Comunidades de Livingston se movilizan contra la minería en Sierra Santa Cruz, mientras Costa Rica enfrenta desafíos similares

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La resistencia contra la minería en la Sierra Santa Cruz ha tomado un nuevo impulso con una multitudinaria marcha organizada por 54 comunidades de Livingston, Izabal. La población mestiza, Garífuna y Q’eqchi’ exige respuestas a los Ministerios de Energía y Minas y de Medio Ambiente sobre posibles licencias mineras otorgadas a la empresa Río Nickel S.A., propiedad de la transnacional Central America Nickel Inc. (CAN).

El 23 de mayo, cientos de manifestantes recorrieron las calles de Fronteras Río Dulce, portando pancartas con mensajes como “El agua es vida, la minería no es desarrollo”. La caminata culminó en la cancha deportiva frente a la Sub-Alcaldía municipal, donde los líderes comunitarios esperaban la llegada de funcionarios gubernamentales.

Ausencia de ministros y exigencia de respuestas

A pesar de la convocatoria, los ministros de Energía y Minas y de Medio Ambiente no asistieron, enviando representantes en su lugar. La subdirectora general de Minería, Maricela Vidal, negó la existencia de licencias mineras en Izabal, mientras que el viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas, reconoció irregularidades en el proceso de aprobación de permisos mineros en gobiernos anteriores.

El gobernador departamental, Carlos Tenas, aseguró que el Estado actuará conforme a la ley, pero los manifestantes expresaron su descontento por la falta de respuestas concretas. “No queremos más tiempo, queremos respuestas”, declararon los líderes comunitarios.

Durante la reunión, algunos dirigentes manifestaron su preocupación por posibles represalias contra quienes se oponen a la minería. “Ya empezamos a derramar sangre”, afirmó un líder comunitario, refiriéndose al asesinato de un activista que investigaba perforaciones en la Sierra Santa Cruz.

La minería en Costa Rica: una crisis ambiental en expansión

Mientras en Guatemala las comunidades luchan contra la minería, Costa Rica enfrenta sus propios desafíos en este ámbito. Aunque el país ha promovido una imagen de sostenibilidad, los datos revelan una realidad distinta. Actualmente, existen al menos 59 solicitudes de concesión minera, abarcando un área de 779,52 km², lo que representa aproximadamente 1,52 % del territorio nacional. Provincias como Guanacaste, Alajuela, Puntarenas y San José han sido afectadas por estos proyectos.

La minería artesanal de oro en Juntas de Abangares sigue siendo una actividad relevante, con preocupaciones sobre su impacto ambiental y social. La falta de regulación efectiva y el crecimiento de la minería ilegal han generado problemas de contaminación y explotación laboral.

Costa Rica ha intentado posicionarse como un líder en conservación ambiental, suscribiendo un acuerdo de la ONU sobre biodiversidad en alta mar, el cual busca proteger ecosistemas marinos fuera de la jurisdicción nacional. No obstante, la expansión de proyectos mineros terrestres y la falta de regulación eficiente contrastan con estos esfuerzos, afectando la credibilidad del país en materia de sostenibilidad.

Un llamado a la acción

Las comunidades de Livingston han demostrado una firme resistencia ante el avance minero. En Costa Rica, la situación demanda una mayor vigilancia ciudadana y una respuesta efectiva de las autoridades para evitar que los intereses económicos comprometan el bienestar ambiental y social.

La movilización en Guatemala se convierte en un reflejo de la lucha que otros países de la región deben enfrentar, evidenciando la necesidad de un marco regulatorio más sólido y un compromiso real con la protección de los recursos naturales.

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