A pesar de los esfuerzos declarados por el Banco Nacional en cumplir con la Ley 7600 y sus ajustes razonables para garantizar la accesibilidad, la realidad sobre su preparación para atender a personas aún plantea desafíos, según confiesa Maritza Fuentes, representante de la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad del BN. La sucursal de Curridabat, como muchas otras, afirma seguir protocolos y proporcionar capacitación a su personal para garantizar que los clientes con discapacidades sean atendidos en igualdad de condiciones. Sin embargo, al observar las respuestas del banco en detalle, surgen dudas sobre la efectividad real de estas medidas, especialmente en lo que respeta a la atención a las personas sordas.
1. El cumplimiento de la Ley 7600: ¿suficiente?
Si bien el Banco Nacional asegura que todas sus oficinas están diseñadas para cumplir con la Ley 7600, que establece la accesibilidad para personas con discapacidad, esto se centra mayormente en aspectos físicos y arquitectónicos, como rampas y señalización. Sin embargo, la accesibilidad para personas sordas, que implica una barrera comunicativa más allá de lo físico, parece tener una respuesta limitada.
El banco reconoce que, en ciertos casos, debe coordinar la presencia de un intérprete de Lengua de Señas Costarricense (LESCO) para algunos trámites, pero esta coordinación solo ocurre si el cliente sordo notifica con antelación su asistencia. Esto representa un inconveniente notable para la autonomía de las personas sordas, quienes podrían verse obligadas a programar sus visitas con días o semanas de anticipación, algo que no se les exige a los clientes oyentes.
2. Intérpretes: un servicio limitado
El Banco Nacional afirma tener 367 empleados capacitados en LESCO en sus oficinas comerciales, pero no especifica cuántos de estos se encuentran en la sucursal de Curridabat o cuán accesibles están en la práctica. Este número, en comparación con la gran cantidad de oficinas y empleados del banco, sugiere que la cobertura de este servicio puede ser limitada.
Además, se menciona que solo para trámites que requieren un mayor nivel de comunicación se coordina la presencia de un intérprete externo. Este enfoque reactivo parece insuficiente para garantizar un acceso equitativo a los servicios bancarios, ya que los trámites bancarios no siempre se pueden prever con suficiente antelación.
3. Capacitación del personal: un compromiso vago
El Banco Nacional menciona que su personal está en un «proceso continuo de capacitación», y que todos los empleados deben certificarse anualmente en buenas prácticas de atención a personas con discapacidad. No obstante, no se ofrece información detallada sobre la profundidad o efectividad de estas capacitaciones en lo que respeta a la atención de personas sordas. El hecho de que se dependa de un sistema de coordinación previa para el uso de intérpretes sugiere que las habilidades comunicativas en LESCO del personal cotidiano podrían ser básicas o limitadas.
4. La experiencia del cliente sordo: ¿justa y equitativa?
Las personas oyentes pueden simplemente llegar a una sucursal, esperar su turno y realizar sus trámites sin obstáculos adicionales. Sin embargo, las personas sordas se enfrentan a un procedimiento más complicado, que incluye la obligación de avisar al banco para poder acceder a un intérprete. Esto no solo genera una carga adicional para el cliente sordo, sino que también puede disuadirlo de realizar trámites urgentes o imprevistos.
5. Conclusión: accesibilidad incompleta
Si bien el Banco Nacional ha tomado medidas para hacer más accesibles sus servicios, el hecho de que la presencia de intérpretes de LESCO no esté garantizada de manera inmediata en sus sucursales y que se dependa de avisos previos limite el acceso equitativo para las personas sordas. La obligación de planificar visitas con anticipación contradice la idea de un servicio justo y accesible para todos, dejando claro que aún hay una brecha significativa en la inclusión total de este colectivo.
El banco, por tanto, no está completamente preparado para atender a las personas sordas de manera equitativa y sin barreras adicionales. Queda pendiente una mayor inversión en capacitación real y disponible para todo el personal, así como la implementación de intérpretes permanentes en sus oficinas, para garantizar una atención verdaderamente inclusiva.
