La discusión sobre el uso de la marihuana vuelve a instalarse en la agenda política de Bolivia, tras las declaraciones del empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina, quien planteó la necesidad de abrir un debate nacional sobre una posible reforma normativa.
El planteamiento generó diversas reacciones dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde legisladores de distintas fuerzas coincidieron en algo: existe disposición para discutir el uso medicinal del cannabis, aunque persisten fuertes resistencias frente a su legalización con fines recreativos.
Doria Medina sostuvo que Bolivia no puede mantenerse ajena a las tendencias internacionales. Mencionó como referencia experiencias en Estados Unidos y varios países de Europa, así como el caso de Uruguay, pionero en la regulación integral del cannabis. Sin embargo, aclaró que su intención no es impulsar una aprobación inmediata, sino abrir un espacio de análisis público informado.
Desde una postura moderada, el diputado Rudy Pantaleón, del Partido Demócrata Cristiano, señaló que el uso terapéutico podría ser viable si se respalda en evidencia científica. No obstante, advirtió sobre los posibles efectos negativos de un uso recreativo sin regulación estricta, especialmente en la población joven.
En la misma línea, el senador José Roca subrayó la importancia de no ignorar el contexto global. A su criterio, resulta más efectivo discutir una regulación legal que continuar con un escenario donde el consumo y la comercialización se desarrollan fuera del control estatal. Además, insistió en que el componente médico debe ser prioritario dentro del debate.
En contraste, el diputado Rolando Pacheco, de Alianza Popular, rechazó de forma tajante la propuesta. Consideró que este tipo de iniciativas desvían la atención de los problemas urgentes del país, como la crisis económica, el acceso a combustibles y las necesidades del sistema de salud.
El tema, lejos de resolverse, evidencia una tensión entre la apertura a nuevas políticas públicas y la preocupación por sus posibles impactos sociales. Mientras algunos sectores apuestan por un enfoque técnico y regulado, otros insisten en que no es el momento político ni económico para abordar esta discusión.
Así, Bolivia se suma a una tendencia regional donde el cannabis se posiciona como un tema complejo, que exige equilibrio entre salud pública, seguridad y derechos individuales, en medio de un debate que apenas comienza.
