El complicado y violento proceso de votación presidencial en Ecuador, para completar el período (2021-2025) del derechista banquero Guillermo Lasso, pasa a segunda vuelta entre los dos candidatos más votados: Luisa González y Daniel Noboa.
De acuerdo con los resultado preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ninguno de los candidatos obtuvo el caudal mínimo necesario de sufragios para ganar en primera vuelta -40 por ciento, con diferencia de 10 puntos porcentuales entre los dos más votados-.
Conocidos los números preliminares registrados por el CNE que marcaban tendencia irreversible, habiéndose contado 44.46 por ciento de los votos, González se mantenía primera -al igual que en las encuestas, a lo largo del período de campaña-, con 33.44 por ciento, mientras Noboa consolidaba el segundo lugar, con 24.31 por ciento.
En tal contexto, los dos rivales de segunda vuelta, dirigieron mensajes a sus respectivos seguidores.
González -postulada por el centroizquierdista partido Revolución Ciudadana (RC)- aseguró que, en la nueva jornada -prevista para el 15 de octubre, “tenemos que votar bien”, porque “necesitamos recuperar el país”.
En el primer sufragio, “se ha reflejado el voto del país que quiere paz, pero, también, del país que necesita medicinas y empleo”.
Por su parte, Noboa -candidato por el centroizquierdista movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), dijo que, si bien “hay una segunda vuelta”, y que “todavía no hemos logrado el objetivo que es la Presidencia de la República”, en la votación inicial, “el pueblo ecuatoriano ha ganado”.
La violencia sicaria golpeó, brutalmente, el proceso cívico, generado en la disolución de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), el 17 de mayo, por Lasso, para evitar su enjuiciamiento político, en el organismo legislativo, por señalamientos de corrupción.
En tal contexto, Fernando Villavicencio, candidato por el centrista Movimiento Construye, fue asesinado, a balazos, por sicarios, el 9 de agosto -11 días antes de la votación-.
Villavicencio, un periodista investigativo especializado en casos de corrupción, y un ex asambleísta (2021-2023), fue reemplazado Zurita -un periodista con quien el asesinado aspirante presidencial realizó algunas pesquisas-.
El contexto de violencia y corrupción derivado de lo que en el andino país sudamericano se define como “narcopolítica” es punto de atención en los respectivos planes de gobierno de los ahora rivales en segunda vuelta.
Precisamente, la hoja de ruta gubernamental de González -Plan de Gobierno de la Revolución Ciudadana 2023-2025-, prevé, entre sus doce Objetivos Específicos
-denominados “justicias”, contenidas en 70 páginas- acciones en ambos frentes.
Así, el segundo objetivo se denomina “Justicia para la paz, la seguridad y el orden”, mientras que el cuarto es presentado como “Justicia justa contra la corrupción”.
En lo que tiene que ver con seguridad, entre otras propuestas, plantea “reconstruir el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, derechos Humanos y Cultos”, además de “reestructurar los Ministerios del Interior y de Gobierno y depurar las filas de las fuerzas de seguridad”.
Por otra parte, “establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la prevención, la reducción de la violencia y la convivencia pacífica con justicia, equidad y derechos humanos”.
Respecto a la lucha anticorrupción, la mira está puesta en “Despolitizar la justicia y desjudicializar la política”, para, necesariamente, “recuperar la independencia, la imparcialidad y la plena sujeción a Ley y a la Constitución, de la Función Judicial y la Fiscalía para que cumplan con su función de sancionar delitos y no personas”.
Asimismo, se enfoca en la “Lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, para lo cual destaca, entre otras acciones, “acordar un pacto ético de toda la sociedad para fortalecer nuestros principios de convivencia social guiados por el bien común”.
En el mismo sentido, plantea “promover una cultura anticorrupción a través de políticas de prevención, fortalecimiento institucional y apoyo a su sanción justa y socialmente efectiva”.
El plan de gobierno de González también presenta, en el sexto objetivo, el componente de género, que busca “Justicia para las mujeres y niñas”.
Para ello, señala, entre otras, la meta de “Ciudadanía con igualdad de género”, lo que implica impulsar la equidad “en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo la educación, el empleo, la política y la toma de decisiones, a través de políticas y programas inclusivos y basados en derechos”.
Además, “erradicar la violencia en contra de la mujer en todas sus formas, incluyendo la violencia doméstica, la violencia sexual, el acoso y la trata de personas”, lo que proyecta lograr “a través de la implementación y la aplicación efectiva de leyes y políticas que protejan a las víctimas, sancionen a los agresores y promuevan la prevención”.
Entretanto, para la trinchera de “Lucha contra la discriminación y la violencia de género”, uno de los 10 objetivos específicos consiste en “implementar una Plan de Lucha contra las Violencia y la Discriminación”.
Otras propuestas, buscan “crear Observatorios contralas Violencias de todo tipo, así como refugios, redes de prevención, capacitaciones, entre otras”, lo mismo que “impulsar programas de formación y trabajo para víctimas de todo tipo de violencia, mediante convenios con universidades y organizaciones de la economía popular”.
También, “establecer un ingreso económico básico y alternativas habitacionales para las mujeres que padecen violencia”, y “luchar permanentemente contra la violencia política contra las mujeres, impulsando políticas de educación y concienciación así como adecuando el aparato sancionador para asegurar el acceso de las víctimas a la justicia y la reparación”.
Por su parte, Noboa, en su Plan de Trabajo -consistente en 10 puntos centrales, prevé, en materia de seguridad, entre otras acciones, “mejorar la eficiencia y equidad del sistema judicial”, crear “programas de vigilancia comunitaria y de denuncia ciudadana”.
En materia de corrupción, el proyecto gubernamental del candidato plantea, entre otras iniciativas, fortalecer “la cooperación internacional en la lucha contra los paraísos fiscales”, así como transparentar el proceso de licitación pública, por ejemplo, mediante “la publicación de las decisiones de adjudicación”.
González permaneció, durante el tiempo de campaña proselitista, como primera entre las ocho opciones.
La aspirante a la presidencia, quien fue la única mujer postulada para ese cargo, lleva, como compañero de fórmula a Andrés Arauz, mientras que los siete candidatos complementaron, con postulaciones femeninas, las respectivas propuestas electorales.
