La Conferencia Episcopal de Costa Rica confirmó que recibió una consulta de Informativo JBS sobre un caso judicial relacionado con un sacerdote identificado como Padre “N”, quien mantiene desde hace varios años una controversia en México vinculada con presuntos actos de discriminación relacionados con su diagnóstico de VIH.
Sin embargo, la autoridad eclesial costarricense indicó que no realizará declaraciones sobre el caso debido a que, según explicó, se encuentra fuera de su jurisdicción.
La respuesta fue enviada por Martín Rodríguez González, contacto de prensa de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, luego de que este medio solicitara conocer la posición de la Iglesia Católica costarricense sobre diversos aspectos relacionados con VIH, confidencialidad médica, dignidad humana y no discriminación.
Una consulta sobre VIH y discriminación
La solicitud periodística presentada el 25 de septiembre planteó preguntas sobre un caso que, de acuerdo con información publicada por otros medios, se remonta a 2015.
Entre los hechos divulgados públicamente se encuentran señalamientos relacionados con la realización de pruebas para detectar VIH sin que existiera, presuntamente, consentimiento informado expreso, así como la comunicación de información médica a terceros y la posterior separación del sacerdote de una congregación religiosa.
El caso está relacionado con los Legionarios de Cristo y ha sido objeto de actuaciones y pronunciamientos en México.
Ante la naturaleza de las denuncias, Informativo JBS consultó a la Conferencia Episcopal costarricense no para atribuirle responsabilidad por los hechos, sino para conocer cuál es el criterio de la Iglesia Católica en Costa Rica sobre asuntos generales relacionados con las personas que viven con VIH.
La consulta incluyó preguntas sobre confidencialidad de información médica, acompañamiento pastoral, posibles situaciones de discriminación y la necesidad de garantizar la dignidad de quienes viven con VIH.
La respuesta de la Iglesia costarricense
La contestación de la Conferencia Episcopal fue breve.
“La Conferencia Episcopal de Costa Rica no tiene ninguna declaración que hacer, debido a que se trata de un caso fuera de su jurisdicción”, señaló Rodríguez González.
Con esta respuesta, la institución deja claro que no asumirá una posición pública sobre los hechos específicos que son objeto de controversia judicial en México.
La precisión resulta relevante porque la consulta de este medio diferenciaba expresamente entre la responsabilidad sobre el caso concreto y los principios generales que podrían aplicarse dentro de la Iglesia Católica costarricense.
Un caso que trasciende el expediente judicial
Más allá de las particularidades del proceso mexicano, el caso coloca sobre la mesa una discusión que involucra asuntos de salud, derechos humanos y privacidad.
El VIH continúa siendo una condición alrededor de la cual pueden surgir estigmas y prejuicios. Por esa razón, cuestiones como la confidencialidad de la información médica, el consentimiento informado y el trato digno de las personas que viven con VIH forman parte de una conversación más amplia sobre derechos y no discriminación.
No obstante, una cosa es analizar esos principios de manera general y otra atribuirlos directamente a un caso judicial específico.
En este último aspecto, la Conferencia Episcopal costarricense decidió no pronunciarse.
No existe pronunciamiento sobre los hechos
La respuesta recibida tampoco constituye una valoración sobre si las denuncias divulgadas en México son ciertas o no.
El caso continúa dentro de las instancias correspondientes de ese país y, por lo tanto, cualquier determinación sobre responsabilidades debe provenir de las autoridades competentes.
Informativo JBS había señalado en su solicitud que su intención era precisamente evitar anticipar conclusiones y diferenciar entre los hechos denunciados, las actuaciones judiciales y la posición institucional de la Iglesia Católica en Costa Rica.
Por esa razón, la respuesta de la Conferencia Episcopal será incorporada como parte de la cobertura periodística del caso.
La Iglesia costarricense no fija posición
La consulta también buscaba determinar si la Conferencia Episcopal contaba con protocolos, orientaciones pastorales o mecanismos específicos para abordar situaciones relacionadas con VIH y posibles actos de discriminación dentro de comunidades religiosas.
Sobre estos aspectos, la respuesta recibida no incorpora información adicional.
Por tanto, no existe en esta respuesta una posición de la Conferencia Episcopal de Costa Rica sobre las nueve preguntas planteadas por Informativo JBS.
La institución únicamente explicó que no hará una declaración debido a que el caso consultado corresponde a una situación fuera de su jurisdicción.
México concentra el proceso
El caso mencionado en la consulta se desarrolla en México, donde corresponde a las autoridades competentes determinar los aspectos jurídicos que todavía se encuentren pendientes.
La delimitación geográfica e institucional también establece una diferencia importante: los hechos que dieron origen al proceso no ocurrieron bajo la jurisdicción de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Por ello, la respuesta recibida evita que se atribuya a la Iglesia costarricense una posición sobre actuaciones de una congregación o personas ubicadas en otra jurisdicción.
Para Informativo JBS, la respuesta forma parte de la información disponible y permite presentar al público la posición institucional expresada por la Conferencia Episcopal ante la consulta realizada.
El caso, entretanto, continúa siendo objeto de atención en México, mientras que cualquier conclusión definitiva sobre responsabilidades deberá depender de las resoluciones de las autoridades correspondientes.
