Milei no es un outsider, es una destructora y camuflada variante de “la casta”.
Ganó, gracias a un particularmente parasitario sector de la corrupción política nacional
-liderado por Mauricio Macri/Patricia Bullrich-, varias de cuyas fichas están en la cúpula del nuevo gobierno, tomando brutales decisiones antipueblo.
La promesa de triple libertad carajo, está evidenciando que fue una de numerosas chantadas (engaños) que el desagradable Milei profirió para manipular el voto de un importante -y confundido- sector del electorado.
Harto de la clase política tradicional –que Milei etiquetó, efectistamente, como “la casta”-, bombardeado por la engañosa propaganda del establishment más conservador, ese estamento social no pensó con claridad, y se dejó deslumbrar por la patanería disfrazada de discurso outsider, por el simplismo proyectado como análisis serio, por la mentira presentada como radiografía de la realidad socioeconómica y política del país.
Llegado al poder, mediante un indudablemente fuerte apoyo electoral -incluido un sector que le dio el voto porque no quería un nuevo gobierno peronista-, el presidente
-asesorado, entre otros nefastos personajes, por “el jefe” Karina Milei, su igualmente desagradable hermana-, activó, de inmediato, la viralizada motosierra, y empezó a implementar su intento por despedazar al país, la economía, las garantías sociales, los derechos humanos.
El primer golpe fue lanzado el 12 de diciembre -dos días después de la juramentación presidencial-, cuando el recién instalado ministro de Economía, Luis Caputo -una de las fichas macristas en el gabinete mileísta-, anunció las iniciales 10 medidas económicas, laborales, y políticas de la “nueva era” nacional.
Entre otras barbaridades implícitas en inicial zarpazo antidemocrático, Caputo -ministro de Finanzas en el gobierno (2015-2019) del corrupto y autoritario Mauricio Macri, responsable de la presente crisis argentina- indicó que la autocracia mileísta decidió reducir los subsidios a los sectores energético y de transporte público, no renovar los contratos laborales en el aparato estatal con antigüedad menor a un año, no licitar obra pública, eliminar la obligatoriedad de licencias para operar en el campo importador.
Las medidas incluyeron la drástica devaluación de la moneda nacional -en algo más de 50 por ciento-, además de la notoria reducción del número de ministerios -de 18 a nueve-.
El anuncio formulado por Caputo, careció -en la línea de conducta de Milei- de la necesaria detallada, real explicación sobre cada medida -probablemente, porque no hay ninguna razón, más allá que la obvia: es lo que el autócrata quiere, y fin de discusión-.
Autodefinido como “liberal libertario”, el presidente materializó, 10 días después de haber asumido el cargo –“ocho días hábiles”, según precisó-, su verdadera y camuflada promesa electoral socioeconómica: convertir al país en una empresa privada, bajo su administración.
Acompañado, en Cadena Nacional de Radio y Televisión, por su escasamente poblado gabinete ministerial, y por otros nefastos personajes, el nuevo presidente dio a conocer lo que, derrochando grandilocuencia, tituló “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” -eufemismo por algo así como: “Instructivo para empobrecer a un pueblo, destruir a un país, y que no te importe”-.
Quizá, Milei tendría que usar su propia “I don’t care” jacket, siguiendo el ofensivo modelo original de Melania Trump.
En el discurso -leído, como siempre- de aproximadamente un cuarto de hora, el supuesto experto en economía enumeró apenas 30 de lo que describió como más de 300 medidas socioeconómicas contenidas en el brutal Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -que no es de necesidad ni es de urgencia-.
Consistente en 130 considerandos -además de 366 artículos distribuidos en 16 capítulos y 15 títulos-, el DNU determina, en el primer artículo: “declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”.
En el segundo, establece la desregulación -disfrazada de defensa de derechos humanos-.
“El Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”, señala.
“Para cumplir ese fin, se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”, agrega.
“La reglamentación determinará los plazos e instrumentos a través de los cuales se hará efectiva la desregulación dispuesta en el párrafo anterior”, según la misma disposición.
Los artículos 48 a 52, apuntan a la privatización del país, ya que se refieren a la “Transformación de empresas del Estado en Sociedades Anónimas”.
Según el 48, “las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas”.
“Esta disposición comprende a las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas”, explica.
“Las Sociedades Anónimas transformadas estarán sujetas a todos los efectos a las prescripciones de la Ley General de Sociedades (…) y sus modificatorias en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna”, indica, de inmediato.
Y el 51 indica que “se establece un período máximo de transición de 180 días a partir del dictado del presente para que la Autoridad de Aplicación proceda a la aplicación del artículo 48 y la inscripción de las sociedades transformadas en los Registros Públicos de Comercio que corresponda”.
En su extensa parte introductoria -los interminables considerandos que intentan justificar la brutal acción-, el DNU reitera -en calidad de virtual “copiar y pegar”- el panorama de crisis que Milei presentó durante su amenazante discurso inaugural.
Al respecto, reafirma que “ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica y social peor que la que recibió la actual administración”.
En tal contexto, “es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente, como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”, agrega.
También plantea que “la República Argentina se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”, y que “la severidad de la crisis pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común”.
Y agrega que, de acuerdo con el sombrío cuadro de situación descrito, es necesario “corregir la crisis terminal que enfrenta la economía argentina y conjurar el grave riesgo de un deterioro aún mayor y mucho más grave de la situación social y económica”.
Para ello, “se debe reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial”, según la línea de razonamiento planteada.
Siempre repitiendo la sabiduría mileísta, en el DNU se determina que, “para comenzar a solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente deja a todos los argentinos, es necesario un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI”, entre otras medidas del shock amenazado en el discurso de inauguración.
También se garantiza que, mediante la implementación del paquete de ajuste, “se pondría fin tanto al déficit fiscal como a la emisión de dinero necesaria para financiarlo y, con ello, a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos”.
En el contexto de reiteraciones, se incluyó la amenaza según la cual, no obstante la implementación del mágico plan económico, “los argentinos seguiremos pagando los costos del desastre monetario del gobierno saliente” -o sea: aguanten, porque esto va para largo-.
El decreto fue dado a conocer en el contexto de la primera multitudinaria expresión -a nivel nacional- de oposición al nuevo gobierno, en frontal desafío al bando policial firmado, el 14 de diciembre, por la ministra de Seguridad, la derechista defensora de la brutalidad policial Patricia Bullrich -quien ocupó el cargo durante el gobierno de Macri-.
Se trata del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación, contenido en la Resolución 943/2023.
Bullrich desplegó, masivamente, a sus huestes, y, de acuerdo con versiones periodísticas locales, sus tropas reprimieron -garrotearon y gasearon- en diferentes puntos de la manifestación.
La principal protesta popular reunió, en Buenos Aires -la capital nacional-, frente a la sede parlamentaria -donde se definirá la suerte del DNU mileísta-, a decenas de miles de opositores, actividad en cuyo marco se desarrolló un ruidoso y extenso cacerolazo.
Actividades similares se reprodujeron en ciudades a nivel nacional.
Citados por diversos medios de comunicación, participantes en las protestas expusieron fuerte preocupación por las imposiciones mileístas, planteando visiones realistas tales como “con estas medidas, la gente no va a poder comprar comida”, “no puedo creer lo que está pasando”, “esto es volver al pasado”, “significa miseria para mucha gente”, “al final, no había ninguna política contra ‘la casta’ sino contra nosotros, los que trabajamos”.
Entre las variadas consignas antigubernamentales coreadas por los manifestantes, se destacaron: “Que se vayan todos! Que no quede ni uno solo!”, “la patria no se vende!”, “Che, boludo! Che, boludo! Ahora, el protocolo se lo meten en el culo!”, “la calle es nuestra! La puta que te parió!”.
En referencia a lo que, popularmente, se denomina “el decretazo”, abundaron pancartas, de diverso tamaño, con expresiones de rechazo al DNU y al discurso de campaña electoral: “no al ajuste de Milei”, “decimos no al aumento de la luz, el gas y los boletos del transporte”, “al final, ‘la casta’ era el pueblo”.
El decreto debe, para su implementación, pasar por el Congreso -Senado y Cámara de Diputados-, donde Milei está lejos de tener mayoría -razón por la cual, ha estructurado una serie de alianzas, que, de acuerdo con declaraciones de sus integrantes, no en todos los casos garantizan apoyo al decretazo-.
En solitario, el gobierno carece, notoriamente, de la fuerza necesaria para aprobar cualquier iniciativa -incluido el DNU-, ya que, de los 72 senadores, la gobernante La Libertad Avanza cuenta con solamente siete, y, de los 257 diputados, tiene 38.
El procedimiento para la tramitación de iniciativas DNU, empieza por la presentación del documento -en plazo máximo de 10 días desde su anuncio-, a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -ocho senadores y ocho diputados-.
Ese grupo de trabajo analiza, en igual tiempo, la constitucionalidad del decreto de que se trate, y, en el caso de que no se expida en los 10 días contados desde el momento en que lo recibió, el texto pasa, sin dictamen de la comisión, a votación en las dos cámaras legislativas -solamente para aprobarlo o rechazarlo, sin posibilidad de modificarlo-.
Para entrar en vigencia, un DNU requiere la aprobación de solamente una cámara -cualquiera de las dos-, mientras que para rechazarlo, es necesario el pronunciamiento, respectivamente, de los senadores y de los diputados en ese sentido.
Las voces opositoras, en el organismo legislativo, presentan una tendencia considerable, de acuerdo con versiones periodísticas.
En esa línea, Juan Grabois, ex candidato presidencial por la peronista/centroizquierdista Unión por la Patria, dijo, en declaraciones al medio de comunicación argentino Ámbito, que “nuestro pueblo, tiene que estar atendo para demandar, a sus autoridades -sobre todo las legislativas que han sido elegidas para representar a la oposición, y son mayoría-, que no avalen esto”.
El DNU mileísta “es un decreto que instaura una monarquía absoluta, en Argentina”, aseguró.
De inmediato, aclaró que, obviamente, “nadie nombró, a Milei, como rey”.
Estamos plenamente de acuerdo, pero, Milei, lo sabe?
