Las autoridades de Canadá han comenzado a advertir a decenas de miles de personas migrantes que ingresaron de forma irregular desde Estados Unidos y que solicitaron asilo, que deberán abandonar el país voluntariamente o enfrentar procesos de deportación.
Según informó el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, se han enviado notificaciones a solicitantes de refugio que cruzaron la frontera desde Estados Unidos a partir del 3 de junio de 2025, tras la entrada en vigor de una nueva legislación migratoria implementada en marzo.
Las autoridades estiman que la medida podría afectar hasta unas 30.000 personas. En las cartas enviadas, el gobierno canadiense insta a los migrantes a salir del país lo antes posible y confirmar su salida ante la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, advirtiendo que, de no hacerlo, podrían emitirse órdenes formales de deportación.
El endurecimiento del sistema se vincula a la llamada ley C-12, impulsada con apoyo del Bloque Quebequés (BQ), la cual eliminó la posibilidad de que muchos solicitantes de asilo accedan a una audiencia ante el Consejo de Inmigración y Refugiados (CIR), con el objetivo de agilizar los procesos de expulsión.
Antes de estos cambios, los solicitantes de asilo tenían mayores oportunidades de presentar sus casos ante las autoridades migratorias. Sin embargo, la nueva normativa también restringe el acceso a audiencias para personas que ingresaron después de junio de 2024 y que no hayan solicitado refugio dentro del primer año de estancia.
La decisión ha generado preocupación entre abogados de inmigración, quienes advierten que algunos migrantes podrían regresar a Estados Unidos y enfrentar detenciones por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), además de señalar posibles inconsistencias en el contenido de las notificaciones oficiales.
El cambio legislativo ha reavivado el debate sobre la política migratoria canadiense y sus efectos en personas que buscan protección internacional en la región.
