Los angustiados migrantes quienes siguen llegando, por miles, a la sobrepoblada frontera terrestre que México y Estados Unidos comparten a lo largo de algo más de tres mil kilómetros, rescataron, inadvertidamente, a la Novena Cumbre de las Américas, del curso de fracaso total en el que parecía atrapada.
Esto, aunque, lejos de necesitar más declaraciones -y más represión xenofóbica-, les urge solución, eficaz, a su dramática situación.
En medio de las abismales diferencias entre los críticos de la exclusión de las dictaduras -Cuba, Nicaragua, y Venezuela-, y los unánimemente satisfechos con la unilateral decisión de los organizadores del encuentro, los participantes en las conversaciones desarrolladas en la occidental ciudad estadounidense de Los Ángeles, encontraron, en la declaración de cierre, el salvavidas.
De modo que, al producir la extensa Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección (Los Angeles Declaration on Migration and Protection), suscrita el 10 de junio, en la metrópoli angelina, formalmente, lograron algo que mostrar, como resultado.
Habrá que monitorear si, a diferencia de lo que suele ocurrir con las reuniones en la cima-o sea, en lo alto, en la cúspide, lo más lejos posible de la base-, las oficiales buenas intenciones -expuestas en el habitualmente aséptico lenguaje políticamente correcto- pasan, del enunciado -burocrático-, en el papel, a la solución -realista-, en el terreno.
A ver si -esta vez- se entra, a profundidad y seriamente, en la cruel realidad que obliga, a miles de integrantes de esa amplia base socioeconómica, a seguir el camino-complicado- de la migración obligada, la migración que surge cómo única -y desesperada- vía hacia un supuesto entorno de posibilidades -las que, sin perjuicio del nuevo ambiente, no tienen garantizadas-.
El extenso documento fue consensuado por los gobiernos de Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay.
Es decir, 20 de los 35 países del Sistema Interamericano -dos tercios del total-.
Y dos de los veinte -el derechista y desprestigiado presidente colombiano, Iván Duque, y el ultraderechista, impresentable, y ultradesprestigiado presidente brasileño, el capitán retirado Jair Bolsonaro-, dieron su última muestra de mediocridad en estas reuniones, ya que van de salida.
Bolsonaro -el misógino antisocial quien añora la dictadura militar-, tiene que dejar, el 31 de diciembre de este año, la presidencia a la que llegó ilegítimamente, tras haber manipulado el sistema judicial -específicamente al delictivo y servil juez Sergio Moro-, para lograr la detención de su adversario y dos veces presidente (2003-2007, 2007-2011), el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva -quien, se perfila para sucederlo, luego de las elecciones programadas para el 2 de octubre-.
Punto a tomar en cuenta: el capitán Bolsonaro y el comandante Daniel Ortega, consideran que la mejor campaña electoral consiste en el encarcelamiento de los adversarios quienes pueden alterar sus planes.
Duque -cuya fenomenal incompetencia es masivamente reconocida dentro y fuera de Colombia-, se apresta a salir, el 7 de agosto, del cargo, para ser sucedido por el ganador de la reñida segunda vuelta electoral -el 19 de junio-: el economista y ex guerrillero Gustavo Petro.
El Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala, Honduras-, uno de los principales generadores de la indetenible migración latinoamericana hacia el quimérico y engañoso “sueño americano”, es socio activo en la declaración.
El triángulo dictatorial de América Latina -Cuba, Nicaragua, Venezuela-, otro importante bloque expulsor de migrantes, no estuvo en la reunión.
Esto, porque el dueño de casa decidió esgrimir el argumento de que los gobiernos irrespetuosos de la democracia no tienen espacio en reuniones pluralista -como la Cumbre de las Américas-.
De modo que, bajo el disfraz de un supuesto castigo a tres dictaduras, optó -de hecho- por protegerlas de las fuertes críticas que habrían recibido -y de la ineludible exigencia implícita de que rindiesen cuentas-, a causa de los crímenes de lesa humanidad que persisten en perpetrar.
La supuesta sanción sirvió, a la medida, para impedir que, en una concertada acción insurreccional, los tres dictadores -Miguel Díaz Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua), Nicolás Maduro (Venezuela)- rechazaran la invitación -y mellaran, así, la autoridad imperial-.
No obstante, cada uno protagonizó la rabieta de rigor, planteando, esencialmente, que, de todos modos, no habrían participado -y aprovecharon para soltar su habitual, y gastada letanía antimperialista-.
El gobierno anfitrión dio muestra del favor que les hizo, por ejemplo, en las timoratas declaraciones que, sobre la prolongada crisis que golpea a Nicaragua, formuló, en español, a periodistas del país centroamericano, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en el marco de la cumbre.
Interrogado sobre la perspectiva de acción, por parte de Estados Unidos, contra la dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, la respuesta de Nichols fue ofensiva para los asesinados, los perseguidos, los encarcelados, los torturados, los desaparecidos por la pareja criminal.
“Esperamos cambios profundos en su forma de actuar, y, si no, vamos a tomar medidas para expresar nuestro desacuerdo por la represión política que existe en Nicaragua en este momento”, dijo.
De modo que, ante una brutal dictadura -émulo de los sanguinarios y corruptos regímenes militares fascistas del siglo pasado en América Latina-, cuya irracionalidad criminal no responde a razón, el gobierno de Joe Biden espera que el comandante y la compañera experimenten una epifanía que los convierta en buenas personas, y, como tales, los conduzca a abandonar su conducta de criminales corruptos.
Y es mejor que lo hagan, porque, de no ser así, la administración Biden va a decirles que no le parece bien que repriman.
Uy! Qué miedo!
Además, y a pesar de que The New York Times reveló formalmente -al inicio de mayo- lo que ya se sabía extraoficialmente -que la dictadura ortegamurillista y la administración Biden están dialogando fuera de cámaras-, Nichols dijo que la pareja gobernante no da muestras de voluntad de hablar.
El según el subsecretario, “parece que el gobierno de Daniel Ortega no tiene interés en conversar con nosotros”.
En serio?
El gobierno de Estados Unidos está constituido por ineptos, o por cómplices de una de las más crueles/corruptas dictaduras en la historia latinoamericana reciente?
Cualquiera de los casos, es inaceptable -y peligroso-.
Entretanto, y sin tiempo para esperar por la transformación de los dictadores, los nicaragüenses siguen, por miles, fugándose de la cárcel en la cual el binomio ha convertido a Nicaragua.
El país de lagos y volcanes, metamorfoseado en infierno de represión y tortura.
Desde el estallido de la indetenible crisis -en abril de 2018-, más de 120 mil personas han cruzado clandestinamente, hacia el sur, la frontera terrestre de 309 kilómetros entre Nicaragua y Costa Rica, en procura de refugio.
Otras decenas de miles están optando por migrar hacia Estados Unidos, y a países europeos -incluida la lejana y nórdicamente helada Finlandia, antítesis del trópico centroamericano-.
En el contexto de la migración forzada -principalmente, por tierra-, desde Centroamérica hacia Estados Unidos -necesariamente, vía México-, el principal punto de partida es el Triángulo Norte -mayoritariamente, desde Honduras y desde El Salvador-.
Esta subregión se caracteriza por la violencia -lo que implica inseguridad ciudadana-.
Las variantes van, desde el brutal accionar del crimen organizado -mayoritariamente, narcoestructuras y redes de tráfico de personas, en constante guerra territorial entre sí , y con recurrentemente cotidianos ajustes de cuentas a cargo de sicarios-, hasta las diferentes manifestaciones del machismo agresor -profundamente enraizado en las respectivas sociedades patriarcales por histórica naturaleza-, entre las que destacan la violación sexual y el femicidio.
La criminalidad estructurada, incluye, hace algunos años, a las maras, en su indetenible metamorfosis desde las pandillas callejeras surgidas en ciudades estadounidenses
-principalmente, Los Ángeles, en las décadas de las guerras centroamericanas en la segunda mitad del siglo pasado- hasta las actuales organizaciones delictivas, siempre caracterizadas por la violencia.
La operatividad de las maras -con decenas de miles de integrantes, en los tres países- cubre actividades tan diversas como el cobro de “peaje” en zonas de influencia, hasta operaciones de sicariato, pasando por tráfico de personas, narcotráfico, y el reclutamiento de niños y varones adolescentes como tropa, y de niñas y mujeres adolescentes para servidumbre sexual.
La violencia que ejercen estas estructuras criminales, también es patrimonial, ya que llegan al extremo de desalojar -sobre la base de amenazas, secuestros, asesinatos, violaciones-, a habitantes de casas, para apoderarse de esos inmuebles.
Las víctimas suelen ser personas de escasos recursos.
El terror impuesto por los mareros, y la situación de absoluta indefensión de las víctimas, obliga a que, por ejemplo, jefas de hogar, para proteger a hijas e hijos menores y adolescentes, opten por enviarlos hacia Estados Unidos -por lo general, para ser recibidos por familiares asentados en ese país-.
Es tal la desesperación por impedir que las maras se apoderen de sus hijas y sus hijos, que estas mujeres, en números considerables, optan por enviar, a menores, sin acompañarlos, en el tan largo cuanto peligroso recorrido terrestre -aproximadamente cuatro mil kilómetros- hasta la frontera mexicana norte -con Estados Unidos-.
Es frecuente, escuchar expresiones de crítica -principalmente de personas ajenas al Triángulo Norte, desconocedoras de la dramática realidad socioeconómica del área- ante esa decisión angustiantemente extrema que numerosas madres se ven obligadas a tomar.
Sin embargo, quienes conocemos, directamente -y hace décadas-, tal realidad, sabemos que estas mujeres no están actuando irresponsablemente sino que lo hacen sabiendo que, en verdad, se trata del único recurso para proteger a sus niñas y sus niños, salvándolos del reclutamiento marero -o la ejecución, en caso de negarse a participar en esas organizaciones delictivas-.
Los riesgos, a lo largo del camino, son variados: coyotaje al servicio de narcoestructuras y redes de tráfico de personas -principalmente mujeres y niños, para explotación sexual-, corrupción policial y militar en los territorios nacionales ubicados en la ruta, alta perspectiva de que mujeres y niñas sean violadas, accidentes -principalmente al abordar “la bestia” (tren de carga en recorrido de sur a norte), o al transitar por la vía-, entre otros peligros.
La exposición a tales situaciones generó una variante en los constantes -y crecientes- desplazamientos de migrantes -principalmente los salidos del Triángulo Norte-: en lugar de caminar individualmente, o en reducidos grupos familiares o de amigos, avanzar en masivas caravanas -de miles de integrantes- hacia el “American dream”.
Con el tiempo, oenegés defensoras de los derechos humanos -principalmente de las garantías fundamentales de los migrantes- han estructurado -mayoritariamente, en territorio mexicano- redes de solidaridad que, sin costo alguno para los beneficiarios, ofrecen alojamiento a lo largo de la ruta.
Esto incluye desde componentes tales como alimentación, asistencia médica, atención psicológica, hasta acompañamiento legal para la obtención de visa de tránsito -para desplazamiento, en regla, hasta la frontera con Estados Unidos, lo que reduce, considerablemente, aunque no elimina del todo, la perspectiva de sucesivos pagos de “mordida”-.
La llegada al límite terrestre gringomex, marca el cierre del primer capítulo del proceso migratorio -haber superado los agotadores y riesgosos cuatro mil kilómetros-, y la apertura del siguiente -el exageradamente complejo, y muchas veces infructuoso- trámite de ingreso a territorio estadounidense-.
Las dificultades -aún vigentes- se multiplicaron durante el autoritario régimen del racista/xenofóbico/ignorante Donald Trump, en su fascista esfuerzo por detener el fenómeno migratorio, mediante brutalidad represora, muros fronterizos, cruel separación de niños y familiares adultos -y su reclusión en campos de concentración militares-.
Esas fueron algunas de las acciones de tipo fascista mediante las cuales el corrupto y golpista presidente -a quien el medí de información/análisis/opinión estadounidense Daily Kos, acertadamente, suele describir como “the orange idiot” (“el idiota anaranjado”)- trató de evitar el ingreso, a la democracia modelo, de inmigración indeseable.
Primero, dijo que se trataba de mexicanos violadores y asesinos -en su monumental ignorancia, seguramente, considera que, del Río Bravo, hacia el sur, toda la población es mexicana-.
Después, durante una reunión gubernamental -para analizar, precisamente, la crisis humanitaria en la frontera sur- se preguntó para qué, Estados Unidos, querría recibir a inmigrantes de “shithole countries” (“países de mierda”).
Complemento perfecto de la patanería de su esposo, la entonces primera dama estadounidense -una migrante europea, por lo tanto de ningún “país de mierda”-, durante una visita a unos de los campos de concentración donde el régimen de Trump mantenía secuestrados -y separados de sus respectivas familias- a miles de niños, llegó con un abrigo verde que, sobre la espalda, en letras blancas, indicaba: “I really don’t care. Do U?” (“En realidad no me importa. A vos?”).
La inhumana hostilidad antinmigrante persiste, en gran medida, con el gobierno de Biden, no obstante su declarada priorización de los derechos humanos como pilar de la política exterior estadounidense en la era postrumpiana.
No obstante, Estados Unidos suscribió, con 19 países latinoamericanos y caribeños, al cierre -el 10 de junio-, de la Novena Cumbre de las Américas, un enunciado de buenas intenciones cuyo objetivo formal apunta al bien de los migrantes: la extensa declaración de Los Ángeles.
Esto, después del intento que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris -hija de una inmigrante de India y un inmigrante de Jamaica-, encargada, en 2021, por Biden, de atender -y dar solución- a la crítica situación migratoria en la frontera sur -el límite terrestre de 3155 kilómetros, con México-.
La tarea fue, en realidad, una misión imposible.
En un denodado intento por hallar solución a las “root causes” (“causas raíz”) de la migración triangulonortista, Harris decidió establecer comunicación con los respectivos gobiernos del triángulo -el origen de los masivos desplazamientos-, y el de México -cuyo territorio constituye la mayor parte del recorrido-.
Sin embargo, la visita que cumplió a la región, se materializó en la mitad del conjunto.
Ante la imposibilidad de dialogar con el entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, un narcotraficante quien estaba próximo a dejar el cargo -y ser extraditado a Estados Unidos-, y de hablar con el autocrático presidente de El Salvador, Nayib Bukele–“el dictador más cool del mundo”-, la vicepresidenta se reunió solamente con el guatemalteco Alejandro Giammattei, y el mexicano Andrés Manuel López Obrador-también conocido por sus iniciales: AMLO-.
Pero, en el caso de Giammattei, el autoritario e intelectualmente limitado gobernante -un ex director del sistema penitenciario de Guatemala- se quejó de que Harris no ofreció dinero.
De modo que la gira para comprobar, directamente, el origen del drama migrante del Triángulo Norte, distó mucho de lo esperado.
En el más reciente intento formal de Estados Unidos y sus aliados en “las Américas”, la cumbre regional ofreció, como su mejor producto, la extensa Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección.
Si bien la redacción del documento plantea, en lo formal, disposición a ayudar/proteger a los migrantes, la intención no declarada es, obviamente, la de impedir el masivo desplazamiento humano hacia territorio estadounidense.
El recurrente mensaje implícito, de la administración Biden, a los caminadores, se reduce a un sencillo “no vengan”.
En ese sentido, entre la maraña de enunciados que incorporaron al texto, los firmantes expresaron, puntualmente, que “coincidimos en la necesidad de promover las condiciones políticas, económicas, sociales, ambientales y de seguridad para que las personas tengan una vida pacífica, productiva y digna en sus países de origen. La migración debería ser una elección voluntaria e informada, y no una necesidad”.
En lugar de los eufemismos: quédense en sus países.
Si bien es cierto que la declaración establece qué hay que hacer, no indica, claramente, cómo hacerlo.
A continuación, apenas algunos ejemplos.
Bajo el subtítulo “Promover la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno”, los firmantes plantearon que “vamos a extender los esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración irregular en todo nuestro hemisferio, mejorando las condiciones y las oportunidades en los países de origen y promoviendo el respeto de los derechos humanos”.
Excelente. Pero, qué esfuerzos, y cómo?
También, “reafirmamos la importancia de asegurar que el retorno, la readmisión y la reintegración de los migrantes se den en condiciones seguras, dignas y sostenibles, a fin de facilitar que puedan reasentarse en sus comunidades de origen”
Excelente. Pero, cómo?
“Asimismo, confirmamos la importancia de que todos los ciudadanos extranjeros reciban asistencia consular oportuna cuando la requieran o la soliciten, y que se brinde a las personas retornadas un trato humano y digno, con independencia de su condición migratoria, incluso en el proceso de su repatriación y retorno”.
Excelente. Pero, cómo?
En cuanto a “Promover vías reguilares para la migración y la protección internacional”, aseguraron que “estamos decididos a asegurar más oportunidades justas de migración de trabajadores, con salvaguardias que aseguren el reclutamiento ético y un empleo sin explotación, violencia ni discriminación, congruente con el respeto de los derechos humanos y con una perspectiva de género”.
Excelente. Pero, cómo?
Además, “nos proponemos promover, en consonancia con la legislación nacional, el reconocimiento de las cualificaciones y la portabilidad de los beneficios sociales”.
Esto es ininteligible, pero así es lenguaje de la burocracia, cuando se trata de palabrerío tecnocrático intraducible, supuestamente de alto nivel profesional con el cual se pretende impresionar, aparentar que se dice algo.
De qué “cualificaciones”, de qué “portabilidad”, y de qué “beneficios sociales” se trata?
Preocupantemente, plantearon, además, que “buscamos promover la seguridad fronteriza y los procesos de gestión que respeten los derechos humanos y que alienten y faciliten los viajes lícitos y seguros dentro de la región”.
Esto no parece ser sino otro eufemismo, para decir, en realidad: “si son ‘mojados’, no entran, y aténganse a las consecuencias”.
También mencionaron la necesidad de “promover la gestión humana de la migración”.
O sea?
Al respecto, aseguraron que “nos proponemos extender los esfuerzos de colaboración para salvar vidas, hacer frente a la violencia y la discriminación, contrarrestar la xenofobia y combatir el contrabando de migrantes y el tráfico de personas”.
Se supone que, con esto, quedan desmanteladas las redes de crimen organizado que lucran con los migrantes?
En estos y otros casos, los enunciados -respecto los cuales, como manifestaciones de intención, sólo se puede estar de acuerdo- omiten, obviamente, aspectos clave.
Por una parte, no se menciona las herramientas a usar para evitar que, en los puestos fronterizos, y en los retenes policiales y militares, la corrupción sea la norma.
Por otra parte, no se explica cómo erradicar, de la ruta, la presencia de narcotraficantes y de traficantes de personas, de policías y militares mordelones (coimeros).
Pero, lo más importante: no se plantea cómo combatir la corrupción ni cómo eliminar la inseguridad ciudadana -las root causes de la migración- en los países expulsores de personas.
De buenas intenciones está pavimentada la ruta hacia el “sueño americano”.
