El pasado 21 de mayo, el Club Unión fue el escenario de un evento clave para la discusión sobre seguridad nacional y crimen organizado en Costa Rica. La actividad, titulada Seguridad Nacional y Crimen Organizado: Una Perspectiva, contó con la participación de destacados expertos en la materia: Douglas Farah, Tania Molina y Pablo Zeballos.
Un análisis profundo sobre el crimen organizado
Douglas Farah y Pablo Zeballos, reconocidos consultores en seguridad y crimen organizado, han analizado la expansión de redes ilícitas en América Latina, destacando cómo la región se ha convertido en un epicentro de organizaciones criminales transnacionales. Farah, asesor sénior en crimen transnacional de la Fundación Taeda, ha señalado que grupos como el Tren de Aragua han instrumentalizado la migración para ampliar su poder en la región.
Por su parte, Zeballos ha advertido sobre la evolución de estas organizaciones, que han pasado de estructuras tradicionales a modelos de franquicia criminal, operando sin jerarquías rígidas pero con una capacidad brutal de adaptación y expansión territorial.
Costa Rica en la encrucijada
El evento abordó la creciente amenaza del crimen organizado en Costa Rica, un país que, a pesar de su estabilidad democrática y crecimiento económico, enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad. En 2023, el país registró 906 homicidios, un aumento del 27% respecto al año anterior, con el 71% de ellos vinculados al narcotráfico.
La geografía costarricense, con fronteras porosas y puertos estratégicos, ha facilitado el tráfico de drogas y sustancias químicas, convirtiendo al país en un corredor clave para el crimen organizado. Además, la presión de cárteles internacionales ha generado un aumento en el consumo de drogas sintéticas y la violencia en zonas rurales.
Propuestas y soluciones
Los expertos coincidieron en que la respuesta a esta crisis no debe limitarse a medidas punitivas o populistas. Aunque el gobierno ha anunciado reformas inspiradas en modelos autoritarios, como la construcción de una mega-cárcel, la experiencia internacional sugiere que estas estrategias no abordan las causas estructurales de la criminalidad.
En su intervención, Farah y Zeballos enfatizaron la necesidad de una política de seguridad integral, centrada en la prevención, la inclusión social y la regulación de sectores vulnerables al lavado de activos. También destacaron la importancia de fortalecer la inteligencia financiera y la cooperación regional para desarticular redes transnacionales.
Conclusión
El evento en el Club Unión dejó claro que Costa Rica enfrenta un desafío complejo en materia de seguridad. La cooperación entre el sector público, el privado y la sociedad civil será clave para garantizar que el país siga siendo un referente de paz, democracia y sostenibilidad.
