‘mirá, hijo: puede ser que vengan a tocarnos la puerta, y me vengan a llevar presa’. Es muy duro, y no soy la única”, aseguró.
Bukele -quien, insultantemente, se define como “el dictador más cool del mundo mundial”- no ha llegado a los niveles de brutalidad criminal que el comandante ha establecido como criminal modus operandi, en materia de indetenible violación a los derechos humanos, pero avanza, rápidamente, en la ruta.
