El Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ubicado en el Caribe Sur de Costa Rica, sigue siendo víctima de la negligencia institucional que ha permitido el avance de la destrucción ambiental. A pesar de la sentencia 2019-012745 de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional la Ley 9223, que afectaba los límites del refugio, la situación sigue sin resolverse, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad local sino el futuro de un ecosistema clave para la región.
La última semana de febrero, la Defensoría de los Habitantes presentó ante la Sala Constitucional una solicitud de medida cautelar con el objetivo de frenar los graves daños que continúan ocurriendo en el refugio.
La solicitud subraya los reiterados incumplimientos del Poder Ejecutivo y las autoridades locales a la sentencia mencionada, cuya efectividad aún está muy lejos de materializarse, a pesar de haber sido emitida hace ya varios años.
La defensora, Angie Cruickshank Lambert, ha destacado que, a pesar de los esfuerzos, el proceso lleva más de una década sin resultados efectivos para la protección del área.
La falta de delimitación clara del refugio ha generado un vacío legal que ha permitido actividades como la tala de árboles y la emisión de permisos de aprovechamiento forestal. Entre 2014 y 2024, se han otorgado al menos 952 permisos de este tipo, a pesar de que no existen certezas técnicas sobre los límites exactos de las zonas boscosas y los humedales dentro del refugio.
Esta situación es especialmente preocupante, ya que compromete la preservación de una de las áreas naturales más importantes del país, rica en biodiversidad y vital para la conservación de especies.
Además, la Defensoría ha advertido que el Plan Regulador Costero Talamanca-Cahuita no consideró varios humedales identificados en estudios oficiales, lo que agrava aún más el panorama.
La directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), que aún reconoce los límites establecidos por la ley anulada, es otro obstáculo para una correcta delimitación del refugio y la conservación efectiva de la zona.
La solicitud de medida cautelar presentada por la Defensoría de los Habitantes tiene como objetivo suspender las actividades destructivas en el área. Entre las medidas propuestas, se incluye la suspensión inmediata de la emisión de permisos de construcción y concesiones en la zona marítimo-terrestre del refugio, así como en áreas aledañas. Además, se pide que las obras en curso sean paralizadas hasta que se delimiten correctamente las 20,1 hectáreas de bosque en disputa.
También se solicita la suspensión de permisos de corta de árboles emitidos por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
El incumplimiento de la sentencia original no es un hecho aislado. Ya en el fallo 26300-2024, emitido el 10 de septiembre pasado, la Sala Constitucional constató que las autoridades competentes habían fallado en su obligación de ejecutar las medidas necesarias para la protección del refugio.
Con esto en mente, la Defensoría espera que esta nueva solicitud de medidas cautelares, al igual que ocurrió en El Tirol (Heredia), sea resuelta favorablemente y se tomen las acciones necesarias para frenar el daño ambiental en la zona.
El caso del Refugio Gandoca-Manzanillo es un recordatorio de la importancia de defender la naturaleza ante los intereses que siguen poniendo en riesgo nuestros recursos naturales. La lucha por la conservación de este refugio debe ser vista como una prioridad, no solo por su valor ecológico, sino por el compromiso del país con el medio ambiente y las futuras generaciones.
