George Rodrìguez/Foto-Medios
Los dos nuevos proyectos de ley impulsados por el régimen de Nicaragua, que implican arbitrarias reformas al sistema judicial, no son más que zarpazos totalitarios, que apuntan a cerrar los escasos espacios de disenso aun existentes, denunció la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh).
Se trata de las iniciativas de ley referidas, respectivamente, a la aplicación de prisión perpetua para lo que el régimen considera “crímenes de odio”, y la regulación de personas y organizaciones a quienes etiqueta como “agentes extranjeros”, indicó la Anpdh, en un extenso comunicado que dio a conocer el 23 de setiembre.
Se manifiesta, claramente, de ese modo, la voluntad del gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo por consolidar, en el país centroamericano, un Estado policial, indicó la asociación exiliada desde 2018 en la limítrofe Costa Rica.
“Por violatorias a los derechos humanos, la ANPDH reitera su condena a las pretendidas leyes”, expresó, en el texto leído en conferencia de prensa, en la sede de la organización, por su secretario ejecutivo, el abogado nicaragüense Álvaro Leiva, asilado, desde entonces, en el mismo país.
También “denuncia ante la comunidad internacional estos nuevos zarpazos totalitarios de un régimen que no da la mínima señal de apertura, que se empecina en reprimir toda manifestación de disidencia, que sigue secuestrando y reteniendo ilegalmente a ciudadanos opositores, que mantiene a más de cien presos políticos en condiciones carcelarias infrahumanas y a miles de nicaragüenses en el exilio”, agregó.
“Ambas leyes, la de cadena perpetua y la de regulación de agentes extranjeros, evidencian que el régimen Ortega Murillo no ha dado ni dará la menor apertura en cuanto a libertades públicas ni en respeto a los derechos humanos, pues más bien va cerrando los pocos espacios que todavía sobreviven”, precisó.
“Queda clara además su intención de consolidar un estado policial, al estilo socialista ortodoxo, vigente en Corea, Cuba, Vietnam y en la Venezuela chavista”, aseguró.
“Dentro del contexto del aumento de acciones represivas (…) y aprovechándose de un delito atroz de asesinato y violación sexual contra dos menores de edad, el dictador Daniel Ortega Saavedra anunció, el 15 de septiembre pasado, su intención de ordenar una reforma judicial que permita condenar a cadena perpetua a todos aquellos ciudadanos que cometan ‘delitos de odio’, entendidos éstos como toda acción o pensamiento en contra de la dictadura de parte de ciudadanos opositores”, puntualizó.
La Anpdh hizo, así, alusión al asesinato de dos niñas -respectivamente, de 10 y 12 años-, en la localidad de Mulukukú, en la oriental Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (Raccn).
Ambos crímenes se inscriben en el aumento de casos de femicidio que Nicaragua viene registrando, de acuerdo con datos de la no gubernamental organización Católicas por el Derecho a Decidir.
Según la entidad, durante el primer semestre de este año ocurrieron 35 femicidios, dos más que en igual período del año pasado.
Además, los intentos de femicidio fueron, de enero a julio de este año, 55, según la misma fuente.
Sin embargo, durante la conmemoración central del 199 aniversario de la independencia nicaragüense -y centroamericana-, Ortega aclaró que, por “crímenes de odio” entiende lo que califica como acciones terrorista opositoras.
“Ellos quieren ya seguir cometiendo asesinatos, colocar bombas, colocar destrucción, más destrucción de la que provocaron en abril de 2018”, afirmó el mandatario, en alusión a la fecha en la que estalló la violenta crisis sociopolítica que desde entonces -y ahora agudizada por la pandemia del nuevo coronavirus-, golpea a Nicaragua.
“No tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo, están llenos de odio, son criminales”, subrayó, respecto a los opositores, a quienes recurrentemente ha calificado de “golpistas”, y contra quienes mantiene incesante represión policial y paramilitar -actualmente, más selectiva que masiva-.
El proyecto de ley fue presentado, en calidad de urgente, por la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
Al respecto, la Anpdh denunció, en el comunicado, que “la violación sexual y el asesinato de las niñas de Mulukukú solo sirvieron de pretexto inicial al dictador para hacer público su proyecto de reformar el sistema judicial nicaragüense, manejado a su antojo, en función de castigar con cadena perpetua los delitos políticos contra su régimen dictatorial”.
“Ortega, quien desde hace varios años ejerce control absoluto sobre todos los poderes del Estado tras haber demolido la separación de poderes y la institucionalidad consagrada en la Constitución Política de nuestro país, pretende dar un barniz de legalismo populista a la reforma judicial ordenando una recolecta de firmas entre empleados públicos y en diferentes barrios de las principales ciudades de Nicaragua, apoyando la reforma que daría vida a la cadena perpetua contra delitos políticos”, agregó.
“Todos sabemos que ningún empleado público puede negarse a firmar una propuesta de Ortega y seguir conservando su puesto de trabajo”, expresó la Anpdh, para agregar que “igual ocurre en los barrios, donde quien se niegue a firmar quedaría en lista negra de las organizaciones sandinistas comunitarias”.
“La reforma legal propuesta por Ortega constituye una nueva violación a los derechos humanos, que solo busca incrementar la capacidad de represión, la venganza contra la oposición y la utilización de la justicia en contra de quienes piensen diferente”, siguió denunciando la asociación.
En cuanto al otro proyecto -denominado Ley de Regulación de Agentes Extranjeros- impulsado por el régimen orteguista, la Anpdh lo enmarcó “dentro de la misma línea represiva” -y totalitaria-.
La propuesta, “en esencia establece un control totalitario sobre todas aquellas personas, naturales y jurídicas, que reciben financiamiento del extranjero y que a partir de la aprobación de dicha ley deberán inscribirse ante el Ministerio de Gobernación, quien fiscalizará todos sus movimientos económicos para que coincidan con los fondos recibidos, en un control muy similar al establecido en los regímenes comunistas”, advirtió.
La iniciativa “también prohíbe recibir donaciones del extranjero a los partidos políticos y a personas naturales que aspiren a algún cargo político de elección popular”, agregó.
En el primero de sus 18 artículos -referido a “Objeto y ámbito de aplicación”-, se establece que la iniciativa “tiene como objeto establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.
“Tiene como ámbito de aplicación los sujetos obligados así como los fondos monetarios, bienes, activos y objetos de valor extranjeros, establecidos en esta”, agrega.
Según la misma disposición, se exceptúa “toda persona pensionada extranjera que reside en Nicaragua y recibe dinero en concepto de pensionado retirado; las personas naturales que reciben remesas familiares; empresas productivas y comerciales extranjeras con filiales en Nicaragua, fábricas y cadenas supermercados de inversión extranjera”, entre otras.
También aclara que “la presente ley no afecta los acuerdos o tratados comerciales vigentes ni los que pudieran suscribirse en el futuro. Tampoco las inversiones extranjeras”, agrega, estableciendo, claramente, la motivación de nueva represión antiopositora -de naturaleza no policial ni paramilitar-.
En ese sentido, la Anpdh señaló que, mediante esa propuesta, el régimen, “igual que en los años 80´s, vuelve a utilizar los términos de ‘defensa de la soberanía nacional’ y de ‘posibles delitos contra la Seguridad del Estado’, como fundamento jurídico para establecer controles totalitarios con el fin de asfixiar la actividad de toda persona, organización, medio de comunicación o partido político que, de alguna forma, esté vinculado con fuentes de financiamiento extranjero”.
La asociación aludió, así, al período 1979-1990, el tiempo del primer gobierno del FSLN, también encabezado por Ortega.
“Es evidente que esta ley está dirigida ejercer un control absoluto de todo tipo de actividad que al régimen Ortega Murillo le resulte ‘sospechosa’ de apoyo a lo que ellos denominan ‘actividades en contra de la soberanía’ y/o de la seguridad del estado”, precisó.
“La dictadura pretende silenciar toda voz que disienta o critique su poder criminal, a las puertas de un año en que se supone se realizarán elecciones presidenciales”, indicó a continuación.
De acuerdo con el calendario electoral nicaragüense, las próximas elecciones generales-incluida la votación presidencial- están programadas para noviembre del año próximo.
Tras la derrota electoral de 1990 -y las dos siguientes-, Ortega, siempre postulado por el FSLN logró ganar la votación de 2006, y obtuvo las cuestionadas reelecciones consecutivas en 2011 y 2016.
De ese modo, además del período como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) -1979 a 1985-, Ortega acumula, hasta ahora, cuatro mandatos presidenciales quinquenales (1985-1990, 2007-2012, 2012-2017, y el actual, 2017-2022), con aspiración a una nueva reelección, en la votación de 2021.
En declaraciones luego de lectura el comunicado, en la conferencia de prensa difundida simultáneamente, en vivo, por la red social Facebook, Leiva reafirmó la necesidad de elecciones limpias, de modo de lograr la remoción definitiva de Ortega y Murillo.
Al respecto, el activista aseguró, con énfasis: “de que se van, se van!”.
