En una revelación impactante, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) presentó acoso y solicitó la apertura de un juicio contra seis individuos, entre ellos la Superintendente General de Entidades Financieras y Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar.
La acusación se centra en un aparente nombramiento ilegal en la Superintendencia de Pensiones (Supen), específicamente en el caso de Adrián Pacheco, ahora Intendente de Pensiones.
Este último episodio marca el tercer proceso penal que enfrenta Aguilar, años después de haber eludido una sanción de la Contraloría General de la República durante su mandato como Ministro de Hacienda. La primera acusación se remonta a su gestión en Hacienda, relacionada con el denominado «hueco fiscal», donde se le impuso una sanción por pagos sin presupuesto aprobado. La segunda acusación, en agosto, aborda un presunto delito de cohecho propio por negarse a proporcionar datos al Banco Central de Costa Rica.
En el centro de la última acusación está el cuestionable nombramiento de Adrián Pacheco como director de Planificación y Normativa en la Supen. La Fiscalía formalizó la acusación por los delitos de nombramiento ilegal y prevaricato. Además, Tomás Soley y Alberto Dent enfrentan acusaciones por nombramiento ilegal y falsedad ideológica, mientras que Pacheco enfrenta cargos por falsedad ideológica y otros dos funcionarios por incumplimiento de deberes.
Las irregularidades en el proceso de selección fueron expuestas por un informe de la auditoría interna del Conassif, que reveló que Dent, Soley y Aguilar estuvieron involucrados en el nombramiento de Pacheco, el cual estuvo plagado de irregularidades. Pacheco, sin experiencia previa en jefatura, fue nombrado para un cargo que requería cinco años de experiencia, alegando en una declaración jurada que su posición anterior tenía características de jefatura.
Fuentes internas de la Supen señalan que el proceso de selección estaba viciado, con preguntas imposibles de calificar objetivamente, eliminación de entrevistas técnicas y selección del candidato único que no cumplía con los requisitos. Dos participantes renunciaron en desacuerdo con los concursos manipulados, perdiendo la institución profesional con décadas de experiencia.
La situación se vuelve más turbia cuando se revela que, antes de cumplir un año desde su renuncia, Pacheco fue nombrado Intendente de Pensiones por el Conassif, con la participación de Aguilar y Dent. Tanto el presidente del Banco Central como el viceministro de Trabajo se opusieron al nombramiento, instando a que se hiciera por concurso.
La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, presentó una denuncia penal por tráfico de influencias en el caso de Pacheco. Con la reciente acusación de la Fiscalía, Alfaro espera que este caso se sienta precedente y termine con la «lógica de impunidad» que prevalece en algunos sectores poderosos. La legisladora considera que el caso es grave no solo por las acciones ilegales, sino también por la falta de nombramiento de otros candidatos cualificados después de la renuncia de Pacheco, sugiriendo una red de nepotismo.
La Superintendente Aguilar, impidiendo comentarios sobre el caso en investigación, y el Conassif, afirmando colaboración plena, enfrentan ahora una tormenta mediática y judicial que pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar la corrupción y el tráfico de influencias en las instituciones financieras del país.
